Uno de los debates que genera la convulsionada política argentina por estos días es el de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. El avance de investigaciones en procesos que ponen cada vez más en evidencia el vínculo de la ex familia presidencial con responsables de hechos de corrupción notables, por añadidura coloca a la ex primera mandataria claramente en la mira de quienes desde la Justicia movilizan las acciones que buscan esclarecer definitivamente lo sucedido en la década kirchnerista.
Gran parte de la sociedad argentina se plantea en este tiempo si Cristina Fernández de Kirchner debe ir presa o no. Un debate de envergadura si lo que se busca a partir del recambio presidencial último es encaminar institucionalmente a la vapuleada República Argentina.
Enfocar el tema no es sencillo. La llamada grieta que históricamente divide a los habitantes de nuestro país y que el kirchnerismo se encargó hábilmente de acentuar, hace que muchos dirigentes políticos y empresarios e integrantes de la Justicia sientan satisfacción por el cerco judicial a quien desde el poder se encargó de radicalizar al extremo los pesares que el kirchnerismo aplicó sistemáticamente sobre ellos.
No se puede dejar de advertir que los procesos abiertos contra la viuda de Néstor Kirchner también generan dudas en el ámbito judicial, desde los fiscales hasta los miembros de la Corte Suprema. Una de las acciones más voraces del largo proceso kirchnerista fue dividir a la Justicia mediante la politización que introdujo a través del sector denominado Justicia Legítima, que aún hoy mantiene fuertes raíces en los ámbitos tribunalicios y emite fallos en temas referidos a la gestión del actual gobierno que en algunos casos habría que leer detenidamente para poder determinar si responden o no a intenciones políticas e ideológicas concretas.
Alguien reflexionó con mucho tino que sería triste llegar a comprobar que en los estamentos judiciales están los que realmente buscan la verdad, otros que sólo tienen afán de venganza y también habitan los que simplemente se acomodan a los tiempos políticos.
Hay que incluir en este escenario al gobierno nacional, al que el kirchnerismo acusa de presionar a jueces y fiscales para que generen acciones en contra de sus dirigentes y ex funcionarios con intencionalidad política sólo para tapar supuestos desaciertos de su propia gestión. Llamativo y descalificador argumento de una mera facción política que se caracterizó por las presiones y aprietes a los poderes del Estado para someterlos a sus intenciones.
De tanto en tanto el macrismo no tiene otra alternativa que salir a criticar a los gobiernos kirchneristas por el indudable daño al Estado que produjeron con la trama de corrupción montada y con la aplicación de políticas demagógicas e inoperantes, como la de los subsidios a los servicios públicos.
La ex presidenta Fernández de Kirchner ha dicho más de una vez que no teme ir presa y que sobre ella, como sobre el resto de la dirigencia referencial del kirchnerismo, el macrismo ejerce una persecución política e ideológica con la complicidad de la Justicia. Nada más alejado de la realidad. A la ex presidenta la están investigando por hechos de corrupción y, en distintas causas, jueces probos; otros que se suman al oportunismo institucional del momento y también aquellos que "pisaron" durante años denuncias y ahora se mueven con menor lentitud que antes pero sin llegar a disipar dudas sobre su honorabilidad como magistrados.
