Los defensores de Milagro Sala repiten y repiten que su detención es por causas políticas, pese a que se trata de una decisión judicial con plena independencia ya que es casi inimaginable suponer que el gobierno radical que asumió en Jujuy, hace menos de dos meses, tenga una Justicia afín, más aún luego de que durante las últimas tres décadas dicha provincia estuvo gobernada por el justicialismo.
Pero la cuestión no pasa básicamente por allí: lo que se intenta es tratar de colocar a la señora Sala en el lugar de víctima del poder político para, de ese modo, intentar desviar la mirada del verdadero eje del debate, que va más allá de un acampe o de una protesta más o menos violenta, más o menos legal contra un gobierno recién asumido. Acá lo que no se quiere discutir es el papel que cumplió la organización Tupac Amaru, de Milagro Sala, durante toda la larga década kirchnerista: la de un Estado dentro de un Estado; la de un grupo que utilizó las cuestiones sociales para apropiarse de un poder político que no le pertenecía tratando de dirigir las riendas de la provincia de Jujuy, para lo cual no dudó en vaciar de poder en todo lo que fuera posible a los gobiernos locales constitucionalmente elegidos, aunque ambos apoyaran al mismo gobierno nacional.
Cada día se hace más evidente que las enormes sumas de dinero que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviaba, directamente a Sala y su organización, fueron utilizadas para fines espúreos dentro de los cuales no se excluye el enriquecimiento de la familia de la patrona de estancia, a juzgar por la suntuosa casa donde vive la actual detenida y los autos de alta gama que poseen ella y miembros de su familia. Se trata, claro está, de una oligarquía basada en la dominación de los pobres, a los cuales condicionaba su ayuda según y cuando prestaran plena adhesión política a las ambiciones de la señora Sala.
Las organizaciones sociales de la comunidad pueden -de allí el sentido y las metas de su existencia- participar en la ayuda a los sectores más carenciados e incluso contribuir a su organización para que puedan defender por sí mismos sus derechos contra todos los abusos y abusadores. Pero ello debe hacerse en colaboración con el Estado que es el responsable primordial de estas cuestiones, o al menos dentro de la legalidad de las instituciones. El caso de Tupac Amaru no encaja dentro de ninguna de estas condiciones. Si no se desplegó su accionar en una zona ilegal, al menos sí lo hizo en zonas grises ya que donde dicha organización operaba, el Estado formal era impedido de penetrar, o sea que lo que buscaba era suplirlo. Además, las normas personalistas y autoritarias de esta organización hacían que las casas construidas nunca fueran en los hechos propiedad de los adjudicados, ya que el uso de las viviendas dependía de la buena voluntad de Sala y sus militantes, quienes -por supuesto- otorgaban premios y castigos según los servicios políticos que ellos pedían se les prestara.
Es así que en la práctica, durante los últimos años, Jujuy se volvió ingobernable no por falta de gobierno sino por exceso, valga la paradoja: llegó a poseer dos gobiernos paralelos ya que Milagro Sala construyó un sistema con esa pretensión: la de ejercer directamente el poder en su provincia por fuera de las normas estatuidas. No deja de ser dramático que dicho Estado dentro del Estado fuera construido con el apoyo absoluto del gobierno nacional kirchnerista. Sin embargo, ese falso Estado está demostrando que es de papel, ya que sin los recursos que le brindaba la Nación, su poder queda desnudo, vacío.
