Pocas horas después que el juez Claudio Bonadio procesó como miembro de la asociación ilícita y por cohecho a Paolo Rocca, CEO de Techint, el empresario se notificó de la medida en los Tribunales de Comodoro Py y apeló la resolución.
Sus abogados en el escrito sostuvieron que la resolución del magistrado "carece de pruebas y fundamentos". Rocca tiene un embargo de $ 4.000 millones y prohibición de salida del país.
La decisión de Bonadio se dio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, que investiga una supuesta "organización criminal" que desde la Casa Rosada y el ministerio de Planificación Federal "diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal entre empresas contratistas del Estado o concesionarias de servicios públicos.
En ese contexto, el juez encontró responsable del pago de sobornos a la empresa Techint cuyo accionista mayoritario es Paolo Rocca. Bonadio señaló que el CEO del grupo económico "no podía desconocer" los pagos efectuados en concepto de coimas.
Por ello, lo procesó como miembro de la asociación ilícita y por cohecho. Además, de trabarle un embargo de $ 4.000 millones.
Los abogados de Rocca -José María Figuerero y Santiago Fontán Balestra- se presentaron ayer en Comodoro Py acompañando al empresario -que se notificó del procesamiento- y apelaron la medida.
"El procesamiento carece de todo fundamento y prueba" indicó uno de los defensores del titular de Techint.
En un comunicado, la compañía informó que Rocca, pese a la medida judicial, continuará frente al Grupo "desempeñando sus responsabilidades con el completo apoyo del Consejo de Administración", expresaron. Así, buscaron dar un mensaje de tranquilidad al mercado ya que al momento de conocerse la decisión del juez, las acciones de Tenaris habían caído un 10% en Wall Street.
En la causa donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita, ya declararon dos directivos de la compañía, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, quienes habrían realizado diferentes entregas de fondos ilegales a Roberto Baratta.
Al ser aceptado como imputado colaborador, Héctor Zabaleta admitió pagos por al menos 200.000 dólares a ex funcionarios kirchneristas. Con el objetivo de desligarse cualquier responsabilidad, el CEO de la compañía dijo en su indagatoria que "no tuvo conocimiento en ningún momento" del pago de sobornos realizados a ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal que dirigió Julio De Vido durante doce años.
Pero la Justicia determinó que los ocho pagos realizados por directivos de Techint y que figuran en los cuadernos de Centeno, "no podían desconocerse" por parte del CEO de la compañía.
