La denuncia del Alberto Nisman a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller Héctor Timerman, con un amplio ofrecimiento de pruebas -que Aníbal Fernández descalifica como “endeble”, debió ser acompañada con la presentación de un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados, fundado en los supuestos “delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 inc. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Código Penal), que se describen y fundan en las 289 hojas del escrito de denuncia del fiscal, y/o por el “mal desempeño” en que habrían incurrido dichos funcionarios al negociar clandestinamente a partir de setiembre de 2012 en Alepo - Siria con Irán y, luego, firmar en 2013 un memorándum con el Gobierno de dicho país, protector de los supuestos terroristas que atentaron contra la AMIA el 18 de julio de 1994, que la Justicia argentina no puede indagar y juzgar, por la negativa de dicho gobierno a extraditarlos.
Además, en 2006 el fiscal general de Irán, Ghorbanali Dori-Najafabadi, instó al fiscal de Teherán, Said Mortazavi, a emitir una orden de arresto internacional contra el fiscal Nisman, lo que muestra la hostilidad de con quién se acordó.
El gran giro político
El juicio político, más allá de las mayorías con que el oficialismo cuenta para rechazarlo en el Congreso, tiene su razón de ser en el absurdo giro político que hicieron los acusados al pactar con el gobierno responsable del atentado. Ello es tan absurdo como "si Obama hubiera llamado a Bin Laden para resolver el problema de las torres Gemelas", como bien lo señaló Patricia Bullrich.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, la acusación contra Irán no se puso en duda pero ello cambió -según explica Nisman- cuando Cristina llegó al poder y negoció y firmó el memorándum, según el fiscal en 2006, después del pedido de captura internacional que el juez Rodolfo Canicoba Corral dictó sobre 8 iraníes y un libanés acusados de haber organizado el atentado.
“El entonces subsecretario nacional de Tierras para el Hábitat Social, señor Luis D'Elía”, criticó la medida y organizó una marcha de rechazo. Nisman afirmó que “según trascendió, la protesta en repudio a la decisión de la Justicia argentina, llevada a cabo en la embajada de Irán y liderada por D'Elía -con participación del referente de Irán en Argentina, Jorge Alejandro 'Yussuf' Khalil- había sido incitada por el entonces embajador de Venezuela en Buenos Aires, Roger Capella”.
“Este diplomático venezolano estaba estrechamente vinculado con Teherán y, ya desde aquellos años, favorecía la relación con Irán, los imputados iraníes por el caso AMIA y ciertos referentes locales, como Luis D'Elía y Fernando Esteche”.
Por eso el fiscal acusa también a D'Elía y Esteche de encubrir la investigación del atentado, al igual que el diputado Andrés “Cuervo” Larroque, Timerman y la Presidenta.
La protesta incitada por Capella y organizada por D'Elía “motivó que el ex presidente Kirchner removiera inmediatamente a Luis D'Elía de su cargo en el Ejecutivo Nacional, al tiempo que se comunicó con su par de Venezuela, Hugo Chávez, quien a los pocos días hizo cesar la misión diplomática del Embajador Capella en Argentina”.
Nisman dice, además, que “durante su estadía en Argentina, el embajador Roger Capella trabó una aceitada relación con distintas agrupaciones sociales argentinas, financiando a referentes como Luis D'Elía y Fernando Esteche con viajes, becas y otros recursos”.
La voltereta política de Venezuela de aliarse con Irán, país que amenazaba con construir armas atómicas, seguida por Cristina, aspiraba a volver a la “guerra fría” y crear a EEUU y a su aliado Israel, una oposición internacional similar a la de la URSS, antes de la caída del Muro de Berlín. Este giro se frustró por el cambio de gobierno en Irán y con la muerte de Hugo Chávez.
El memo no lo aprobó el Parlamento de Irán, cuyo nuevo presidente comenzó a negociar con EEUU el tema nuclear. Con ello se desvaneció la peregrina idea de resucitar la “guerra fría”, pero produjo el “impedimento o estorbo”, denunciado en la causa de la AMIA, y le costó la vida al valiente fiscal.
Dicha muerte, más allá de los resultados de la investigación que practica la Justicia, dejará en la memoria colectiva el grave desatino que significó incumplir el deber presidencial de no “ejercer funciones judiciales”, impuesto por la Constitución (art. 109); y de pactar con el gobierno que se niega a extraditar a los terroristas, con el cual hasta se podría haber roto las relaciones diplomáticas por impedir traer a juicio a los imputados que tienen orden de captura (alertas rojas) en Interpol.
La oposición tiene la responsabilidad de plantear el juicio político, y el oficialismo, de no impedirlo. Omitirlo, sería reincidir en el no habérselo hecho al vicepresidente Amado Boudou o al juez Norberto Oyarbide, o el designar y prestar acuerdo al general César Milani, todo lo cual tiene un costo político que se paga en las elecciones y que se lo cobrará la memoria histórica.
*Profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba. Ex diputado de la Nación.
