Los ‘80 entraban en su segunda mitad cuando Nicola Corradi dejaba abruptamente Italia rumbo a la Argentina. Tenía casi 50 años y huía de las denuncias en su contra por abusos de niños en el instituto Próvolo de Verona, como si mudarse de país sirviera para ocultar los pecados y, mejor aún, no repetirlos.
Pero en el fin del mundo, adonde fue mandado a guarecerse del temporal, una y otra vez repitió la misma atrocidad. Primero en La Plata y luego en Mendoza. Hasta que llegó un día en que ya no se pudo esconder más. La valentía de una madre, a la que se sumaron decenas, puso en evidencia lo que el poder de la Iglesia había procurado tapar.
El lunes último, a sus 83 años, Corradi fue condenado a 42 años de prisión que nunca podrá cumplir pero que sirven como símbolo. El otro acusado, Horacio Corbacho (59), que cargaba con más denuncias, recibió la mayor sentencia que se recuerde en la provincia: 45 años (ver página 6).
El traslado de curas en problemas es una vieja costumbre de la Iglesia, incluso cuando lo que está de por medio ya no es una denuncia gravísima como abusos sexuales de niños, sino algún amorío que rompe el celibato y espanta a los feligreses. Pero la protección es sistemática y estructural.
Tras las condenas, el arzobispado mendocino salió a aclarar que, ahora, cuando llega un nuevo sacerdote de otra diócesis, pregunta sus antecedentes. Está claro que no siempre ha sido así y que si ahora se hace es por el caso Corradi.
Vicios políticos
La protección eclesiástica se manifiesta también en una regla que parece una burla: los sacerdotes no pierden su estado clerical hasta que la sentencia en su contra queda firme. O sea, en este caso, cuando sea ratificada por la Suprema Corte si los condenados se obstinan en apelar.
De pronto, la Iglesia se parece mucho al Senado argentino: la condena firme es la misma exigencia que pone esa cámara legislativa para desnudar de fueros a un miembro en problemas con la Justicia. Fueros de los que sigue gozando, por ejemplo, Carlos Menem, pese a la condena ratificada por una cámara. Hasta que la Corte no se expida, no habrá sanción política.
El Vaticano estira con el mismo argumento su castigo más duro, su máxima condena a un clérigo.
El investigador designado por el Papa para desentrañar lo ocurrido en el Próvolo, el vicario judicial de Córdoba Dante Simón, ratificó su pedido de expulsión de Corbacho y Corradi hace unos días, pero son las palabras del sentido común, no las del poder real.
De hecho, ha pasado casi una semana y Francisco nada ha dicho. Ni en sus apariciones ni en su activa cuenta de Twitter hubo una palabra de apoyo para los niños sordos abusados por miembros de la Iglesia que él conduce.
El silencio papal hizo recordar al que sostuvo durante su visita a Chile en enero de 2018 sobre las denuncias de abusos que pesaban sobre un cura.
Lejos de solidarizarse, ubicó en el escenario al obispo señalado como encubridor del acusado. Recién cuando volvió a Roma, y tras las feroces críticas y la decepción que generó, atinó a pedir perdón.
Es cierto que la Iglesia como tal se manifestó, pero no es lo que se espera. El Arzobispado de Mendoza fue el primero, con un comunicado cuidadosamente redactado en el que se solidariza “con las víctimas y sus familias, quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones”. No llama a los abusos por su nombre ni aún tras la condena y vuelve a ubicarlos en el nivel de denuncia.
Días después, el que opinó fue el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, interventor designado por el Vaticano al frente de la orden que maneja los institutos Próvolo en todo el mundo. Pero sus palabras tampoco sonaron profundamente sentidas ni condenatorias de los sacerdotes.
Gestos y rosarios
La indiferencia papal tal vez duela más porque se trata de niños de su país, de una tierra que conoce como ninguna y de la que se fue en marzo de 2013 como cardenal para nunca más volver, hasta ahora.
Es en estos gestos donde se manifiesta la cercanía, la empatía, más que en el una y otra vez postergado viaje de retorno a la Argentina o en los mensajes políticos implícitos que envía cuando habla.
Precisamente, en una de sus últimas manifestaciones ante un auditorio, cuestionó el excesivo uso que se hace de las prisiones preventivas en algunos países. Entre quienes lo escuchaban estaba Roberto Carlés, el abogado que a pedido suyo Cristina Kirchner postuló para la Corte hace unos años y que ahora suena como posible funcionario del Ministerio de Justicia del próximo gobierno.
No mencionó Francisco a la Argentina, pero no hizo falta: se sabe de su preocupación por los kirchneristas detenidos. Tanto le preocupan que ha enviado rosarios a varios de ellos para apoyarlos.
Tal vez a las víctimas del Próvolo y sus familias, si son creyentes o lo han sido, los consuele más alguno de sus famosos rosarios. Aunque a estas alturas, el enojo que anidan tras años de ser desoídos y desacreditados requiere de gestos más rotundos.
Esas actitudes explican en parte por qué durante el papado de un argentino, un hecho histórico seguramente irrepetible y que a priori podría suponerse que acarrearía una avalancha de fe, los católicos son cada vez menos aquí.
La segunda encuesta nacional sobre creencias que hizo el Conicet revela que, entre 2008 y 2019, los católicos en el país bajaron de 76,5 a 62,9% de la población. Como contrapartida, los “sin religión” subieron de 10 a 14,5%. Nada es casual.
