Al parecer el fantasma del sobrestock está de nuevo dando vueltas por la vitivinicultura. De hecho, no es nueva, la imagen sostenida desde la industria sobre un mar de vino acechando a las bodegas. Pero lo cierto, es que cada vez los ciclos son más cortos, de mayor virulencia y con pocas medidas de largo plazo para poder evitarlos.
Podríamos convenir en que la ultima crisis vitivinícola se enmarcó entre 2014 y 2015, solo en ese año, se habló de compra masiva de vinos, se quiso volver a los 80 con la idea de sacar a flote un bono, al estilo Tidavidem, que el gobernador de aquel momento Francisco Perez, bautizó “Tivi”, pero que no prosperó porque quedó empantanado en la Legislatura. Otra herramienta que era fogoneada desde el INV, al mando de Guillermo García, fue el Fondo estabilizador de stocks, que retenía vinos en tiempos de sobre oferta y los ponía en el mercado en tiempos de alta demanda. Y otra “genial” idea que surgió desde el INV fue poner en marcha un bloqueo selectivo de vinos, que también naufragó. Todo eso en 12 meses y con el solo objetivo de evitar el sobrestock.
La naturaleza, sabia, hizo de las suyas y nos dejó dos cosechas bajas, las peores en volumen de los últimos 50 años. Así, llegó “el año del productor”, en donde se pagaron altos precios por los varietales y por el aspirant, también la criolla tuvo su respiro y logramos unos años de relativa tranquilidad, aunque los problemas que se esconden debajo de la alfombra, siempre vuelven. Hoy, se espera una cosecha promedio y el número sobre cuanto sobra parece estar consensuado: dicen que son 300 millones de litros, principalmente de vinos varietales. Los últimos datos disponibles del INV indican que para todo el país hay 7,1 meses de stock al 1 de junio para los vinos color y 7,5 para los blancos. Se trata del volumen remanente que ha quedado como consecuencia de la caída de la ventas en el mercado interno, que en 2018 año marcó una baja del 6%, perforando el consumo per cápita la barrera de los 20 litros. Ante este escenario se sabe que el gobierno provincial buscará que la Legislatura apruebe un fondo anticíclico que permita la compra de uva o vino para tonificar el precio y también se habla de que se generaría un “bono fiscal” para incentivar las exportaciones que permita aliviar la carga las retenciones.
El sector vitivinícola a lo largo de más de cincuenta o quizás 100 años de historia mendocina ha sido uno de los sectores más beneficiados por las políticas públicas de la provincia. Según datos de Coviar, la vitivinicultura genera, a nivel país, pero con mayor impacto en Mendoza, 106 mil puestos de trabajo directo y más de 280 mil puestos de trabajo indirecto. Cabe recordar que el sector con mayor peso en el PBG mendocino es el de comercio, restaurants y hoteles, seguido por el sector de servicios.
Dicho todo esto: ¿es la salida exportadora, la tabla de salvación para el año 2019? La respuesta es: probablemente, no. Operadores del negocio a granel, calculan que de no salir algún negocio “spot”, es decir de oportunidad, Argentina con viento a favor va a colocar en el exterior 50 millones de litros a granel, menos que el año que cerró. La razón: no somos competitivos, no estamos en los mercados posicionados como referentes y además la falta de acuerdos comerciales nos deja mal parados frente a nuestros competidores.
El cambio tendrá que ser estructural, parte de los productores mendocinos tienen viñedos que producen uvas que no son demandadas por el mundo y que en nuestro mercado interno tampoco son requeridos. Palabras más, palabras menos: están condenados. Ahora, cambiar esta realidad, requiere de un plan y de compromiso político. Es que renovar la matriz productiva, algo de lo que tanto se ha hablado pero que nadie se ha animado hacer, requiere de tiempo y planificación y que en cuatro años no se puede lograr, entonces cuando se llega al poder, se prefieren los parches a la solución estructural.
