Mario Fiore - mfiore@losandes.com.ar - Corresponsalía Buenos Aires
Terminó la luna de miel para el gobierno de Mauricio Macri. El jueves, altísimos funcionarios de la Casa Rosada decidieron salir a reforzar la tesis de que la Argentina marcha por buen camino, ante la evidencia de que la opinión pública se está haciendo eco de una catarata de malas noticias.
Desde Balcarce 50 se repite como un mantra que el segundo semestre será más amable, que llegarán inversiones, se reactivará la economía, se generará trabajo “de calidad” y bajará la inflación. El ala política y el ala más económica de la administración nacional, que tienen fuertes diferencias, coinciden en este aspecto: se han dado los pasos decisivos.
Pero la exitosa colocación de los bonos con los que la Argentina pagará a los holdouts, el anuncio de los refuerzos en los planes sociales y el rescate de la fábrica avícola Cresta Roja, todos episodios de esta última semana, chocan con el malestar social generado por las primeras consecuencias del ajuste de las variables macroeconómicas: la devaluación, el retiro compulsivo de los subsidios, el reverdecer de una inflación que promete llegar a 7% en este mes en el área metropolitana, los más de 120 mil despidos.
Esa red de contención política de la que gozó el Gobierno en los primeros cuatro meses, provista por gobernadores y líderes del peronismo dialoguista, se quebró en las últimas semanas. La reaparición de Cristina Fernández introdujo presión sobre un justicialismo que se plantó ante el gobierno naciente como garante de sus primeros pasos.
Los denodados esfuerzos de la ex presidenta por recuperar poder de influencia en su partido encuentran terreno fértil, especialmente porque hasta ahora todas las promesas formuladas por el Presidente y sus ministros a los caciques del interior no se están cumpliendo. La devolución del 3% anual de la coparticipación que las provincias siguen cediendo a la Nación, la reactivación de las obras públicas, el envío de fondos de emergencia, inquietan a los líderes territoriales.
Es por ello que Cristina Fernández pudo anotarse dos victorias políticas esta semana, aunque de diferente alcance. En su nuevo búnker porteño, el Instituto Patria, congregó a 51 de los 55 intendentes bonaerenses del justicialismo. Si asistieron hasta dirigentes que tienen marcadas diferencias con ella es porque el conurbano bonaerense se ha vuelto a revelar como el escenario más permeable a la conflictividad social.
Estos intendentes no son más una tribu de obedientes. Incluso forzaron la división del bloque del FpV en la Legislatura bonaerense para escindirse del cristinismo duro.
Sin embargo, acudieron al cónclave con la ex mandataria porque ésta está apropiándose de la representatividad del malhumor social mientras nadie se atreve a ocupar ningún tipo de liderazgo alternativo en el peronismo de esa provincia. Daniel Scioli aplaude tibiamente la línea argumental de la ex presidenta. Julián Domínguez mantiene un silencio llamativo. Florencio Randazzo todavía sigue herido y prefiere el ostracismo.
La segunda foto que Cristina Fernández sumó a su “álbum del regreso” fue con 22 de los 39 senadores nacionales. Fue un éxito menos contundente en cuanto al número, pero significativo al fin porque ante la ausencia de sus principales detractores (los peronistas que como Miguel Pichetto, José Alperovich y Gerardo Zamora tienen compromisos con la gobernabilidad de las provincias justicialistas), Fernández de Kirchner tuvo la cancha libre para exigir a los senadores mayor hostilidad para con la Casa Rosada.
Además, la ex mandataria aprovechó para llevar agua para su molino. Sugirió que se rechacen los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los juristas elegidos por Macri para la Corte Suprema. Este no fue sólo un mensaje de oposición dura al Gobierno nacional ya que vino acompañado de una recomendación extra: que se impulse una ley para ampliar el número de integrantes de la Corte, no a siete o a nueve sino hasta doce o quince a fin de que el Máximo Tribunal quede dividido en salas especializadas.
De concretarse su petición, logrará licuarle el poder a quien considera uno de sus principales enemigos políticos: Ricardo Lorenzetti. El titular del Máximo Tribunal está impulsando la avanzada de jueces y fiscales federales en las causas de corrupción que tienen en la mira a la ex presidenta, a sus ex funcionarios y a empresarios que multiplicaron sus riquezas al calor de la “década ganada”.
Pero hasta ahora Cristina Fernández no ha podido asestar un golpe directo a la administración de Macri. Sin embargo, los sectores del PJ dialoguista sí han logrado preocupar a la Casa Rosada ya que tanto en Diputados como en Senadores avanzaron en la firma de dictámenes de dos proyectos muy similares que buscan frenar los despidos reinstaurando, luego de nueve años, la doble indemnización.
Aliados tácticos del Gobierno como los bloques de diputados de Sergio Massa y Diego Bossio y senadores que responden al liderazgo de Miguel Pichetto, están detrás de esta iniciativa que reclamaron en el Congreso las cinco centrales obreras.
El oficialismo legislativamente se mostró falto de gimnasia y estrategia y dejó al Presidente casi en soledad ante la primera confrontación directa con la plana mayor del sindicalismo. Macri considera que la doble indemnización agravará el problema ya que, por un lado, hasta que la ley salga los empresarios podrían apurar los despidos y, por otro, podría acentuarse la creación de trabajo en negro.
Todo el PJ -aunque hay matices- necesita ofrendar al sindicalismo una respuesta sobre el tema número uno de sus demandas. El viernes que viene, las tres CGT se movilizarán unidas después de años y exigirán avances al Congreso. Avances que el presidente Macri intenta por estas horas desalentar. Incluso dejó saber que podría recurrir al veto si la ley “antidespidos” es sancionada.
