Dentro de los problemas que ocasionó la mala situación financiera de la provincia en el gobierno anterior, un de los primeros que pudo solucionarse durante la gestión Cornejo fue la deuda con proveedores, sobre todo de obras públicas, que se ordenaron con un bono que ya fue cancelado.
El gobierno debió emitir deuda para financiar dicho déficit, mientras, además, consiguió préstamos de organismos internacionales para concretar obras públicas importantes que estaban demoradas o paralizadas. En paralelo, se fueron disminuyendo las alícuotas de ingresos brutos en forma paulatina para varias actividades económicas. En el último tiempo comenzó un proceso de traspaso del peso tributario a los activos patrimoniales (automotor e inmobiliario) y menos a las actividades económicas (sellos e ingresos brutos).
Si bien la provincia mejoró los niveles de recaudación merced a una mejor fiscalización se bajó el costo de las obras públicas gracias a sistemas de licitación transparentes y a la previsibilidad de los pagos a los proveedores en término. La provincia tuvo un importante crecimiento en los ingresos de coparticipación. Tanto el Pacto Fiscal como la devolución del 15% que antes retenía la Nación, mejoraron los ingresos y posibilitaron cierta decisiones, como la de acordar paritarias con cláusula de ajuste con los sindicatos estatales.
La crisis que se desató en agosto, después de las PASO, generó un gran escenario de incertidumbre que afectó no solo la disparada del tipo de cambio y la inflación, sino que, además, afectó la cotización de los bonos argentinos ante el anuncio del candidato opositor de su decisión de renegociar los vencimientos de la deuda. De hecho, el gobierno nacional debió “reperfilar” los vencimientos de los títulos de corto plazo, como Letes y Lecap.
Mendoza también aprovechó la apertura del crédito de Argentina y emitió títulos en dólares, que sirvieron para pagar deudas antiguas y el déficit de 2016 y 2017. La mejora de ingresos permitió no emitir deuda en 2018 (ya se había cortado el crédito) y en 2019 la Legislatura no autorizó el roll-over (renovación) de los vencimientos de este año, que fueron atendidos.
La situación para 2020 y años posteriores será compleja para el gobernador electo, Rodolfo Suárez. En principio, la recesión, que este año marcará una caída de la actividad económica cercana al 3%, seguramente se mantendrá en 2020 y 2021 y sin duda afectará la recaudación de impuestos locales.
Con seguridad el gobernador deberá sentarse en una mesa con los principales actores de la economía, y entre ellos los sindicatos estatales, porque será muy difícil comprometerse nuevamente a indexar salarios en una economía en recesión. De la misma forma se deberá ser muy cuidadoso con el gasto corriente para afectar lo menos posible la continuidad de las obras públicas o iniciar otras nuevas que son necesarias.
El nuevo gobierno local deberá medir con mucha prudencia ya que no hay que descartar que el gobierno nacional que sigue decida rebajas impositivas (que esta vez no serían resistidas) o, incluso pedir colaboración de las provincias, como ya les anticipó a los empresarios. También podría transferir nuevas responsabilidades sin recursos a las provincias.
Evidentemente, los momentos difíciles son un desafío a la imaginación y habrá que usar mucha porque el año próximo será muy complicado para la economía argentina y, aunque haya alguna mejora respecto de 2019, difícilmente se pueda esperar crecimiento de la economía.
La restauración de la confianza, en medio de una negociación de la deuda, no será un camino fácil. Seguramente la apuesta a una mejora de las exportaciones y del turismo será el pilar fundamental que puede apuntalar una mejora de los niveles de actividad económica local.
la gestión de alfredo cornejo consiguió encarrilar las maltrechas finanzas de la provincia heredades de francisco pérez en base a un sistema muy ordenado. no obstante hubo déficit fiscal hasta 2017. y lo que viene no será nada fácil.