No está mal decir desde el llano, en relación con la situación de Cristina Fernández, que “nunca es bueno para un país que un ex presidente sea detenido”, apelar a la prudencia y a la no sobreactuación de los jueces y reclamar que no “sobreutilicen” las detenciones por pedido de una mayoría circunstancial. Pero no están bien esas declaraciones en boca del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
Por un lado, en tanto los ministros son secretarios del Presidente, es probable que sometido el criterio a interpretación jurídica, también pueda abarcarlos el alcance del Art 109 de la Constitución Nacional, que dice: “En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Bien podría entenderse que Garavano, con sus dichos, haya pretendido interferir en las causas abiertas que involucran a la ex mandataria. Pero, por otra parte, su declaración fue de particular inconveniencia política para la salud del gobierno de Macri que, por su debilidad de origen, aún necesita promover medidas y gestos firmes en la línea de su propuesta electoral, que le permitan vigorizarse ante la sociedad.
La debilidad responde a una diversidad de factores. El primero es que la fuerza política de PRO no tiene arraigo nacional y que la coalición que lo impulsó a ganar apenas por dos puntos, se asentó más en el rechazo a los métodos de los Kirchner que en la consustanciación con los de Macri. Puede decirse que, como pocas veces, el gobierno nació de una fuerza circunstancial y que si no logra éxitos rápido quizá ya en la elección de medio término sufra un desmembramiento con sonoro reflejo parlamentario.
Es también un gobierno débil precisamente porque su fuerza parlamentaria necesita demasiados apoyos extrapartidarios para sacar las leyes que forman parte del proyecto de gobierno. Asimismo, es débil porque en su primer tramo tuvo que adoptar medidas socialmente dolorosas y todavía no se ve con claridad que pueda dominar la inflación y captar un flujo de inversiones que posibiliten reactivar la economía y, por ende, el mercado laboral y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. También lo es porque muchos de sus funcionarios son inexpertos en gestión de gobierno, por mejor capacitación académica que tengan.
Tales circunstancias tornan aconsejable que las autoridades hagan una correcta lectura de la voluntad de los grupos que le han dado soporte electoral, para mantenerlos cohesionados. Esa voluntad apunta, entre otras cosas, a que los delitos perpetrados por la conducción del gobierno kirchnerista sean juzgados y, si corresponde, condenados. Las redes sociales expresan un clamoreo en ese sentido.
La íntima convicción de ese electorado es que Cristina es culpable de muchos delitos y que debería pagarlos con la cárcel. Por cierto que esto no es suficiente para que ello ocurra sino que deben actuar los mecanismos de la Justicia, sin interferencias, para dilucidar cada una de las causas abiertas y las que todavía puedan ser sustanciadas.
En ese marco, en un país donde la Justicia a menudo actúa conforme a los intereses del Ejecutivo, la opinión de Garavano podría ser interpretada por jueces y/o fiscales como una recomendación de “prudencia” que expresa la voluntad del Gobierno de inclinar el fiel de la balanza a favor de la impunidad de la ex presidente.
Y si se llegara a instalar en la sociedad un manto de sospecha de que por intereses del gobierno actual, Cristina pueda ser liberada de responsabilidades legales, un grueso sector de la ciudadanía quitaría respaldo a la administración Macri, dejándola casi sin sustento porque Garavano y todo el gobierno deben comprender que uno de los mandatos que recibieron el 20 de noviembre de 2015 es que en la Argentina haya Justicia de verdad, no lo que le convenga a un gobierno; que se erradique la impunidad, caiga quien cayere.
