La Suprema Corte de Justicia ya completó los pasos para dirimir la medida cautelar presentada por cuatro intendentes del peronismo para lograr un mandato más. Se acerca el 9 de marzo, fecha de presentación de listas de candidatos para los municipios que desdoblaron comicios.
Ayer se presentó el dictamen de Fiscalía de Estado, que comanda Fernando Simón, sobre la enmienda constitucional que limita las reelecciones de los jefes comunales. Allí se sostiene que hay un “peligro de daño irreparable” para los intendentes, al no tener una sentencia antes de la presentación de candidatos.
Este dictamen desató las iras en Casa de Gobierno, dónde recordaron que hace seis años el mismo Simón había avalado el mismo mecanismo de reforma constitucional que hoy rechaza.
La causa presentada por los intendentes Roberto Righi (Lavalle), Jorge Giménez (San Martín), Martín Aveiro (Tunuyán) y Emir Félix (San Rafael), nació en noviembre, cuando Alfredo Cornejo promulgó la reforma del artículo 198 de la Constitución mendocina. Esa enmienda fue votada en un plebiscito del 2009, cuando el 83% de los votantes acompañó la limitación de las reelecciones de los intendentes.
El argumento central
Simón sostiene que el Poder Ejecutivo “se erigió en intérprete constitucional al dictar el Decreto cuestionado apartándose del precedente de esa Corte”. Simón se refiere al fallo de Aída Kemelmajer de 1989, en el que se interpretó el artículo 223 de la Constitución, que habla de las condiciones para reformar un artículo de la Carta Magna: la mitad de los empadronados se expresen a favor.
“Nuestra Corte Nacional, al igual que la doctrina y jurisprudencia, han sostenido pacíficamente que nuestro sistema de control de constitucionalidad es netamente judicial, siendo, por tanto, atribución propia del Poder Judicial, y no de los restantes poderes del Estado, interpretar el sentido de las normas constitucionales. Y que la Corte es el intérprete final de nuestra Carta Magna”, expresó.
Y añadió: “en esta etapa en que se analiza la existencia de la verosimilitud requerida para el otorgamiento de la cautelar, lo que queda en cuestión no es la obligatoriedad de los fallos de la Corte que interpretan nuestra Carta Magna respecto otros tribunales, sino la atribución del Poder Ejecutivo para apartarse de ellos”.
Historias viejas
Entonces el Gobierno recordó un debate de marzo de 2013, cuando el PJ buscaba un método para modificar la constitución y lograr un nuevo mandato para Francisco Pérez. Cornejo apeló a un referéndum de 2009, el peronismo apelaba a uno de 2001, realizado por Roberto Iglesias. Fue aprobado por los mendocinos, pero no logró el apoyo de más de la mitad de los empadronados.
En el Senado se votó una resolución presentada por el entonces senador del peronismo federal Gustavo Valls, en el que se pedía a Pérez que llamara a elecciones para elegir convencionales que redactaran la nueva Constitución.
Esa resolución fue aprobada por todos los bloques peronistas: Frente para la Victoria, Unidad Popular e Integración Peronista (que respondía al intendente Félix). El presidente de la bancada FpV era el actual fiscal de Estado.
“A Pérez si, a Cornejo no. Como presidente del bloque, Simón argumentó en el recinto a favor de esa promulgación. Parece que quiere ayudar a los intendentes del PJ a eternizarse en el poder”, dijo el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino.
Lluvia de recusaciones
El tema abrió una nueva grieta entre el radicalismo y el peronismo. Ahora queda en manos de la Sala II de la Corte, que pero primero se ocupará del tema recusaciones antes de meterse de lleno en la cautelar.
Es que en primer lugar, los intendentes PJ recusaron al juez Dalmiro Garay, por el hecho de haber sido ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo. La Asesoría de Gobierno, al mando de Ricardo Canet, hizo lo mismo con el juez Mario Adaro, quien fue ministro de Gobierno del peronista Celso Jaque, gobernador que propició el referéndum del 2009, y quien decidió no promulgar el decreto sobre la reforma del artículo 198.
Según fuentes judiciales, en dos días o menos debiera resolverse el tema de las recusaciones de los supremos.
El foco está puesto sobre Adaro. Si el ex ministro justicialista no se aparta, deberá fundamentar su decisión de seguir con voz y voto en este sensible tema, y luego el resto de la Sala (Valerio y Palermo) decidir su futuro.
En caso que Adaro se excuse, o la Sala lo recluye de la decisión, otro ministro de la Corte ocupará su lugar. Y ese puede ser Garay.
