Adrián Rodrigo Guirín (32), dueño de Golden Fest -empresa con la que habría estafado a un centenar de personas que lo contrataron para festejos de quinceañeras y casamientos- seguirá en prisión hasta que sea juzgado por estafas reiteradas.
Así lo decidió hoy el juez Rafael Escot de la Quinta Cámara del Crimen, en el rol de cámara de apelaciones, luego de que el fiscal Santiago Garay de la Fiscalía de Delitos Económicos y Cibernéticos, apelara la prisión domiciliaria que había establecido hace el 4 de enero el juez de Garantías Marcos Pereyra.
Técnicamente, Guirín nunca quedó libre porque el juez Pereyra, si bien dictó la domiciliaria, también le impuso una caución de 500 mil pesos que el empresario nunca pudo pagar.
Entre tanto, el fiscal Garay solicitó que la medida fuera revocada, algo que pasó esta mañana.
Guirín fue imputado en 8 casos de estafas por el fiscal de Guaymallén Tomás Guevara. Luego, cuando se creó la fiscalía de Delitos Tecnológicos, los expedientes pasaron al fiscal Garay, quien en breve avanzará en la investigación de un centenar de denuncias.
Por ello, no es improbable que en los próximos meses se sustancien otras imputaciones contra el ex organizador de fiestas.
Más de 100 denuncias
El 30 de diciembre de 2016, Adrián Rodrigo Guirín -o “Adrián Quesada” o “Adrián Ríos” como se hacía llamar en Mendoza- fue detenido por personal de la División Delitos Económicos en una casa ubicada dentro de la finca “El Pantano”, en callejón Santa Elena de El Carrizal, Rivadavia.
De inmediato fue trasladado la comisaría Novena. Víctimas de las estafas y empleados de empresario sr reunieron en la puerta de la comisaria de Guaymallén para exigirles sumas que iban de los 30 mil a los 70 mil pesos.
Guirín era hasta ese momento el titular de la empresa Golden Fest, organizadora de casamientos y fiestas de quince, entre otros eventos. Se trataba de un negocio pujante: a sus oficinas ubicadas en San Martín 477 de Ciudad no le faltaban clientes por las facilidades que ofrecía. El presunto estafador solicitaba una cuota inicial de 5.000 pesos para reservar el salón y firmar el contrato, que incluida todo los necesario para una fiesta.
Tras la primera cuota, los ilusionados clientes seguían pagando por mes hasta completar el monto total. La fiesta más cara costaba hasta 180.000 pesos.
Pero en los últimos meses de 2016 el negocio se fue a pique: algunos casamientos y cumpleaños se suspendieron por falta de servicios o, incluso, porque el salón no había sido alquilado.
Algunas víctimas se organizaron a través de Facebook y luego fueron a la Justicia a realizar más de 100 denuncias.
“Yo le pagué 320 mil pesos por la fiesta de mi casamiento. El lunes pasado nos enteramos de que todo era una estafa. Estamos muy mal”, contó a Los Andes Sebastián Villanueva, quien debió cancelar su boda.