Con la firma del asesor de Gobierno, César Mosso Giannini, y del gobernador Alfredo Cornejo, el Ejecutivo sorprendió al pedir que el fallo de la Suprema Corte sobre el polémico ítem "Aula" lo haga el Tribunal "en pleno" y no la Sala II, como se esperaba que sucediera en estos días.
El pedido fue rápida y favorablemente resuelto por el presidente, Jorge Nanclares.
De ese modo, se postergó la resolución de un pedido de inconstitucionalidad hecho por el SUTE hace un año y nueve meses, que -se esperaba- debía resolverse la semana próxima.
Esa decisión había quedado en manos de la Sala II, integrada por los ministros José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro. Ahora habrá que esperar al voto de los siete miembros de la Suprema Corte que en plenario decidirán si el ítem Aula es constitucional o no.
No hay claridad sobre qué motivó a Cornejo a impulsar esta nueva instancia. Quizás la explicación más acertada sea simplemente que “pateó el tablero como le gusta hacer”, tal como aseguraron algunas voces cercanas al mandatario.
Para muchos, se trata de un pedido “raro”. Sobre todo porque las versiones preliminares al fallo indicaban que la resolución no perjudicaría tanto al Gobierno. De hecho se hablaba de que sería considerado “constitucional”.
Sólo habría algunas recomendaciones específicas, sobre todo en el caso de las licencias de los maestros. Una de ellas era que el ítem deberían pagárselo a quienes tienen licencia gremial (los sindicalistas), que específicamente no están contemplados en el pago del adicional.
En el Ejecutivo no dieron detalles. “Buscamos seguridad jurídica”, dijo solamente el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, para confirmar el hecho. Señaló que el ítem Aula es “trascendental” y por eso merece un tratamiento mucho más amplio. Así lo hicieron saber en el texto del pedido.
Las especulaciones han estado a la orden del día.
Algunos señalan que hay no pocos reclamos en torno al adicional que podrían ser tratados en la otra Sala. Si eso ocurriera, tal vez “se podría ir minando el ítem”, dijeron las fuentes, dando a entender que una decisión en plenario daría por finalizado el tema por completo.
Otros hablan de que Cornejo “ganó tiempo” con esto. Y hasta vincularon su pedido a la paritaria docente, a realizarse en febrero próximo.
Según los tiempos procesales, el fallo del plenario podría conocerse entre marzo y mayo de 2018. Todo dependerá de cuántos días tenga cada uno de los cuatro ministros que restan para opinar.
Eso se decidirá el lunes próximo en el despacho de Nanclares, pero el tiempo comenzará a correr desde el 21 de diciembre, porque el plazo para la Sala II termina el 20. “Un fallo debe tardar como máximo en definirse 60 días hábiles y se divide entre los ministros opinantes”, explicaron en el Poder Judicial. Como los supremos son siete, a cada uno le corresponderían ocho días hábiles. Si así pasa, el fallo se conocerá en la segunda mitad de marzo.
Ahora bien, hay tres miembros que ya tuvieron 20 días para opinar. Podría llevarse a ese plazo a los otros cuatro. Así, el fallo llegaría a fines de mayo.
Las fuentes dicen que la intención de los jueces es “que salga lo antes posible”. Así que marzo podría ser la fecha final.
Otras voces especulan con que Cornejo confía en que un plenario podría dar un fallo a favor de sus pretensiones.
Pero ya se ha dicho que esta conformación del tribunal podría no serle favorable. Está claro que los jueces Palermo, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde ya han mostrado posiciones encontradas con la del Gobernador.
En este caso en particular, si los trascendidos son ciertos, Adaro no estaría tan cercano a la postura del Gobierno. En consecuencia no parece ser el escenario más conveniente para Cornejo.
Para el SUTE, "es un golpe institucional"
Muy enojado con la postergación del fallo, el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, consideró “gravísima” la maniobra de Cornejo y la consideró “un verdadero golpe institucional a la Justicia”.
El secretario general del gremio docente dijo además que lo que el Gobernador busca es “borrar una sentencia que ya estaba prácticamente definida” y lo consideró un nuevo avance sobre el Poder Judicial. “No olvidemos que antes intentó desmembrar la Sala II con la reforma judicial”, señaló.
Por eso advirtió que promoverá medidas gremiales, pero que también iniciará acciones legales contra un pedido que, a su criterio, “es inconstitucional”.
En ese sentido, el asesor legal del SUTE, Alexis Barraza, señaló que “se está subvirtiendo el orden constitucional” porque “el proceso tiene pautas claras e inmodificables”, y con esta actitud, precisamente, se estaría modificando ese orden establecido.
“Con esto se sustrae una causa a sus jueces naturales, que son los de la Sala II”, enfatizó el abogado.
El letrado irá -efectivamente- este lunes a hacer estos planteos, aunque tanto en el Gobierno como en el mismo Poder Judicial no creen que pueda progresar esa protesta.
“Los jueces naturales son los integrantes de la Suprema Corte”, señalaron fuentes de la Justicia, que además confirmaron que el Ejecutivo “cumplió con el proceso” para hacer el pedido del plenario.
