El Gobierno analizó ayer el fallo de la Corte Suprema que aceptó aplicar el beneficio del “2x1” en un caso de delito de lesa humanidad y consideró que esa ley, actualmente derogada, sigue generando “efectos perniciosos”, aunque se declaró “respetuoso” de la resolución del máximo tribunal.
Así lo informó el ministro de Justicia, Germán Garavano, al término de un encuentro del gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno.
“Hubo una coincidencia en el Gabinete y con la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich, de una crítica sobre la ley del 2 por 1, que si bien es una ley que está derogada, aún hoy sigue generando efectos muy perniciosos en términos de cómo se asignan prioridades a la hora de que, en este caso, recuperen la libertad personas que cometieron delitos muy graves”, señaló el funcionario.
En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, Garavano reveló que el beneficio del “2x1”, que la Corte decidió aplicar en fallo dividido, “es una ley que el Gabinete coincidió en criticar como muy mala, más allá de que está derogada y que los efectos son muy acotados”, en otros militares juzgados por actos represivos.
Pero a la vez, al hablar por radio La Red, Garavano aclaró que el Gobierno tiene una “posición institucional respetuosa” de la sentencia del máximo tribunal, debido a que “la Corte Suprema es la última intérprete de la ley”.
“Me parece, tanto en este caso como en otros, que la ley del 2x1 fue uno de los peores engendros, de las cuestiones más perversas que se ha hecho en materia de política criminal en nuestro país”, insistió.
“Esa es mi reflexión general y salgo también de este fallo en concreto y abarco como tuvimos el caso (del cura Julio César) Grassi y otros casos recientemente”.
El ministro recordó que la ley de 2x1 fue sancionada “so pretexto de liberar lugares en las cárceles” y la aplicación de la norma permitió que “a las personas que llevaban más de dos años con prisión preventiva se empezara a contarles doble los tiempos de detención”.
Previsiblemente, una de las que se expresó con más dureza fue la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien dijo que el Gobierno y la Corte “dan asco” por el fallo. “Estos trabajaron para la dictadura, pusieron los galpones donde torturaban a nuestros hijos. Los jueces también son cómplices”, sentenció.
Bonafini y otras madres fueron a protestar a la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, luego de que la Iglesia expresó su intención de reconciliar a familiares de desaparecidos con militares.
Por su lado, la CGT dijo que “recibió perpleja la decisión de la Corte Suprema que beneficia a los genocidas que llevaron adelante el Terrorismo de Estado en la pasada dictadura militar”. Y advirtió que “ese plan sistemático de exterminio tuvo como víctimas principales a los trabajadores organizados en la Argentina”.
La dirigente del Frente de Izquierda y abogada Myriam Bregman afirmó que el fallo “abre una puerta y no sabemos dónde conduce ese túnel” y denunció que es “la ley más favorable que podían encontrar para dejar al borde de la libertad a la mayor parte de los genocidas”.
En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que el fallo “no se ajusta a derecho” y “se ha aplicado la ley del mismo modo que se lo haría con un delincuente común. A ese tipo de delitos ya de por sí no puede aplicársele el principio de igualdad porque tienen como características propias que no prescriben, no pueden ser amnistiados ni pueden ser objeto de indulto”, sostuvo.
La diputada de Libres del Sur Victoria Donda, hija de víctimas de la dictadura, consideró “aberrante” y “lamentable” el fallo de la Corte pero admitió que “no significa que se le va a conmutar las penas a todos” los represores y que “Astiz va a estar caminando por las calles”.
La ex integrante de la CONADEP y defensora de los derechos humanos Graciela Fernández Meijide (que tiene un hijo desaparecido) rehusó entrar en polémicas directas aunque sostuvo que “en nuestro país, esto sienta precedente pero no lo hace obligatorio para todos los casos”.
“Es como el caso Badaro en las jubilaciones. Quien sienta que se puede beneficiar con la misma decisión, tiene que hacer un juicio”, sostuvo.
Sí cuestionó al presidente Mauricio Macri: “De Macri nunca esperé que tuviera una especial atención por el tema de Derechos Humanos. Ni de Macri, ni de (Daniel) Scioli ni de (Sergio) Massa. Por lo menos que no se disfracen, ya es algo. Y que no modifiquen sensiblemente lo que está ocurriendo. Y lo que ocurre en la realidad es que los juicios siguen”.
Arrestan a un ex militar que estaba prófugo
El ex subjefe de Inteligencia del Ejército José Osvaldo Riveiro, que estaba prófugo por delitos de lesa humanidad y con pedido de captura internacional, fue arrestado ayer al intentar ser atendido en el Hospital Militar “Cosme Argerich”.
El militar fue arrestado por la Policía de la Ciudad pero quedó internado con un cuadro de demencia senil.
