Presentar la declaración jurada o no hacerlo. Ésa ha sido la cuestión o una de tantas, en los últimos meses en nuestra provincia. Es que tanto los funcionarios salientes -del gobierno que terminó en diciembre con Francisco Pérez (PJ) al frente- como los actuales (Cambia Mendoza) están obligados, por un decreto, a dar a conocer públicamente cuáles son sus bienes patrimoniales.
La Fiscalía de Estado, que conduce Fernando Simón, publicó hace unos días en su web la lista de quienes no presentaron su declaración jurada.
Un caso que llama la atención es el de Carlos Aranda, quien hasta el 31 de diciembre de 2015 fue director del Instituto Universitario de Seguridad Pública y antes había sido ministro: no está entre los que cumplieron ni entre los que no cumplieron.
Según explicaron desde la Fiscalía que está a cargo de esta tarea, el Ministerio de Seguridad -que engloba a entes como el IUSP- no informó en la lista que cada cartera debía armar el nombre del ex ministro. Y, como el decreto -que es el 1.789/15- rige desde octubre del año pasado y Aranda estaba en funciones, sí tenía la obligación de cumplir con la presentación y no lo hizo.
“El decreto entra en vigencia el 28 de octubre de 2015. Así es que los que estaban en funciones a partir de esa fecha sí tienen la obligación de cumplir con la presentación. Si (Aranda) estaba al frente del IUSP (que lo estaba) sí tiene que presentarla y el mismo ministerio lo tendría que haber informado”, relató Mariano Made, el abogado asesor de la Fiscalía de Estado a cargo de las declaraciones juradas.
De alguna manera, tal falta es consecuente con el manejo general que hubo sobre este tema en Seguridad.
Leonardo Comperatore fue quien estuvo al frente de dicho ministerio los últimos dos años del peronismo (sucedió precisamente a Aranda) y, en enero último, cuando vencía el plazo para que los funcionarios salientes presentaran sus declaraciones juradas, fue el único del gabinete -compuesto por más de 15 ministerios- que no lo hizo.
Incluso, tanto Seguridad como Salud fueron las carteras que más incumplieron con esta obligación legal.
Si bien dentro del listado de incumplidores que publicó la Fiscalía no figuran demasiados nombres 'conocidos', los que están serán emplazados a regularizar la presentación y presentar el descargo correspondiente en el plazo de cinco días hábiles.
De las 1.613 personas pertenecientes al anterior gobierno que tenían la obligación de hacer esta tarea, cumplieron 1.429. Los 184 incumplidores pueden llegar a recibir algunas de las sanciones previstas en el artículo 64. Aún resta la instancia de los cinco días. Habrá que esperar a ver si hacen o no los deberes en este lapso.
