El inicio de la sesión de Diputados, en la que se iba a presentar sobre tablas el proyecto del Ejecutivo provincial para generar un fondo anticíclico vitivinícola, estaba previsto para las 11 de ayer, pero se fue demorando hasta que, minutos antes de las 15, se decidió pasar a un cuarto intermedio para hoy a las 11. La iniciativa oficial propone tomar crédito para destinar $ 1.000 millones por año, durante cuatro años, a acciones que permitan estabilizar el sector vitivinícola.
El viernes pasado, el gobernador Alfredo Cornejo se reunió con representantes de diversas cámaras para instar a que lograran el acompañamiento de la oposición, lo que generó que el lunes estas fuerzas políticas presentaran sus propias propuestas para resolver la crisis que atraviesa la vitivinicultura.
Antes de esto, todo parecía indicar que el Ejecutivo no iba a enviar el proyecto hasta que tuviera asegurado el aval de las fuerzas opositoras, para evitar un revés similar al del refinanciamiento de la deuda. Es que necesita 2/3 de los votos para tratarlo sin que pase previamente por comisiones e igual número para que sea aprobado.
Sin embargo, el mismo lunes el gobierno anunció el lanzamiento de un operativo de compra de uva para elaborar mosto para exportación por unos 300 millones de pesos y que iba a enviar a Legislatura la propuesta del fondo anticíclico vitivinícola.
Desde las fuerzas opositoras han adelantado que no van a aprobar el proyecto tal cual lo presentó el oficialismo, aunque sí darían el visto bueno para que se trate sin pasar previamente por comisiones. Si bien manifiestan que comparten la necesidad de implementar medidas para resolver la crisis de la vitivinicultura, en especial la existencia de excedentes vínicos -que rondarían los 300 millones de litros-, el modo de afrontarlo es diferente.
Particularmente se oponen al endeudamiento que se prevé para financiar este fondo anticíclico y solicitan, en cambio, que se destinen partidas que, aseguran, habrían disponibles como saldos favorables. También hay diputados opositores que han expresado su preocupación por el modo de instrumentar este fondo, ya que apuntan a que beneficie a los pequeños productores y no a quienes especulan con el precio de la uva.
El diputado Jorge López (UCR), presidente de la Comisión de Hacienda, comentó ayer en la mañana que cada uno de los bloques estaba analizando cuál iba a ser la posición que iban a tomar y que ellos habían tenido reuniones con algunos para acercar posturas. En este sentido, planteó que considera que hay voluntad de tratar el proyecto y que, de no aprobarse el texto original, se podría avanzar en otras opciones, como aporte de partidas por parte del gobierno.
Asimismo, indicó que esperan que la ley logre el mayor consenso posible de las fuerzas políticas en Diputados para garantizar un rápido tratamiento en el Senado, porque muchos productores ya están entregando su cosecha a las bodegas y aún no se ha fijado un precio.
Por su parte, el diputado Javier Cofano (PJ), manifestó que son conscientes de la gravedad de la situación de la vitivinicultura, pero aclaró que quieren que la ley no genere dificultades de endeudamiento para la provincia, por lo que insisten en que el gobierno debería hacer un esfuerzo para aportar fondos sin tener que tomar tanto crédito. También buscan tener en claro para qué se va a utilizar esta herramienta, que se creó en 2008, ya que de ser sólo para comprar vino el beneficio rara vez llega al pequeño productor, que es el más perjudicado.
La propuesta oficial
El proyecto del oficialismo tiene como objetivo "estabilizar el mercado de productos vitivinícolas, para darle mayor previsibilidad a toda la cadena de valor, a través de una política anticíclica que mantenga acotados los stocks vínicos". Para ello, autoriza al Ejecutivo a tomar crédito por mil millones de pesos por cada año de duración ($ 4 mil millones de pesos en total).
La autoridad de aplicación del programa es el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, que será "el encargado de definir anualmente las acciones de intervención y los recursos que se asignarán para su ejecución". Esto, a través de fideicomisos administrados por Mendoza Fiduciaria SA, de la capitalización del Fondo para la Transformación (FTyC), de destinar recursos a la Fundación ProMendoza y de otras herramientas financieras que sean convenientes según la situación del sector.
Asimismo, el proyecto establece un crédito fiscal para los exportadores de vino a granel genérico o varietal para el pago de Ingresos Brutos. El certificado podrá utilizarse dentro de los dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley y será transferible, tal como se hace hoy con el Bono Fiscal.
