“El Estado comprará las hipotecas de aquellos adjudicatarios que estén en problemas y reemplazará la cuota por un sistema similar al que se aplicará para el IPV”. La frase corresponde a Alejandro Bermejo, alude a los créditos UVA y es parte de su primera promesa de campaña, que levantó polvareda y ya le hizo recalcular sus palabras.
De pronto, con esa propuesta, el tiempo pareció volver a la recta final de la pelea por la gobernación en 2007, cuando Celso Jaque prometió bajar 30% los delitos en los primeros seis meses de su gestión.
El desenlace ya es conocido: Jaque ganó (muchos dicen que gracias a ese compromiso), pero el delito nunca bajó. Es más, como no tenía en su equipo quién se hiciese cargo de Seguridad, debió recurrir a un demócrata. Los mendocinos nunca se lo perdonaron.
Entre una y otra promesa, es cierto, hay una diferencia fundamental: la de Jaque no dependía sólo de la acción del Estado, sino que había una multiplicidad de variables en juego. Para que se concrete la de Bermejo, en cambio, basta con la decisión política. Aunque a un costo altísimo, como si el despilfarro del pasado no hubiese dejado enseñanzas.
Bermejo, como gobernante, podría decidir no aplicar más el sistema de UVA en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para no exponer a los adjudicatarios a los vaivenes de la desbocada inflación argentina. Al fin de cuentas, la llamada “vivienda social” nunca se construiría sin la subvención estatal.
Pero distintas son las consecuencias cuando se habla de “comprar” los créditos otorgados por la banca privada. Es decir, que el Estado se haga cargo de las deudas asumidas por particulares.
En el suplemento Economía de esta edición, se especifica que se han otorgado en Mendoza 4.436 créditos hipotecarios UVA, que se ajustan cada mes de acuerdo a la evolución del Índice de Precios al Consumidor. De todos ellos, sólo hay 16 en mora según los datos oficiales, aunque un grupo cada vez más numeroso reclama por la indexación mensual de su deuda.
Fuentes del sector bancario ubican entre 2 y 2,5 millones de pesos el préstamo promedio. Esto quiere decir que si la Provincia saliera a comprar todos los otorgados, debería disponer de al menos 9 mil millones de pesos para cumplir la promesa.
Nueve mil millones de pesos equivalen al total de la inversión en obras públicas prevista para este año, al cuádruple del déficit operativo presupuestado y a casi el 7 por ciento de todos los gastos del Estado provincial.
Son 9 mil millones que el Estado no tiene, porque de hecho sus ingresos son menores que sus egresos, y para cubrirlos debería tomar deuda.
La repercusión negativa inicial hizo que el aún intendente de Maipú bajara el tono de su promesa. En la entrevista que publica hoy este diario (ver página 8), aclara que su plan sólo incluye a los adjudicatarios del IPV y sobre los préstamos de la banca privada dice que es una tarea que van a encarar los legisladores nacionales del PJ.
Pero la frase inicial de esta columna no es la transcripción antojadiza de un periodista,sino que forma parte de un comunicado de prensa del propio postulante.
El pasado que pesa
Bermejo enfrentará en las PASO a la cristinista Anabel Fernández Sagasti y en los últimos días ha elevado su perfil, así como sus críticas al oficialismo provincial, para ganar esa interna y convertirse en el candidato del PJ.
Las críticas del maipucino, y del peronismo en su conjunto, apuntan sobre todo a la visión excesivamente “fiscal” que el gobernador, Alfredo Cornejo, imprimió a su gestión y a las deudas que tomó durante su mandato.
“Las cuentas ordenadas no solo son las que se muestran en las planillas de Excel; lo fundamental es lo que le sucede la gente en su casa, en su barrio, en su finca, en la escuela. De qué sirve el orden contable cuando todos los días nuevos mendocinos caen en la pobreza”, dijo por Twitter tras el discurso del Gobernador ante la asamblea legislativa.
Eso no quita que él también se ufane de tener las cuentas equilibradas en Maipú, un municipio que gobierna el peronismo desde 1983 y que siempre se mostró “prolijo”.
Pero ese orden maipucino no es lo que caracterizó a las dos últimas gestiones del peronismo en la provincia, las encabezadas por Celso Jaque y Francisco Pérez, en las que los intendentes peronistas tuvieron mucha influencia.
Por eso, en cada discurso, Cornejo le sigue achacando a todo el PJ la herencia caótica que dejó por la suba del gasto, y consecuentemente del déficit fiscal, sin que esto se viera reflejado en más obras y mejores servicios.
Un análisis de los presupuestos ejecutados por esas dos gestiones del PJ demuestra cierta displicencia, al menos, en el manejo del dinero.
Desde que asumió Jaque hasta que se fue Pérez (o sea desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2015), el dólar se apreció 210% (de 3,16 a 9,82 pesos), pero el gasto público creció nominalmente 779% y el de personal 955%.
Ambos porcentajes están muy por encima también del 616% de inflación medido por las consultoras en ese lapso. Y si se comparan todos esos datos con la inversión en obras públicas, que subió apenas 350%, queda claro que fue un tiempo de gastos sin control.
El salto del déficit operativo durante los dos gobiernos del peronismo supera cualquier cálculo: 9.760%. Jaque recibió de Cobos un Estado con $ 50 millones de rojo y terminó con $ 1.165 millones. Con Pérez, a su vez, trepó a $ 4.931 millones y explica por qué se fue del Gobierno sin pagar a los estatales los sueldos del último mes de su mandato.
