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hace 2 horas
Los ex funcionarios Ricardo Forster, Abel Fatala y Andrea Rabolini, hermana de la ex primera dama bonaerense, permanecen como incumplidores en la entrega de sus Declaraciones Juradas, según consta en la nueva lista publicada hoy por la Oficina Anticorrupción.
Fatala era subsecretario de Obras Públicas, segundo en orden de jerarquía del viceministro José López, hoy detenido por presunta posesión ilegal de casi 10 millones de dólares.
En tanto Forster -integrante del grupo de intelectuales kirchnerista Carta Abierta- era secretario de Estado para la Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, cartera que desapareció en la reorganización del Ejecutivo dispuesta por el nuevo gobierno.
Andrea Rabolini, la ex cuñada de Scioli, fue directora de Programas Culturales de la Nación, un cargo que depende del Poder Ejecutivo.
También persisten en la falta el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Kirchner -primo del ex presidente-, y el ex subsecretario de Coordinación Administrativa de la jefatura de Gabinete, Gabriel Bruno, cercano a Aníbal Fernández, en tanto del gobierno actual incumplió en la entrega el actual embajador en España y ex gobernador, Ramón Puerta.
Según consta en la web oficial de la OA, el ex ministro de Justicia, Julio Alak, y los funcionarios actuales Eugenio Burzaco (viceministro de Seguridad) y Victoria Morales Gorleri (subsecretaria en Desarrollo Social), sí presentaron su Declaración Jurada tras haber figurado como incumplidores en el listado anterior, dado a conocer a mediados de junio pasado.
Otros ex funcionarios que tampoco cumplieron con el Decreto 164/99 son la ex subsecretaria de Control de Sustancias Psicoactivas del SEDRONAR, Sonia Aiscar y el ex subsecretario de Agricultura Familiar, Osvaldo Chiaramonte. También figuran Valeria y Marisol Granados, hermanas del intendente de Ezeiza, quienes trabajan como jefas de UDAI de la Anses de ese municipio bonaerense.
Por parte del oficialismo, entre los incumplidores está el ex jefe de gabinete de la Cancillería y actual embajador en Canadá, Marcelo Suárez Salvia, y, sorpresivamente, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien trabaja ad honorem como presidente del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos Bidart Campos, que funciona en la órbita de la cartera de Justicia.
El resto de la lista -que consta de más de 6.126 nombres- se completa con cargos menores a los de una subsecretaría de Estado (muchos en Universidades Nacionales y organismos descentralizados) pero que según el decreto que rige desde la presidencia de Fernando de la Rúa, están compelidos a entregar a la OA su Declaración Jurada de bienes.
