Lo que está sucediendo a nivel nacional con el anuncio de no renovación de contratos de miles de trabajadores en distintos organismos y lo que ocurre en Mendoza con decisiones similares en centenares de casos, especialmente en algunas municipalidades, vuelve a poner en discusión la decisión de algunos gobernantes de tomar al Estado como bolsa de trabajo para ubicar allí a personas de su misma orientación política.
La decisión adoptada por la nueva gestión gubernamental -nacional, provincial y municipal- ha sido cuestionada por los gremios del sector, pero la realidad muestra que hacía falta poner blanco sobre negro en muchas de las situaciones, en razón de que se ha descubierto que mucha gente -más de lo que muchos podrían presuponer- percibían sus sueldos sin haber cumplido con sus obligaciones laborales.
Aunque también es dable advertir que se debe trabajar con sumo cuidado en la toma de decisiones sobre la caída de contratos para que no caigan justos por pecadores, como dice un antiguo refrán.
Días pasados, durante una cena de fin de año de un entidad vitivinícola, el ministro de Hacienda de la Provincia, Enrique Vaquié, exhortó a los empresarios a redoblar esfuerzos para poner nuevamente en marcha el aparato productivo, indicando que ello permitirá una mayor cantidad de ingresos para Mendoza y, paralelamente, se convertirá en una mayor absorción de mano de obra.
En este último aspecto, señaló que anualmente en la provincia son aproximadamente 10 mil los jóvenes que se suman para requerir oportunidades de trabajo, pero que la actividad privada en los últimos tiempos sólo ofrecía 2.500 puestos por año. Señaló entonces que en muchos de los casos era el Estado el que se convertía en una verdadera bolsa de trabajo y en la gran mayoría de los casos superando las necesidades reales de personal que tenía.
En una nota de opinión publicada por La Nación, el economista Orlando Ferreres señaló que 41,59% de los argentinos depende del Estado y hace una comparación entre la cantidad de trabajadores o jubilados que había en 2002 y los que existen al 2015.
Así entonces, destaca que en 2002 había 485.927 empleados en dependencias nacionales y la cifra ascendió a 891.516 en 2015; en el caso de los provinciales pasó de 1.522.934 a 2.773.179 y en los municipales de 378.332 a 806.260. Dice que en 2002 se pagaban 217.871 seguros de desempleo, cifra que bajó a 211.666 en 2015 y en el caso de los planes de empleo se pasó de 1.900.000 en 2002 a 4.136.852.
Plantea entonces que en 2002 había 4.272.882 jubilados y se pasó, en 2015, a 9.241.741, aunque en este último caso se trata de una cifra muy discutible, en razón de que los jubilados no son una carga para el Estado sino que perciben con su salario lo que aportaron a lo largo de su vida laboral. En ese marco, y sacando el caso de los jubilados, no quedan dudas de que sigue siendo el Estado el que mayor cantidad de puestos de trabajo absorbe.
De todos modos lo que está en el centro de la discusión es lo sucedido durante los últimos meses de la gestión kirchnerista. Todos los estamentos del Estado, entre los que sobresalían los ministerios de Trabajo y la Cancillería, el Congreso de la Nación y algunos organismos, como Aerolíneas Argentinas, abrieron sus puertas para el ingreso masivo de personal, especialmente provenientes de La Cámpora.
En la gran mayoría de los casos ocuparon cargos altos e intermedios, con sueldos más que importantes y dejando de lado el necesario respeto a los concursos o ascensos. De allí también que los gremios, que ahora amenazan inclusive con recurrir a la Justicia en defensa de los puestos de trabajo para sus afiliados, no adoptaron el mismo criterio cuando no se respetó la carrera laboral de los trabajadores en cada uno de los organismos.
En la Provincia se han dado casos puntuales que también deben ser revistos, pero se han multiplicado en algunas comunas, como lo han denunciado los flamantes intendentes de Guaymallén y de Las Heras. En los dos casos se anunció la posibilidad de no renovar los contratos a una parte importante del personal, lo que provocó reclamos, tanto de los posibles afectados como de sectores de la oposición.
Un tema complicado y preocupante que exige que las autoridades actúen con la necesaria responsabilidad y se aplique la medida a aquellos que percibían sus haberes sin haber concurrido a trabajar y no castigar injustamente a mucha gente que, habiendo sido contratada, cumplió con sus obligaciones.
