El Informe consta de 223 páginas, dividido en nueve capítulos -Desarrollo Humano, Política Económica, Desarrollo Económico, Trabajo y Seguridad Social, Energía y Minería, Seguridad, Justicia y Defensa, Cultura e Innovación, Comunicaciones y Medios y Transporte. El mismo viene a satisfacer el reclamo que desde múltiples sectores e instituciones se le hiciera al Presidente que debía trazar un cuadro preciso de la “herencia recibida”, para que el país tomara conciencia desde dónde arrancaba su gobierno. La síntesis que se puede hacer es que el panorama es desolador, coincidente con el diagnóstico que, desde varios años antes, realizaban los especialistas sobre estos temas.
Un Estado gigantesco, devastado por la corrupción, la ineptitud y el partidismo político faccioso. Un Estado prácticamente en default y paralizado, desde mediados del año pasado con miles de millones de pesos adeudados a proveedores, contratistas y beneficiarios. Un Estado mal administrado, “a menudo con desidia y desinterés por lo público”, incapaz de proveer los bienes públicos que la sociedad necesita.
Eso sí, rebosante de empleados en todas las dependencias, en no pocos casos sin tareas asignadas y otras cobrando sin concurrir al lugar donde estaban designados. La planta de personal pasó de 2.200.000 a 3.600.000 entre 2003 y 2015. “Las instituciones de la República, en lugar de controlar la gestión y prevenir la corrupción, se emplearon en ocasiones como instrumento en la lucha política a favor del oficialismo y fueron desmanteladas cuando se volvieron una amenaza para quienes ocupaban el gobierno”.
Un breve recorrido por algunos de los capítulos muestra la pesada carga heredada. En diciembre de 2015, Argentina carecía de estadísticas oficiales sobre la situación social de sus habitantes. Desde el Ministerio de Desarrollo Social los múltiples programas asistenciales se manejaron con discrecionalidad, dirigidos con sentido partidista. Así hay provincias y municipios que recibieron mucho, otros poco y otros nada.
Es conocido el caso del “plan kunita”, investigado por la Justicia, con licitaciones fraguadas por cientos de millones de pesos. En el Hospital Posadas, el más importante del país, en 2015 ingresaron a la planta alrededor de mil empleados, más de la mitad en los últimos 45 días del gobierno.
El PAMI acumulaba una deuda de 5.500 millones de pesos; su situación financiera es alarmante. El padrón de afiliados tenía 400.000 personas fallecidas por las que pagaba servicios de salud. A nombre de 7.000 de ellas se compraban medicamentos que luego se negociaban en el mercado negro.
En el caso de la Anses con amplia cobertura de servicios que llegaba todos los meses a más de 10 millones de personas, combinaba una alta desprolijidad administrativa y financiera con el aprovechamiento político de la atención al público. Uno de sus directores Luciano Di Césare, mendocino, cobró justo antes de dejar el cargo 1.300.000 pesos por “vacaciones no gozadas”.
Un aspecto llamativo son los convenios realizados con universidades a través de los cuales se ejecutaban contratos millonarios y se pagaban sueldos y honorarios. Las nuevas universidades del conurbano recibían jugosos negocios pero también otras del interior. Un caso llamativo es el de la Universidad Tecnológica Nacional. Tenía un importante contrato con la Anses para digitalizar los expedientes pero lo tercerizaba. La UTN no pudo presentar información del costo de los servicios. Las universidades nacionales deben el 99% de sus rendiciones de gastos de entre 2013 y 2015, según la Sigen.
Estos son apenas unos pocos ejemplos. Es conveniente tomar conciencia del “estado del Estado”.
