Eduardo Orellana (55) es director del Sistema Penitenciario de Mendoza desde 2013. Fue designado por Francisco Pérez, mantuvo su puesto durante la gestión de Alfredo Cornejo y fue ratificado recientemente por Rodolfo Suárez. Sumando toda su trayectoria en las distintas dependencias penitenciarias, acumula 33 años en el ámbito.
Si bien es algo dinámico, el sistema provincial cuenta con unos 5.000 internos en los establecimientos y otros 500 cumpliendo la modalidad de prisión domiciliaria. A ellos se suman además aquellos con estadías breves (en 2019 fueron 4.800 personas); y para todos ellos hay 3.000 penitenciarios. El de Mendoza es el quinto sistema más grande a nivel nacional; por debajo de Buenos Aires, el sistema Federal, el de Córdoba y el de Santa Fe (con este último a veces intercambian posiciones).
"Hay gente que cree que el Servicio Penitenciario es sólo 'la Penitenciaría'. Pero son 18 unidades, a las que se agregan las alcaidías contravencionales (ya hay 2 operativas de las 5 que serán en total). En los últimos 10 años ha crecido el equipo que dirige las cárceles", destacó Orellano, quien reivindicó la política del "penitenciarismo" y que consiste en entender que el eje debe ser la educación y el trabajo; tanto para quienes están alojados como para quienes trabajan en el lugar.
“El administrador del sistema penitenciario es un mini intendente que tiene que garantizar servicios, seguridad, leyes. Antes se lo veía como alguien más duro, con presencia militar y cuya única prioridad era que no se escapen los presos. Hoy eso cambió”, sintetizó.
Para Orellana, muchas series y películas construyen un estereotipo bastante complejo y negativo del sistema, donde se muestra siempre a los guardiacárceles como los malos. "Esta imagen se convierte en una roca difícil de empujar, y el mismo personal no se siente reconocido. Generalmente llegan a ser noticias los motines o tomas de rehenes. Pero 90% de las personas alojadas no generan problemas", agregó.
-¿Cuándo se evidenció el cambio de paradigma y que reivindica la parte humana para administrar las cárceles?
En 2009 se unificaron criterios y se comenzaron a implementar políticas de vinculación. Pero el gran salto se dio entre 2012 y 2013, con todo el proceso de informatización de las cárceles. También tuvo mucho que ver la formación, se reforzó la tecnicatura en Seguridad Penitenciaria en el IUSP con convenios con la UNCuyo. La educación permitió que la relación entre las dos partes mejorara..
-¿Y cómo era antes?
En las décadas del 80 y 90 la seguridad llegaba hasta las comisarías, pero no a las cárceles. En la última década se entendió que dando herramientas de estudio y trabajo, los resultados serían mejores. Las cárceles ya no son sólo noticias por líos y motines, sino por temas relacionados a educación y cultura. Por ejemplo, tenemos un récord de bajo nivel de violencia (entre 2014 y 2016 se registraron 16 muertes violentas en el interior de los complejos, mientras que desde 2017 hubo 2); y también hemos tenido este año récord de terminalidad educativa (756 personas entre promovidos y egresados).
-Existe un histórico reclamo referido a la sobrepoblación de las cárceles y sus condiciones, incluso con condenas de la CIDH. ¿En qué estado se encuentra esta situación?
En su última visita, el comisionado de la CIDH habló muy bien de los cambios en el sistema mendocino. Incluso, dijo que podía ser paradigma en base al nivel de educación y al trato entre personas.
El trabajo penitenciario es muy empírico. No hay un manual que diga cómo abordar a los internos. A nivel internacional hay recomendaciones y no leyes. Acá no siempre dos más dos es cuatro, y eso es lo que hace al penitenciarismo: la distancia que hay entre una ley y la realidad de cada cárcel. Si el Estado está ausente con políticas de abordaje, ahí es donde entra la idea de que la cárcel es una “universidad de delitos”.
-¿De qué forma inciden series como "El Marginal" o "Tumberos" en la imagen que tiene gran parte de la sociedad de las cárceles?
Construyen un estereotipo negativo. Pasa con estas series y con las películas y series de Estados Unidos también. Sucede que la cárcel es una institución cerrada que no suele comunicar lo que se hace.
Recuerdo de un motín
Antes de ser designado como director general, Eduardo Orellana se desempeñó en seguridad interna, integró el grupo GEO, fue director de Almafuerte y de Boulogne Sur Mer, y luego subdirector general.
En marzo de 2000, cuando tuvo lugar el motín vendimial en Boulogne Sur Mer, Orellana estaba de jefe de turno. "Estábamos en la rotonda, con un festival; y se pudrió todo. Uno de los internos me puso un 38 en el pecho, amartilló y no salió la bala. Ese día volví a nacer", rememoró Orellana sobre uno de los escándalos más grandes de la historia del Servicio Penitenciario de Mendoza.
“Ese día se rompieron un montón de relaciones, y derivó en la intervención por parte del Sistema Federal 5 años después. Ese día se tocó fondo”, recordó.
Comenzaron a trasladar internos a Almafuerte II
Entre lunes y martes se dio inicio al traslado de detenidos al complejo penitenciario Almafuerte II.
Durante los primeros dos días se trasladaron a 47 internos y la meta es que enero termine con 180. La capacidad total es de 1.200 personas y, de no mediar imprevistos; en 24 meses la nueva cárcel debería contribuir para disminuir la superpoblación en el sistema local.
Presupuesto 2020
El ministro de Seguridad, Raúl Levrino, pasó esta semana por la Legislatura. Lo hizo para brindar detalles sobre el presupuesto requerido para su área.
En lo que respecta al Sistema Penitenciario, la partida solicitada supera los 806.500.000 pesos. Según explicó Orellana, entre tantas metas han incluido la compra de un tractor y la construcción de dos pozos de agua. El objetivo es que las dos colonias que tiene el sistema -Gustavo André (Lavalle) y Sixto Segura (San Rafael)- puedan ser autosustentable y quienes se alojan allí puedan producir.
