El Gobierno no la tendrá fácil en el Congreso en su afán de lograr que sea convalidado el megadecreto de desburocratización del Estado. Al parecer, otra vez el peronista Miguel Pichetto será quien defina su suerte.
Para que se caiga el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la semana pasada por el presidente Mauricio Macri, tiene que ser rechazado por ambas Cámaras del Congreso. Mientras tanto, está en plena vigencia.
Este filtro parlamentario fue instaurado durante la presidencia de Cristina Fernández justamente para poder gobernar por decreto y que sea prácticamente imposible que el Congreso los rechace. Pero como Cambiemos es minoría en ambas Cámaras el panorama es incierto.
Antes de ser tratado en los recintos de ambas Cámaras, el DNU debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde Cambiemos será mayoría.
Esta comisión bicameral debe estar integrada por 8 diputados y 8 senadores. Con el recambio de bancas, Cambiemos tendrá la mitad, 5 diputados y 3 senadores, y logrará con seguridad el dictamen de aprobación porque en caso de empate el presidente de la comisión, que será del oficialismo, tiene doble voto para desempatar.
Pero la aprobación del megadecreto sí puede complicarse a partir del 1 de marzo en los plenos de ambas Cámaras, donde debe juntar la mayoría simple de los votos para ser convalidado. Si el justicialismo no K, el principal aliado de Cambiemos en la oposición, les da la espalda, el DNU podría resultar rechazado.
Una señal de alerta provino ayer justamente del líder de la bancadal bloque justicialista no K de la Cámara de Diputados, el salteño Pablo Kosiner:
“No hay ninguna situación de emergencia. Estas iniciativas podrían discutirse tranquilamente en un período de sesiones ordinarias, o haber enviado el Gobierno uno, dos o tres proyectos de ley”, advirtió el diputado, que responde al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, de buena sintonía con Macri.
El megadecreto, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, apunta a la “desburocratización y simplificación” de los procesos en el Estado.
Establece la derogación de 19 leyes y decretos y la modificación de otros 140, con 170 medidas en 22 capítulos en las áreas de gestión de 8 ministerios, dos organismos descentralizados y el Banco Central.
Con la implementación del decreto el Gobierno calcula que se ahorrará 100 mil millones de pesos.
Entre las diversas acciones del DNU se destaca el permiso para que la Anses, a través de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pueda crear de manera directa fideicomisos y operar de manera directa como una entidad financiera.
