Un estudio llevado adelante por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) indica que la mayor presión de los impuestos en el país, sumados a los costos de intervención, produce que el Estado tenga una participación en la renta agrícola del 73,9% en junio de 2014.
Esto significa que de cada $ 100 de renta que genera una hectárea promedio en Argentina, el Estado percibe $ 73,90, que se transforman en recaudación fiscal efectiva o en subsidios a otras actividades de la cadena al disminuir el precio de venta de los productos agrícolas.
Este número surge del Índice FA DA de participación del Estado en la renta agrícola para el mes de junio de 2014, que es de 73,9%, medido como la sumatoria de los impuestos nacionales, impuestos provinciales y costos de intervención del mercado, sobre la renta de una hectárea de uso agrícola representativa promedio a nivel nacional.
Esta participación del Estado reduce los márgenes de rentabilidad de la producción agrícola, afectando la sustentabilidad económica del productor y generando incentivos al cultivo de soja.
De hecho, durante la última década se ha evidenciado un deterioro crónico de la rotación de cultivos, pieza fundamental en la sustentabilidad agrícola.
“Si tomamos los cuatro principales cultivos del país –soja, maíz, trigo y girasol–, se ha pasado de cultivar soja en un 49% de la superficie en la campaña 2001/02 a hacerlo en un 69% en la campaña 2013/14. Esto determina que para la última campaña se hayan cultivado 4,7 hectáreas de soja por cada una de maíz, mientras que este índice es de 1,75 en Brasil y 0,90 en Estados Unidos”, concluye el estudio.
El reporte de FADA alerta sobre las posibles consecuencias del desaliento de la siembra de maíz y trigo por sus bajos precios internacionales.
“Mientras que en otros países no tienen ningún tipo de trabas ni cupos a la exportación, Argentina aplica los Registros de Operaciones de Exportación (ROE). Mediante este sistema se otorgan permisos o cupos para exportar, de acuerdo a la estimación del Remanente Exportable (diferencia entre el stock físico y la estimación de abastecimiento interno, ex encaje exportado), el cual en la práctica representa una cuota a la exportación que introduce distorsiones a la comercialización y ha generado desde su aplicación una reducción promedio del 10% en el precio del trigo y el maíz. Este diferencial es captado, en la medición del índice FADA, como el “costo de intervención. Así, los ROE se convierten en un mecanismo de desincentivo al cultivo de maíz y trigo”, advierten.
La Fundación estima que los derechos de exportación, o retenciones, que se pagan en nuestro país y que no existen en Brasil o Estados Unidos, generan ingresos para el Estado en torno a los 10.000 millones de dólares anuales.
“Para ilustrarlo, son el equivalente a 5.000 kilómetros de nuevas autopistas por año, mientras que en el país existen cerca de 1.900 kilómetros”, grafica el informe.
“A medida que se ha ido afinando la rentabilidad agrícola, se ha incrementado la superficie de soja en detrimento del trigo y el maíz. La razón radica en que cualquier tipo de empresa debe ser primero viable en términos económicos para poder ser sustentable en términos ambientales”, sostiene la publicación de la Fundación.
