Sí 2016 se cerró con acuerdos de última hora del Gobierno nacional con sectores políticos y sociales que le permitieron llegar a un final de año apacible, 2017 se abrió, por el contrario, con decisiones que auguran tensiones y conflictos, incluso con algunos de aquellos mismos sectores. Todo al abrirse un año en el que dentro de nueve meses la administración de Mauricio Macri tendrá su primera prueba de fuego electoral, decisoria sobre su destino hasta y después de 2019.
Pero el macrismo, sobre todo, más que el conjunto de la coalición Cambiemos, parece sentirse cómodo cuando tiene que navegar en aguas procelosas, como lo prueba su primer año de gobierno, estando en minoría legislativa; una navegación que tiene también otro pilar en la polarización, a la que este año buscará llevar a su ultraexpresión, en tanto el rechazo a Cristina Fernández y a la posibilidad de una candidatura de la ex Presidenta, le sigue siendo un caudaloso afluente de apoyo. Habrá que ver si con ello le alcanzará en caso de que la economía no despegue y empiece algún “derrame” hacia los sectores mayoritarios de la sociedad.
Las grietas abiertas durante esta primera semana son consecuencia directa de las definiciones y los primeros pasos de Nicolás Dujovne en Hacienda para llevar a buen puerto la orden del Presidente de un ajuste de “menor gradualismo” que el “gradualismo” aplicado por Alfonso Prat Gay, quien le sacó el cuerpo a hacer lo que viene. ¿Preservación política?
El conjunto de las medidas de ajuste del déficit fiscal que comenzarán a precisarse desde mañana, cuando asumirá formalmente Dujovne, tienen un desafío mayor: cómo instrumentarlas sin contar con mayoría legislativa, en un año estrictamente electoral (ya con la discusión sobre Ganancias, la oposición “racional” mostró que empezó a hacer su propio juego); el manual indica precisamente todo lo contrario. Para colmo, decisiones políticas de esta semana parecerían restarle apoyo de sectores políticos con peso institucional, y territorial, como lo son el grueso de los gobernadores opositores.
La decisión presidencial de transferir pronto al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal $ 25 mil millones extraordinarios, más que sorprendió a los gobernadores. Sobre todo por el momento y las formas en que se hizo, sin anticipo alguno a los mandatarios y sin siquiera un anuncio oficial, salvo el que, una vez que se desató la polémica, se hizo desde Interior en el sentido de que se trata de fondos que no saldrán de los recursos coparticipables, que $ 15 mil millones serán en un solo pago en enero y que los $ 10 mil millones restantes constituyen un perdón de deuda. No es la primera vez, por cierto, que el macrismo en el poder dispone una ayuda excepcional: hace un año lo hizo con el otro distrito que gobierna, la Capital, el más rico del país, cuando le aumentó en 168% los fondos de coparticipación con el argumento de financiar el traspaso de la Policía Federal.
“Cómo lo hicieron y en qué momento lo hicieron, es una tocada de culo”, dijo a este cronista, por supuesto que en estrictísimo off, uno de los gobernadores PJ “racionales” que integran la informal “Liga Savoy” de opositores peronistas y de partidos provinciales (una docena), que tiene en Juan Schiaretti a su mayor inspirador (hizo mutis el cordobés). Al igual que sus pares, aquel gobernador no discute el derecho de Buenos Aires de ser compensada por los menores fondos que recibe desde hace 20 años, pero el malestar va más allá. “Fuimos nosotros, más que la CGT, los que logramos encauzar el desmadre que pintaba el tema Ganancias (tras la aprobación del proyecto opositor en Diputados), y así nos pagan”, dijo indignado. Como la decisión los agarró “con la malla puesta o sacándose la arena”, la previsible reunión de la Liga por este tema será recién en la segunda quincena de enero.
También para entonces prevé reunirse el consejo directivo de la CGT, aunque la dinámica de los hechos podría acortar los plazos. La central obrera, ciertamente, jugó un papel fundamental en la necesidad del Gobierno de llegar a un fin de año en paz. Esquivó a lo largo de 2016 un paro general y sobre el final se avino a sentarse a la mesa tripartita con el Gobierno y los empresarios, que en su segunda reunión se comprometieron a suspender los despidos y suspensiones hasta marzo, a la espera del despegue económico.
Pero ese compromiso parece haber caído en letra muerta, según la central. O, más precisamente, según uno de sus triunviros, Juan Carlos Schmid que, en soledad, firmó el miércoles un comunicado en el que advirtió de esta situación, con lo que obligó a que al día siguiente sus pares Héctor Daer y Carlos Acuña salieran a advertir que “se atenta contra la paz social”.
Gobernadores y jefes cegetistas serán clave en los planes del Gobierno para avanzar en el “menor gradualismo” del ajuste venidero los primeros, porque con ellos tendrá que discutir la reforma fiscal que se propone; con los segundos deberá dialogar acerca de la reducción de los “costos laborales” que también se propone.
Última consideración: ¿dónde estaba el piloto? O, mejor dicho, ¿el ministro de Ambiente? Después de 1,4 millón de hectáreas incendiadas y de una subejecución presupuestaria (sólo gastó 51% de los recursos que tenía en 2016), Sergio Bergman apareció y dijo: los incendios son resultado de una “profecía apocalíptica”, la del cambio climático.
