El objetivo de la ley 6.216/94 y 6.543 de Mendoza y San Juan, respectivamente, es diseñar una política de diversificación para ajustar los volúmenes de vinos y por vía de la escasez tonificar sus precios.
Para eso, mediante un mecanismo de orden fiscal se induce a que un porcentaje de la producción de uvas se destine a la elaboración de mostos.
Dicho porcentaje se determina bajo la premisa "de intensificar la eliminación de excedentes que pudieran superar los cuatro (4) meses de despacho sobre el volumen total".
Desde 1995 a la fecha el esfuerzo de dicha diversificación ha sido desigual, recayendo el esfuerzo sobre un mismo sector; no obstante, la industria acompañó con declinante entusiasmo dicha política, siempre con la expectativa de lograr los equilibrios tan declamados.
Pero el tiempo no pasa en vano. Esta política debió ser revisada en profundidad por lo menos hace 10 años, atendiendo a la reconversión realizada, la consolidación de Argentina como país exportador de mosto, las oportunidades del mercado externo de vinos, la evidente e indeseada concentración de la industria y la distorsión de no cumplirse el porcentaje efectivo a mosto sino a través de compensaciones y excepciones, tal como es el caso de la provincia de Mendoza; en efecto, en este último caso provocando una asimetría con su par de San Juan que cumple holgadamente, razón por la cual acordar cada año un porcentaje se parece más a una paritaria que a una política regulatoria de stocks.
La muestra más evidente del deterioro de esta política es la que ofrece la experiencia de los años 2016 y 2017, porque revela que un reducido stock de vinos como condición para equilibrar las existencias es una falacia dado que cuando los precios sobrepasan un límite muestra su verdadera naturaleza disruptiva.
Las pruebas están a la vista; a pesar de que se alcanzó el objetivo de un acotado stock de vinos, al aumentar sus precios inmediatamente se comenzó con la importación que hoy acumula 90 millones de litros de vinos de Chile, justificándose la maniobra en los ¡escasos stocks de vinos!
De esta forma, se corrompe el objetivo primordial y entonces el porcentaje más rigurosamente calculado podrá ser una condición necesaria pero nunca suficiente para garantizar la efectividad y equidad de la diversificación.
El primer aviso de esta paradoja, diversificación vs importación, ya nos fue dado en los años 2009 y 2010, cuando se importaron más de 40 millones de litros amparados en una menor producción, y aun así se fijaron porcentajes del 20% a mosto. Un año después fue el 30%. De nada valió entonces el reclamo ya que el gobierno no estaba dispuesto a enfrentarse a quienes acomodan la política vitivinícola de la provincia.
Como vemos, los ciclos se repiten inexorablemente aunque algunos pasen desapercibidos. Pasamos de los excedentes vínicos a la importación de vinos o viceversa en un solo y único pestañeo sin que falten los argumentos de ocasión, que oscilan entre "la necesidad de abastecer los mercados" o la fingida preocupación "por los desequilibrios", agitando convenientemente el fantasma de los excedentes.
Es indudable que en ambos casos la motivación subyacente es influir sobre los precios. Además es revelador de otro mecanismo. Si retrocedemos a finales del año 2015 se decía que sobraban 300 millones de litros de vino; meses después la cosecha 2016 arrojó la menor producción de uvas de los últimos 56 años y un año después se repitió una cosecha extraordinariamente baja; a pesar de ello, el stock de vinos a la fecha de liberación era de cinco meses; no obstante, como dijimos, se importaron casi 90 millones de litros de vinos tintos y recordemos que entre el año 2015 y el 2017 quedaron en stock 150 millones de litros de vinos de color.
Es válido concluir entonces que hemos "importado excedentes". Un delirio más pero no el último, ya que se proyecta para la presente cosecha 2018 fijar un porcentaje a mosto del 25%, o aun más alto, para corregir el ¡desequilibrio!
¿Cómo concebir la idea de que nada cambie frente a este brutal sinceramiento de una política tan incoherente como caduca?
Es una obviedad decir que el gobierno de Mendoza es quien debe determinar las políticas regulatorias, pero no viene mal recordarlo atento a la pleitesía que se le suele rendir a algunos sectores que aseguran su permanencia con la vigencia del acuerdo Mendoza-San Juan.
En consideración a estas circunstancias y distorsiones el gobierno debe zanjar la cuestión en base a la experiencia que demuestra que el tan mentado y alto objetivo estratégico de alcanzar un acotado stock de vinos, al menos en el esquema actual, resulta ser un mero espejismo.
