Todo empezó con el bono de sueldo de los estatales, que en diciembre de 2016 se dejó de imprimir; un mes después fue el turno del Boletín Oficial, que en enero de 2017 también empezó a tener vida sólo en internet.
La idea original de Alfredo Cornejo era que el 1 de julio pasado todas las tramitaciones del Estado fueran en formato virtual, sin usar papel. El día llegó y no estaban las condiciones para arrancar; por eso lo prorrogó al 31 de diciembre de 2017.
Es decir que a partir del primer día de este año, el Gobierno no hará ningún trámite en papel. Los que ya están hechos en papel, terminarán en la vieja forma. Los que se inicien nuevos serán en la vía electrónica. Al menos es lo que jura el entusiasta subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez.
En voz baja se indica que por un tiempo sobrevivirán las viejas formas del papel, porque sobre la marcha se van viendo los desacoples del nuevo sistema que son salvados a la vieja usanza. Pero todos los consultados juran que en poco tiempo ya no existirá el papel en la administración.
En el Gobierno disparan que ya tienen 26 mil expedientes electrónicos conformados con 252 mil documentos electrónicos que contienen información equivalente a la que contendrían unas 750 mil hojas de papel. Son 1.500 resmas que pesan tres toneladas y media; que representan unos 100 árboles.
A 140 pesos por resma (precio estimado, aunque se pueden conseguir más baratas), son más de 200 mil pesos los que se han ahorrado en esos trámites iniciados por la vía virtual, sin contar el costo de toner de impresora.
En la mira del Gobierno hay dos proyectos a cumplir en 2018: el trámite a distancia, por computadora desde la casa o por smartphone y la ventanilla de atención única, algo así como una gran mesa de entradas que servirá para iniciar cualquier trámite y ahorrarse el paseo por distintas dependencias públicas.
La nueva ventanilla única ya tiene ubicación proyectada: cuando la Administración Tributaria Mendoza (ATM) se mude al nuevo edificio ubicado al lado del Centro de Congresos y Exposiciones, en el espacio liberado se ubicará la nueva dependencia.
La historia empezó con el decreto 1.756 del 5 de diciembre de 2016. Allí Cornejo estableció los primeros pasos para avanzar en este nuevo paradigma de gestión y los primeros objetivos para llegar al expediente electrónico en toda la Administración pública para el 1 de julio pasado. Pero la tarea se demoró.
El 30 de junio del año pasado Cornejo firmó la prórroga en el decreto 1075. Allí se fijó la nueva fecha para que toda gestión de la Administración Pública se realice sin papel: el 31 de diciembre pasado.
Hasta ahora las dependencias que han adherido y deberían cumplir con la eliminación del papel son los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además también de Irrigación.
El ahorro de papel es uno de los estandartes. La cuenta del Gobierno dice que para Boletín Oficial se ahorraron 300 hojas de papel de diario, unas 1.900 resmas, unas 4,75 toneladas, unos 71 árboles se mantuvieron en pie por eso; en plata son 260 mil pesos.
Para bonos de sueldo 1.650.000 hojas por año, unas 3.300 resmas que representan 8,25 toneladas, unos 124 árboles sobrevivieron. En costo de resmas, 460 mil pesos.
Estos 195 árboles se suman a los 100 que se salvaron con los expedientes electrónicos ya iniciados.
A eso hay que sumar lo que se ahorraría de acá en más. Cada año en la Administración Pública se hacen tres millones de pases de expedientes de una dependencia a otra; cada uno de esos pases, con dictámenes u otra información, implica el uso de unas tres hojas de papel; es decir unas 9 millones de hojas dejarán de usarse, equivalentes a 18.000 resmas que pesan 45 toneladas: para elaborar esa cantidad de papel deben talarse 675 árboles. En plata, 2,5 millones de pesos por año.
Si se suman los 295 árboles que se salvaron con anterioridad a los 675 de lo que se salvarán este año, serán unos 970 ejemplares que no serán talados para obtener la celulosa con la que se hace el papel.
A nivel nacional también
El proceso en Mendoza es paralelo al que se sucede a nivel nacional. De hecho, a nivel nacional hay un ministerio dedicado a estos menesteres: el de Modernización, que conduce Andrés Ibarra.
