El juez federal Luis Rodríguez debe decidir si solicita el desafuero de Julio De Vido, tal como se lo pidió anteayer el fiscal Carlos Stornelli, quien, además, pretende avanzar con la indagatoria y prisión del exministro kirchnerista.
Pero mientras el magistrado analiza las 64 carillas en las que Stornelli acusa a De Vido por un presunto desvío de fondos públicos en relación a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, en la Cámara de Diputados se especula sobre la viabilidad del posible pedido desafuero.
Ayer, referentes de distintos bloques, entre ellos Sergio Massa (Frente Renovador) y Nicolás Massot (PRO-Cambiemos), se pronunciaron a favor, en el caso de que el caso llegue al recinto.
“Para que no pueda avanzar un pedido (de desafuero), todos los diputados del Frente para la Victoria deberían oponerse”, avisó ayer el jefe del bloque del Pro, e integrante del interbloque Cambiemos, Nicolás Massot, dando cuenta de cierta dificultad político-matemática.
El camino administrativo a recorrer, para quitarle los fueros a un legislador, es el siguiente: primero, debe ingresar al Parlamento el pedido de desafuero, lo que no ocurrió hasta ahora. En la hipótesis de que el juez Rodríguez admita el pedido del fiscal Stornelli, debe girar la solicitud a la Cámara de Diputados.
El expediente será tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el diputado del Pro, Pablo Tonelli. Esa comisión cuenta con 60 días para expedirse. Solo se necesitan los votos de la mayoría para avanzar. En el caso de que ocurra esta posibilidad, el pedido de desafuero pasará a tratarse en el recinto. Allí, entonces, se necesita una mayoría especial para “desaforar”. Esto es, el voto positivo de las dos terceras partes de los presentes en la sesión.
En Cambiemos saben que con los 86 diputados del bloque, están lejos de conseguir los dos tercios (la Cámara tiene 257 integrantes).
Ayer, sin embargo, Sergio Massa, referente del bloque del Frente Renovador, avisó que su espacio sumaría votos positivos. “No sólo vamos a votar el desafuero de De Vido si es que lo pide el juez, sino que tenemos un proyecto presentado hace un año pidiendo su desafuero. Ojalá logremos el desafuero, pero una cosa es lo que dicen (Cambiemos y el kirchnerismo) en los medios y otra lo que dice la realidad: hablan de la grieta y después se terminaron juntando para subirse 30 mil pesos el sueldo”, criticó el precandidato a senador nacional por 1País (la alianza del massismo con el GEN de Margarita Stolbizer). El Frente Renovador cuenta con 37 integrantes.
Desde el Bloque Justicialista, espacio que reúne a 17 diputados, hubo una opinión coincidente con el oficialismo. “Si el juez hace lugar al pedido del fiscal y solicita la intervención de la Cámara de Diputados, sostengo que nuestro bloque debe hacer lugar al desafuero”, dijo Pablo Kosiner, diputado cercano al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey.
Sin injerencia en el Congreso, pero sí con ánimo de engordar su campaña a senador nacional por el PJ, Florencio Randazzo dijo estar “en contra de los fueros”. Sostuvo que “los hombres que tenemos responsabilidad pública, nos tenemos que someter a la justicia como cualquier ciudadano”.
La diputada Elisa Carrió cargó contra De Vido: “Es como el presidente de Odebrecht en Brasil, que manejaba los sobornos; De Vido era el cajero de Kirchner, trataba con empresarios extranjeros y locales, con los intendentes, con los gobernadores, con los empresarios”. Dejó también una pregunta temeraria: “¿De Vido irá a declarar o lo matarán antes?”.
El kirchnerismo, con 70 diputados, cuenta con un número capaz de evitar el desafuero de De Vido. Ocurre que los dos tercios necesarios en el recinto se cuentan sobre los presentes en la sesión, y no sobre total del cuerpo, que son 257 diputados. Muy pocas sesiones reúnen a la totalidad del cuerpo.
Hasta ayer no había ingresado ningún pedido judicial para retirar los fueros a De Vido. “El fiscal (Stornelli) no tiene posibilidad de pedirnos nada, es el juez quien tiene que pedir”, ratificó Héctor Recalde, jefe de la bancada kirchnerista.
“Esto se enmarca en la persecución a los funcionarios de nuestro gobierno, obviamente y porque es un juicio viejísimo que de repente se acordaron”, dijo Recalde.
La causa que investiga el fiscal Stornelli denuncia convenios y contratos entre el gobierno nacional, la intendencia de Río Turbio y la Universidad Tecnológica (UTN) de Santa Cruz, en relación a un plan para reactivar un proyecto ferroviario ligado a los Yacimiento Carboníferos de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
El desarrollo del proyecto, que en diez años iba demandar unos 26 mil millones de pesos, incluía la construcción de dos usinas térmicas y la reactivación de la mina que alguna vez supo emplear a más de dos mil personas. La UTN quedó a cargo de realizar los estudios técnicos y de factibilidad del proyecto. El plan ferroviario apuntaba a llevar la producción de Río Turbio al puerto de Las Heras, para su exportación.
Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta, inauguró la primera usina en 2015. El proyecto fue interrumpido a poco de asumir la presidencia Mauricio Macri.
El fiscal Stornelli afirma que se desviaron 256 millones de pesos (desde Yacimientos Carboníferos hacia la UTN) y que hubo “una política diseñada para obstaculizar las actividades de control”.
