Este último largo capítulo de la saga de nuestra deuda pública se inició con la declaración de la cesación de pagos, en 2001, anunciada por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá en el Congreso de la Nación con los legisladores aplaudiendo. Desde ese momento el país quedó fuera del sistema financiero internacional. Luego el gobierno de Néstor Kirchner inició un trabajoso proceso de renegociación, que en 2005 impuso a los acreedores tenedores de títulos de la deuda pública argentina una fuerte quita.
A los acreedores se les dio la opción de elegir diversos tipos de bonos emitidos bajo la legislación y la Justicia de Nueva York. De esa forma el costo del financiamiento era menor. En 2010 se reabrió el canje, otro grupo de acreedores lo aceptó y de esta manera se alcanzó un 93% de deuda reestructurada. Pero como en 2005, se apeló a la “ley cerrojo” contra los que no habían entrado a la reestructuración, con atendibles críticas de los que aconsejaban mantener abierto el canje, para hacer más difícil el inicio de demandas contra el país. Pero el gobierno se mantuvo en su postura intransigente y autosuficiente.
Como era previsible, hacía mucho tiempo que parte de los bonos no canjeados, es decir que seguían en default, habían ido a parar a manos de los denominados holdouts, fondos de alto riesgo, que compran este tipo de deuda para luego iniciar juicios tratando de cobrar su totalidad. Así las cosas, en 2012 se conoce el fallo del hoy famoso juez Thomas Griesa, quien da la razón a los bonistas. Como era previsible y razonable, la Argentina apela el fallo de primera instancia, ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que rechaza el planteo de nuestro país.
Con la resolución de la Cámara en sus manos, diversos juristas aconsejaban al Gobierno cumplir la sentencia, negociando a su vez con los bonistas la forma de pago. Pero el Gobierno insistió en su postura. Aunque atento a la gravedad que iban tomando los hechos, el Congreso, el año pasado, autorizó al PE a reabrir el canje, medida que el Gobierno no puso en práctica. En este punto es cuando aparece la resolución de la Corte Suprema que desestima aceptar el recurso de la Argentina, quedando así plenamente vigente, en todos sus aspectos, el fallo del juez Griesa.
Se ha sostenido, con cierto fundamento, que la estrategia del Gobierno consistía en “ganar tiempo”, en razón de una cláusula contenida en los bonos reestructurados por la cual si el Gobierno les diera a unos tenedores de bonos mayores beneficios está obligado a hacerlos extensivos a los otros. Esta obligación tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. En este tema hay quienes sostienen que tal extensión no es automática. Además, el pago que se debe hacer a los holdouts no es una acción voluntaria sino el cumplimiento de una sentencia judicial.
En resumen los puntos reseñados ponen al país ante una situación compleja, que hace indispensable pericia técnica y política. En este caso, en un mar de contradicciones diarias, el Gobierno ha reaccionado muy mal frente al resultado de su propia política. Por eso el Gobierno debe actuar con sumo cuidado, evitando caer en un nuevo default y sabiendo que acatar un fallo del cual somos en gran parte responsables no es incompatible con la pelea que debe seguir dándose, tanto a nivel jurídico como político, para evitar su extensión a las otras deudas. Sin olvidar que para lograr ese objetivo la confiabilidad del país es fundamental para lograr el apoyo de todos los que, dentro y fuera del país, desean la plena reinserción de la Argentina en el mundo.