El puntapié inicial fue dado por Ibarra y el presidente Mauricio Macri en el decreto 434 del 1 de marzo de 2016. A ese decreto la provincia adhirió en la ley 8.959. El 22 de marzo del año pasado Los Andes informaba la sanción de esa ley que dio sustento legal a una de las obsesiones de Cornejo.
El argumento económico a la obsesión había llegado antes, el 22 de febrero del año pasado, cuando Cornejo firmó con el BID la llegada de 15 millones de dólares para refuncionalizar la Costanera y de otros U$S 9 millones para la modernización de la Administración Pública.
El empuje paralelo de la Nación continúa influyendo en la marcha local del proyecto. Es que uno de los puntos del consenso fiscal firmado en noviembre pasado entre el presidente Macri y 23 gobernadores de Argentina (sólo faltó Alberto Rodríguez Saá), hay un capítulo dedicado a este tema: “Uno de los puntos es el compromiso federal para la modernización del Estado, acuerdo que será incluido en el proyecto de ley de modernización del Estado que se tratará en el Congreso nacional”, cuenta el subsecretario Ulpiano Suárez.
Contratados: prorrogan la presentación del libre deuda de ATM
Las prórrogas de contratos de locación de servicios y de obras, de planta temporaria y las horas cátedra de módulo deportivo, así como también el pago de adicionales o las adscripciones, son un trámite que todos los años se repite.
Pero esta vez, tiene sorpresa: en esa prórroga también se estiró un mes más la obligación de estar al día con los impuestos provinciales, una condición que desde el año pasado sólo ha sido una amenaza. Es la segunda vez que la obligación se patea para adelante.
En julio de 2017, Alfredo Cornejo firmó el decreto 1.267 en el que se obligaba a todos los agentes cuyo vínculo laboral sea por contrato de locación, de planta temporaria y las horas cátedra de módulo deportivo tenían que presentar un libre deuda o al menos un plan de pagos. Esta documentación debía presentarse el 1 de noviembre.
La exigencia también se imponía para los agentes del Estado que cobraran adicionales o estuvieran adscriptos en otras dependencias distintas a las de su cargo de planta.
El 31 de octubre, el Boletín Oficial publicó otro decreto, el 2.090, en el que prorrogaba la presentación del certificado de libre deuda o el plan de pago. La prórroga dispuesta en el decreto 2.090 era hasta el 31 de diciembre, es decir que para esa fecha los estatales en las condiciones planteadas debían tener arreglada su situación con la ATM.
A fin del mes pasado, el Gobierno volvió a prorrogar la condición a través de otro decreto, el 2.706, firmado el 29 de diciembre por el senador Juan Carlos Jaliff (presidente provisional del Senado a cargo de la Gobernación por ausencia de Cornejo y de la vice Laura Montero).
En esa norma, todos los contratados por locación de servicios u obras, en planta temporaria o con horas cátedra del modulo deportivo tienen prorrogado su vínculo con el Estado hasta el 28 de febrero. También están prorrogadas las adscripciones y los items adicionales.
En el artículo 2 del decreto se establece la otra prórroga, la de exigir el libre deuda del Inmobiliario, Automotor, Ingresos brutos; pero en este caso, el plazo es sólo de un mes.
“Toda continuidad o alta que se disponga con posterioridad al 28 de febrero de 2018, deberá cumplir al 1 de febrero de ese año con la condición impuesta en el art. 2 del Decreto Acuerdo 2.090/17”; es decir, para seguir trabajando en el Estado o mantener beneficios después del 28 de febrero, habrá que tener saldadas las cuentas con ATM al 1 de febrero.
Inconstitucionalidad sin resolver
El 1 de setiembre, Los Andes informó los reparos sindicales y opositores. El dirigente del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) decía que “el empleado público es igual que cualquier ciudadano común. Existen formas -como las cartas documento o los apremios- para exigirles que paguen” y agregaba que los abogados del gremio analizaban una presentación judicial.
El 19 de octubre, Sitea presentó ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad del decreto 1.267 de 2017 y una cautelar para que no se solicite el libre deuda o el plan de pagos.
Aunque rechazó el amparo, el Máximo Tribunal pidió argumentos acerca de la inconstitucionalidad a las partes. Este tema aún no ha sido resuelto por el Tribunal.
