Varios hechos de las últimas semanas dan cuenta de una de las peores herencias de la era K: el calamitoso estado del Estado.
Primero fue la fuga de los autores del triple crimen de General Rodríguez, un caso de narcocriminalidad con fuertes conexiones al aparato del poder K, desde las relaciones de los criminales con el entorno de Aníbal Fernández y con el propio ex jefe de Gabinete, la fabulosa evolución de las importaciones de efedrina en el bienio 2007/2008, los aportes financieros de farmacéuticas truchas a la campaña electoral CFK 2007 y la sospechosísima conducta de sectores de la policía y del servicio penitenciario bonaerense en el escape de la jornada de Nochebuena.
La putrefacción estatal fue también visible en las peripecias de la búsqueda de los prófugos y su detención posterior, que incluyó apoyo externo, contactos sospechosos, pistas falsas, desinteligencias entre distintas fuerzas de seguridad e idas y vueltas en el anuncio inicial de la captura de los tres fugados.
Si algo demostró esta saga -que prosigue, y que debería llevar a elucidar y eliminar al menos uno de los nodos del narcotráfico en la Argentina- es el avanzado estado de descomposición de un aparato estatal de seguridad inficionado por aquello que debe combatir.
Una segunda muestra, a partir del 14 de diciembre pasado, apenas dos días hábiles después de la asunción de nuevas autoridades provinciales y nacionales, es la puja entre el gobierno de Jujuy, encabezado por el radical Gerardo Morales, y la controvertida "dirigente social" Milagro Sala, al frente de agrupaciones que tomaron la plaza principal de Jujuy y cortaron el tránsito por las calles circundantes.
Las plazas de las ciudades y capitales de provincia son lugares alrededor de las cuales se organiza la vida social, cultural, administrativa y comercial del interior del país. Tomarlas por la fuerza ni bien se inicia una nueva gestión, ocuparlas durante tanto tiempo e impedir la circulación es mucho más que un mero acto de protesta. Pero, además, Sala tiene muchas otras denuncias en su contra.
En los años K, la líder de la Tupac Amarú, que manejaba decenas de miles de planes sociales y la construcción de viviendas (no titulizadas a nombre de sus moradores), escuelas y centros cívicos financiados por el Presupuesto nacional, se erigió como Estado paralelo, impuso hasta leyes edilicias y en 2009 Morales le inició una de las 66 demandas penales que acumuló, en ese caso por agresiones contra él y el entonces auditor general de la Nación, Leandro Despouy, cuando ambos denunciaban en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy irregularidades en el manejo de cientos de millones de pesos.
Esa vez describimos aquí el estado bifronte K (http://www.losandes.com.ar/noticia/opinión-454375) que de un lado "empoderaba" a Sala y su organización y del otro ignoraba el envenenamiento de niños indígenas en Abra Pampa, un pueblito en el noroeste de Jujuy, librado a la buena de Dios y a la acumulación de desechos metalíferos de alta toxicidad.
La determinación de Morales, ya gobernador, de eliminar la intermediación y el patronazgo en la distribución de fondos y la posterior detención de Sala por decisión de la Justicia jujeña (la casi totalidad de cuyos magistrados fueron designados por el peronismo), llevó el conflicto a la vidriera nacional.
Paradójicamente, Sala tiene más apoyo fuera de su provincia, cuyos habitantes parecen hartos de ser mandoneados e intimidados por alguien que ni siquiera eligieron. Morales sí lo fue, con el 58% de los votos, y el apoyo a su gestión superaría hoy el 70%. Que puje por recuperar algo tan elemental como la administración y rendición de fondos públicos es otra muestra del lamentable estado del Estado.
Un tercer caso es la investigación judicial en torno de la muerte de Alberto Nisman, que muchos argentinos sospechamos fue un asesinato, más precisamente un magnicidio. A un año del hecho, la Justicia no pudo determinar siquiera la hora en que murió el fiscal de la causa AMIA, que cuatro días antes había denunciado penalmente a la presidenta CFK y al canciller Héctor Timerman por el impúdico pacto con Irán y que al siguiente debía exponer su denuncia ante una comisión del Congreso de la Nación.
En medio de este triángulo de evidencias de descomposición del Estado, Alfonso Prat Gay expuso las primeras líneas de una política gradual de reducción del déficit fiscal y de la inflación y dijo su desafortunada frase sobre la "grasa militante", que el kirchnerismo aprovechó para victimizarse por enésima vez.
Economistas y analistas suelen usar el término "grasa" para designar la parte improductiva, redundante, sin función verdadera, de un presupuesto. Designar militantes a rolete, como el kirchnerismo hizo durante años y aún más en su fase final y como atestiguan casi 600.000 contratos estatales (sobre más de tres millones y medio de empleados públicos, entre Nación y Provincias, un millón de ellos en la era K) sumó ese tipo de "grasa", que no tiene que ver con el color de piel, los gustos o la ideología de los designados, sino con la nula relación entre un nombramiento y una verdadera función y la excluyente relación con la "militancia" partidaria. Porque peor que un Estado inútil es un Estado inútil y faccioso.
En vez de hablar de "grasa militante" y provocar la hipócrita indignación de millonarios manipuladores, Prat Gay podría haber hecho como Alicia Kirchner que, ante el dramático desbarajuste de Santa Cruz tras 25 años de gestión provincial kirchnerista y para evitar un colapso administrativo, inició una recomposición fiscal explicando las cosas de otro modo. He aquí algunos de sus conceptos al hacer sus anuncios:
"La producción y la industria deben generar empleo genuino ante un modelo agotado que no nos permite crecer y que es el practicado en los últimos años: el del empleo público".
"Debemos entender que este camino de ampliación permanente de empleados públicos en áreas no gravitantes … nos lleva al fracaso".
"En las actuales circunstancias, la reducción de la planta estatal no es ajuste sino organización".
Diría Máximo: "Ahí tenés, Alfonso; aprendé de la tía Alicia".
