Uno debería pensar qué sucede cuando los pronósticos anuncian lluvia y granizo y, no obstante, decidís salir con el auto y no llevar ni piloto ni paraguas. Y a pesar de tus decisiones, la tormenta se produce y te acordás que tampoco tenías el seguro actualizado.
De las cosas que te digan, es posible que hoy sean merecedores los integrantes del equipo económico ante la nueva presión del mercado sobre el dólar.
Desde el año pasado la Reserva Federal de EEUU viene anunciando que iniciaría un aumento de tasas para evitar escapadas inflacionarias. Se habían prometido tres aumentos para este año y ya se produjo uno de ellos.
A pesar de esto, las autoridades argentinas subestimaron esta posibilidad y ahora, que se comenzaron a suceder los hechos anunciados, todos se muestran sorprendidos.
Una mezcla de factores, entre ellos la inestabilidad resultante de la guerra comercial entre EEUU y China más los datos de la evolución de la economía, llevaron a los inversores a prever una nueva suba de las tasas y esto se verifica en la tasa implica de los bonos del Tesoro a 10 años, que ya superó el 3% anual.
Frente a este panorama muchos inversores comenzaron a revisar sus paquetes de inversión y en el caso argentino compararon a diferencia entre las tasas de Lebac y la inflación estimada y el resultado es peor al de las tasas norteamericanas.
Por esta razón salieron a desprenderse de bonos en pesos y a demandar dólares, teniendo en cuenta el atraso de la moneda en nuestro mercado.
La presión sobre el dólar se produjo en todos los mercados de la región. Se han devaluado las monedas de Chile, Perú, Colombia y Brasil. En este caso, además, apoyado en la incertidumbre electoral, el real que estaba a 3,15 ya supera los 3,50.
En nuestro país las advertencias fueron minimizadas, se demoró la rebaja del déficit fiscal porque no se quiso avanzar en la baja del gasto público y solo se recurrió al ajuste al sector privado retirando subsidios a las tarifas de servicios públicos. Además, una mala cosecha de soja le jugó una mala pasada a gobierno.
Con este panorama y el impacto de la suba de tarifas, los niveles de inflación subieron por encima de las estimaciones del gobierno y esto disparó un serio alerta en el Banco Central. Su titular, Federico Sturzenegger, avisó que si la inflación no cede en mayo volverá a subir las tasas.
Pero esta presión sobre el dólar le abre al BCRA otro frente de conflicto, ya que han venido conteniendo al dólar, usándolo como una especie de ancla contra la inflación. Una suba fuerte de la divisa podría aumentar el impacto sobre la inflación.
Pero la presión de la demanda ha sido tan fuerte que la autoridad monetaria debió intervenir en el mercado en tres días tuvo que vender más de 3.000 millones de dólares.
El problema más grave es el de la competitividad del tipo de cambio, que puede agravar el déficit comercial. Si el real de Brasil llega a un nivel de 3,80 no podrán seguir congelando el dólar porque sufriremos una invasión de productos de ese país.
Y para completar la tormenta perfecta, el petróleo, en la versión WTI la barrera de los 70 dólares, lo que presionará sobre los precios de los combustibles.
El problema de Argentina es la resistencia del sector político a bajar el nivel de gastos y esto presiona sobre la inflación. El problema es que, a pesar de tener una presión impositiva récord, también hay déficit por el exceso de erogaciones.
La imposibilidad de bajar la inflación condiciona al gobierno que necesita financiar el déficit con emisión monetaria o colocando deuda.
Dado el alto costo del dinero en el mundo, el problema es serio, y se está poniendo de manifiesto en el debate para bajar el precio de las tarifas de servicios públicos.
El dilema de la frazada corta
Toda la presión sobre el dólar, por razones locales e internacionales, encuentra a la Argentina en medio de un debate acerca de los últimos ajustes tarifarios.
Algunos ya están causando problemas y los que más asustan son los que vendrán, como el del gas. El gobierno argumenta que no puede seguir pagando subsidios y que la eliminación de los mismos se ha venido haciendo en forma gradual.
No obstante, si se concretan, restan aún 11.000 millones de subsidios anuales, concentrados mayormente en el transporte público.
Desde la oposición se escuchan reclamos de algunos sectores pidiendo que no se apliquen los aumentos y otros, se juegan a dejar sin efectos toda la última tanda de incrementos pero en todos los casos, ninguno plantea cómo solucionar el problema fiscal. Los consumidores también quieren que no se aumenten tarifas, pero no quieren inflación.
Sin quererlo, y sin ser especialistas, todos se arriman al mayor problema estructural de la Argentina: la presión impositiva, el gasto público y el déficit fiscal.
Estos tres factores son la base del tristemente famoso “costo argentino” que hace que todo sea mucho más caro. El problema es más allá del reclamo nadie está dispuesto a sacrificar lo que le corresponde.
El presidente Macri, que parece haberse transformado en el líder de los “halcones” del gobierno, salió con mucha firmeza a desafiar a gobernadores e intendentes a pedirles que bajen impuestos y tasas que gravan los servicios. Incluso, se amenazó con un proyecto de ley para que en las boletas de servicios sólo se incluyan IVA e Ingresos Brutos y se armó flor de lío.
Es que tanto provincias como municipios hace mucho decidieron incluir en las boletas diversos conceptos que quieren sean financiados directamente por los vecinos así liberan sus presupuestos, y al incorporarlos junto con la luz o el gas se aseguran su cobranza ya que saben que si no se pagan, los servicios se cortan.
Algunos gobernadores e intendentes decidieron hacer rebajas, y otros dijeron que no podían y que era el gobierno nacional el que debía bajar el IVA, que era el rubro que más incidía.
Desde ya, el IVA es un 21% para los usuarios residenciales y del 27% para comercio e industrias. Además, en estos casos, el impuesto gravado no puede ser usado como crédito, lo que hace que sea un costo más en la explotación.
Parece razonable la posición de gobernadores e intendentes, pero el ministro Frigerio les mandó una comunicación recordándoles que el 51% de la recaudación de este impuesto se coparticipa a las provincias y ellos hacen lo mismo con sus municipios. Concretamente, el ministro del Interior les recordó que el conjunto de las provincias reciben por este concepto unos $ 15.000 millones anuales.
Nuevamente, es la frazada corta. Para recortar impuestos hay que bajar gastos y nadie quiere hacerlo. Todos tiene justificativos para hacerlo y, si pueden, incrementarlo. Los niveles de ineficiencia son patéticos y ningún funcionario tiene un cachito de vergüenza.
Hasta ahora se conformaron con que la búsqueda del equilibrio fiscal se base solo en ajustar a los privados. Estos dicen basta. No nos pueden seguir ajustando y manteniendo los niveles de presión fiscal y escandalosa ineficiencia.
Se acerca la hora de las definiciones. Ellos mismos empezaron haciendo demagogia criticando el ritmo de los ajustes de tarifas, pero ahora no quieren hacerse cargo de las consecuencias.
Esta película recién comienza y es de final abierto.
