El Gobierno nacional envió, con la suficiente antelación, el proyecto de Presupuesto 2015 al Congreso de la Nación, en la intención de que sea debatido en las diferentes comisiones de las dos cámaras y llegar así al 1 de enero del año próximo con las pautas a determinar para cada una de las áreas de la administración pública. Valdría señalar también que puede anticiparse que el proyecto enviado por el Ejecutivo será el que finalmente termine aprobado, si nos atenemos a los antecedentes más que suficientes que determinan que el oficialismo termina imponiendo los números y desechando cualquier modificación que se intente desde la oposición.
Ese presupuesto cuenta con algunos aspectos llamativos, como por ejemplo las cifras dibujadas, al proyectar una inflación anual de 15,6 por ciento, un crecimiento de 2,8 por ciento del PBI y un tipo de cambio -que ya se ha superado en la realidad- de 9,45 pesos por dólar.
Pero lo más grave es que el proyecto contempla la incorporación de 13.251 empleados nuevos a la administración pública, en la gran mayoría de los casos pasando a planta permanente a personal que actualmente se encuentra contratado.
Ese tipo de decisiones no constituye ninguna novedad dentro del kirchnerismo. De acuerdo con un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, a partir de 2005 las incorporaciones de empleados estatales en el país, incluyendo provincias y municipalidades, aumentaron a un ritmo mayor. “Entre 1995 y 1999, el empleo público promedió 2.080.000 empleados y se elevó a 2.180.000 entre 2000 y 2002.
A partir de 2003 y más desde 2005, subió fuertemente, hasta alcanzar los 3.650.000 estimados para este año”, cifras que fueron ratificadas por el titular del Programa de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, quien indicó que en los últimos diez años el empleo público aumentó a un promedio de entre 6 y 7 por ciento anual.
Volviendo al tema del ingreso previsto para el año próximo, no deja de llamar la atención que, en porcentaje, sea el Senado de la Nación, que preside el híper cuestionado y procesado Amado Boudou, el que incorporará mayor cantidad de empleados. De hecho, la Cámara alta se ha convertido en una virtual agencia de empleo público que, por primera vez en la historia, tendrá más empleados que la Cámara de
Diputados, pese a que el Senado cuenta con sólo 72 miembros, menos de un tercio de la Cámara baja, que está compuesta por 257 diputados. En cifras, el Senado contará con 6.081 empleados, mientras Diputados tendrá 5.554 trabajadores.
Desde la oposición se asegura que con los nuevos nombramientos, el kirchnerismo busca beneficiar a gran cantidad de militantes políticos afines, efectivizando a cientos de funcionarios y contratados de La Cámpora para que permanezcan en el Estado y no puedan ser despedidos por el próximo gobierno que los recibirá como herencia, y ponen como ejemplo lo que sucede en Aerolíneas Argentinas, la Cancillería o los ministerios de Economía y Desarrollo Social.
Con un agravante: esas designaciones recaen en las segundas líneas de funcionarios, razón por la cual generan un verdadero atropello hacia aquellos empleados que, con mayor antigüedad y capacidad, quedan relegados y sin posibilidades de crecer en la carrera administrativa. Nadie del oficialismo salió a responder las denuncias.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional asegura taxativamente la estabilidad del empleado público. Los constitucionalistas establecieron esa pauta para evitar que un gobierno, al ingresar, produzca la cesantía de personal para cubrir cargos con trabajadores afines.
Pero para que sea una norma justa, debieron también establecer que el ingreso a la administración pública debería realizarse por concurso, respetando también la carrera administrativa, evitando así los abusos de algunas administraciones, como está sucediendo con el gobierno actual que incorporará a miles de trabajadores-militantes a la planta permanente, cuando sólo le resta un año de gestión.
