Se ha instalado en la provincia un debate acerca de la conveniencia de tomar nuevos endeudamientos para financiar varios proyectos de obras públicas que estarían instalados en diversas localidades de la provincia. En el medio aparecen debates dentro del mismo tema: por una parte, la conveniencia de las obras y por otra parte, asumir nuevas deudas en función del nivel de compromisos que ya tiene adquiridos la Provincia.
Luego de gestiones donde se desbordó el gasto público de forma absolutamente irresponsable, el gobierno comenzó a endeudarse para pagar gastos corrientes mientras seguía subiendo el gasto, hasta que la entonces oposición se opuso y se generó un colapso en el funcionamiento de la administración sobre el fin del ciclo del anterior gobierno provincial.
La primera reflexión es que cualquier gobierno debe ser muy prudente con el nivel de gasto corriente, dándole prioridad a la atención de los servicios básicos a su cargo, como son educación, salud, seguridad y justicia. Si no se gobierna con austeridad no existen defensas ante situaciones imprevistas, como pueden ser acontecimientos naturales o crisis internacionales que impactan de lleno sobre los países emergentes.
Por esta razón es fundamental mantener una administración equilibrada entendiendo que no se puede poblar la administración con militantes o amigos y que hay que dar prioridad a las personas de mayor idoneidad. Además, la austeridad implica no cobrar impuestos excesivos a efectos de no asfixiar la actividad privada ni los contribuyentes. La mayor recaudación surgirá de la mayor actividad económica, del mayor empleo y de más capacidad de consumo de los trabajadores y jubilados.
Con estos preceptos, la inversión pública productiva (escuelas, caminos, rutas vecinales, servicios básicos como agua o cloacas) no puede ser financiada por la caja, ya que no sería posible. Además, tratándose de inversiones que serán disfrutadas por varias generaciones, es razonable pensar en un financiamiento intergeneracional, es decir, que sea pagado por varios.
Dado que hablamos de montos muy importantes, la forma más razonable es con un financiamiento de largo plazo. En la actual situación de la Argentina, lo razonable es acceder a préstamos de organismos financieros internacionales, como son la Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial. En todos los casos, se trata de préstamos a 25 o 30 años de plazo con tasas cercanas al 5% anual que, en algunos casos, puede contemplar hasta un plazo de gracia.
Lógicamente, tomar estos préstamos implica una buena planificación financiera porque por la Ley de Responsabilidad Fiscal, el nivel de endeudamiento no debería superar el 15% del Producto Bruto Geográfico, pero además debería contemplarse el mismo presupuesto anual y las obligaciones contraídas para no caer en una asfixia financiera.
Por lo demás, hay que tener en claro que hay obras públicas mucho más necesarias que otras por lo que se podría sugerir, un sistema de prioridades y para eso debería existir un banco de proyectos con un sistema para establecer urgencias. No obstante, siempre son una guía pues en determinados momentos dichas prioridades pueden modificarse.
Pero no quedan dudas de que las obras de infraestructura deben ser financiadas a largo plazo y en las actuales circunstancias dichos créditos solo están en manos de los organismos financieros internacionales. Esos organismos no solo evalúan la rentabilidad económica y social de la misma, sino también la capacidad de pago de quien lo solicita. Por esta razón, una administración seria, austera y con mucha eficiencia, son condiciones indispensables para obtenerlos.
