Las expropiaciones para la creación de la reserva Divisadero Largo ya dejaron sin trabajo al ex fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, quien fue destituido por haber permitido que Dalvian y Daniel Vila cobraran un precio exorbitante por tierras en el pedemonte, al oeste de la Ciudad de Mendoza.
Ahora el Estado accionará para obtener la nulidad de esos juicios y lograr la devolución del dinero pagado de más.
El actual fiscal de Estado, Fernando Simón, ya firmó la resolución para iniciar la “acción autónoma de nulidad por sentencia írrita”. Es más, en las últimas horas se supo que el Ministerio de Gobierno ya dio instrucciones a la Asesoría de Gobierno para que avance en el mismo sentido.
De obtenerse la nulidad, después de un camino judicial que seguramente será largo, en la práctica significa que Vila y el barrio privado fundado por su padre, Alfredo, deberían devolver lo que cobraron de más por sus tierras.
¿Cuánto es lo que deberían devolver? El monto será el resultado de un complejo cálculo que dependerá incluso del tiempo que lleve obtener la sentencia favorable al reclamo de la Provincia.
La acción de nulidad por sentencia írrita es un proceso que va contra una decisión judicial firme, contra una “cosa juzgada”; es una bomba contra la seguridad jurídica, por lo que los argumentos deben ser inapelables para anular un fallo con errores que lo transforman en arbitrario o porque hay manifiesta mala fe y es fraudulento.
A eso se agrega el peso específico de los que deberían devolver el dinero excedente. La acción que se está pergeñando es un reclamo por una expropiación muy cara para el Estado, sobre todo teniendo en cuenta el precio pagado a los vecinos de Dalvian y Vila, también expropiados.
Cuatro vecinos obtuvieron de la Justicia provincial 2,76 pesos por metro cuadrado (más los intereses acumulados por el paso del tiempo); el poderoso empresario obtuvo entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado expropiado, o sea entre 370 y 515 por ciento más.
En total, Vila y Dalvian cobraron 3,5 millones de pesos. Fue lo que determinó el juicio de expropiación en 2006. Seis años después, uno de los vecinos obtuvo del juicio casi el mismo monto, pero por un terreno diez veces más grande: fue el juicio de “Provincia de Mendoza c/ Alberto Tohmé por expropiación”:
La familia Tohmé quería cobrar lo mismo que Vila y Dalvian recibieron por metro cuadrado. Ese juicio fue dirimido por la Suprema Corte, que ordenó una investigación penal de la expropiación de Vila y Dalvian, por entender que había un posible delito. Ese fallo desató el proceso que terminó con la destitución de De Rosas.
Todo indica que no será un proceso fácil, ni expedito, aunque con el correr del tiempo fue quedando claro que algo se hizo mal en los autos 124.651 “Provincia de Mendoza contra Dalvian SA por Expropiación” y 124.652 “Provincia de Mendoza contra Vila, Daniel Eduardo y otros por expropiación”. El problema es el tiempo y si el reclamo está prescripto o está por prescribir.
Contrarreloj
Hay controversia en cuanto al plazo de prescripción, pero en Fiscalía de Estado ha primado una teoría: el nuevo Código Civil y Comercial establece un plazo para todas las controversiales abiertas: un año a partir de la entrada en vigencia del Código. Eso ocurrió el 1 de agosto del año pasado, entonces el plazo para que todo prescriba sería el 1 de agosto próximo.
Es por eso que Fiscalía de Estado ya tiene lista una resolución que llegaría al despacho del gobernador Alfredo Cornejo en las próximas horas. En esa resolución, el titular del organismo de control ordena que se interponga acción autónoma de nulidad por sentencia írrita en relación a las actuaciones judiciales de Vila y Dalvian, antes del 1 de agosto de 2016. La cuestión es interrumpir la prescripción.
En ese mismo documento, se indica que se solicite dictamen de la Asesoría de Gobierno y que el Gobierno provincial determine postura.
Desde el Ministerio de Gobierno adelantaron a Los Andes que la provincia ya instruyó a Asesoría para que emita dictamen y que avanzarán en el reclamo junto con Fiscalía de Estado, para recuperar el dinero de la Provincia.
La acción se prepara en secreto hace tiempo
Los aprontes para iniciar la acción autónoma de nulidad por sentencia írrita tienen algunos años. Fue en el expediente de la expropiación de Alberto Tohmé en el que el entonces director de Asuntos Judiciales, Pedro García Espetxe, hizo reserva para iniciar el reclamo en las expropiaciones de Daniel Vila y Dalvian.
Los juicios de Vila y Dalvian los llevó personalmente el anterior fiscal De Rosas y nadie conocía los detalles.
La filtración se produjo cuando salió el fallo de primera instancia de la expropiación de Tohmé y el expediente le cayó a García Espetxe para pagar el mismo precio que a Vila. El funcionario apeló por su cuenta y logró el pago a 2,76 pesos por metro cuadrado a Tohmé.
En la segunda apelación, después del fallo de la Cámara Civil, García Espetxe planteó la reserva para la nulidad.
A principios de 2012, la Suprema Corte sentenció y un mes después se inició el Jury contra De Rosas. En agosto de ese año, el ex fiscal fue suspendido y lo subrogó Javier Fernández, que firmó la resolución 144 en la que dispuso el secreto del expediente que se empezó a formar para iniciar el reclamo.
El 15 de abril de este año, el actual fiscal de Estado, Fernando Simón, ordenó el desarchivo del expediente 1886-L-12-05179 y empezó a tomar forma el reclamo que se presentará antes del 1 de agosto. El expediente sigue siendo secreto.
