Desde el mismo momento de su asunción, la actual gestión gubernamental encabezada por Mauricio Macri ha hecho hincapié en la necesidad de establecer una política que permita incrementar las inversiones y, así, generar empleo genuino. Es sabido que, entre las denominadas “conquistas laborales” hay muchas que, por lo menos, necesitan algún tipo de discusión, como también es necesario ser consciente de que los costos laborales en la Argentina suelen ser superiores a los del resto del mundo, lo que provoca que los productos argentinos pierdan competitividad en los mercados internacionales.
El gobierno nacional anticipó la posibilidad de establecer criterios que permitan reducir los costos laborales, anuncio muy bien recibido por la vitivinicultura y la horticultura mendocinas, actividades de mano de obra intensiva que provocan que el 75% del costo final de un producto corresponda a salarios.
Pero habría muchos otros temas sobre la actividad que deberían ser, al menos, discutidos. Uno es el caso de las denominadas “asambleas” de trabajadores que, en los hechos, se convierten en paros de actividades y afectan al grueso de la sociedad. En Buenos Aires se repiten constantemente en los servicios de trenes y subterráneos y en Mendoza en la salud y también, como sucedió días pasados, con el servicio de trolebuses.
También deberían ser discutidos otros aspectos y en algunos casos en profundidad en razón de que se trata de beneficios obtenidos. Algunos empresarios han manifestado, por ejemplo, que si existe un Día del Trabajador -el 1 de mayo- por qué motivo cada una de las actividades laborales tiene por su parte su propio día de celebración.
Y dentro de los temas a discutir, se instaló días pasados el planteo sobre la denominada “Feria judicial”, que hace referencia al receso en la Justicia que se produce durante el mes de enero y quince días en el mes de julio. La situación está contemplada en el art 46 de la Constitución Provincial, donde al hacer alusión a los días feriados especifica que “el feriado judicial será de un mes por año, en la forma en que la ley establezca”, mientras el Código Procesal Civil de la provincia establece que no son hábiles los fines de semana, feriados, todo el mes de enero y diez días hábiles a fijar entre el 10 y el 31 de julio, aunque se hace la aclaración de que los jueces podrán habilitar esos días “siempre que se trate de diligencias o actuaciones urgentes”. Paralelamente, el art 82 del Poder Judicial establece que, antes del comienzo de cada feria, la Suprema Corte de Justicia designará a los jueces y al personal que actúen durante la misma. Cabría señalar que la Argentina no es el único país que tiene este tipo de régimen laboral, ya que España, Uruguay y Paraguay adoptan medidas similares, y Chile, que la tenía durante el mes de febrero, la modificó en 2014.
Es un tema complejo ya que no sólo deben participar de la discusión los trabajadores de la Justicia sino los propios abogados, ya que muchos buffets de profesionales se han adaptado a la situación y no trabajan durante el mes de enero. Llegar a un acuerdo definitivo resultará complicado porque también se plantean algunas contradicciones, como las del titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, que indicó que “no es bueno” que el servicio esté parado 45 días al año, y sin embargo tanto en la Legislatura provincial como en el Congreso de la Nación se produce un receso legislativo durante todo enero, aunque las puertas de la Casa de las Leyes permanezcan abiertas. Por de pronto, lo interesante del caso es que el tema ha sido puesto a consideración y serán los diferentes actores quienes tomen las decisiones.
