El tribunal supremo de Europa limitó el alcance de la ley histórica en materia de privacidad en línea conocida como "derecho a ser olvidado" esta semana, por lo que restringió la capacidad de las personas de controlar qué información está disponible sobre ellas en internet.
Mediante una decisión con amplias implicaciones para la regulación de internet, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que la regla de privacidad no puede aplicarse afuera de la Unión Europea. En otra resolución, el tribunal señaló que el derecho a la libertad de expresión y de información debe sopesarse con cuidado antes de borrar los vínculos relacionados con ciertas categorías de datos personales.
Estas decisiones definen de manera más cuidadosa el alcance del “derecho a ser olvidado”, una pieza central de las leyes de privacidad en internet de la Unión Europea. La norma, que se estableció en 2014, puede usarse para obligar a Google y otros motores de búsqueda a borrar enlaces a sitios web, artículos noticiosos y bases de datos que incluyan información personal considerada antigua, irrelevante o que ya no es del interés del público.
El fallo a favor de limitar el alcance geográfico del "derecho a ser olvidado" es una victoria para Google en contra de la iniciativa francesa para obligar a la compañía y a otros motores de búsqueda a eliminar enlaces en todo el mundo.
Es probable que la decisión provoque disputas internacionales respecto del alcance de las leyes europeas afuera del bloque de 28 países. El tribunal dijo que Europa no podía imponer el "derecho a ser olvidado" en otros países que no reconocían esta ley.
Los detractores han planteado preocupaciones acerca de que, si otros países, sobre todo los gobiernos más restrictivos, adoptan reglas para forzar la eliminación global de datos, la situación podría llevar a una censura más generalizada del internet.
"Es probable que el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, por un lado, y la libertad de información de los usuarios de internet, por otro, varíen de manera significativa en todo el mundo", señaló el tribunal en su decisión.
El tribunal comentó que el derecho a ser olvidado “no es absoluto”. Los casos no pueden apelarse y los tribunales nacionales de toda la Unión Europea deben apegarse a las decisiones.
Google elogió estas decisiones. "Desde 2014, hemos trabajado arduamente para implementar el 'derecho a ser olvidado' en Europa y para lograr un equilibrio sensato entre el derecho que tiene la gente a acceder a la información y a su privacidad", dijo Peter Fleischer, asesor sénior de privacidad de Google, mediante un comunicado en el que también señala: "Es positivo ver que el tribunal estuvo de acuerdo con nuestros argumentos".
Google se ha convertido en una autoridad cuasijudicial respecto del “derecho a ser olvidado”, pues ha determinado qué constituye la información personal y qué no. Ha recibido solicitudes para eliminar más de 3,3 millones de enlaces, y ha aprobado cerca del 45 por ciento, de acuerdo con cifras de la compañía.
Joris van Hoboken, profesor de Derecho en la Universidad Libre de Bruselas que estudia las políticas de privacidad, indicó que las decisiones del martes pasado eran un intento para mantener el derecho individual a la privacidad en contraste con el derecho del público a saber, pero los fallos delegan la toma de decisiones a Google. "La suposición es que Google logrará ese equilibrio", comentó van Hoboken.
Jonathan Zittrain, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard que estudia la privacidad en internet, dijo que aún había preocupaciones sobre el "derecho a ser olvidado". Precisó que las empresas se arriesgaban a recibir multas si se oponían a una solicitud de eliminar datos, pero no se les penalizaba por borrar algo.
"Esto genera una presión asimétrica en la toma corporativa de decisiones que se inclinará hacia las demandas individuales por encima del interés público", comentó Zittrain.
Google, que ha creado un equipo interno para revisar las solicitudes para eliminar información, borra enlaces solo dentro de la Unión Europea. La mayoría de las búsquedas de Google ocurren en sitios específicos de los países como Google.fr en Francia o Google.it en Italia.
No obstante, en 2015, el principal regulador de protección de datos en Francia, conocido como CNIL, dijo que el enfoque geográficamente determinado de Google no hacía lo suficiente y que deseaba que la compañía eliminara enlaces de su base de datos mundial. La autoridad argumentó que una aplicación regional de la regla no servía de nada, pues la gente aún podía encontrar la información al exterior de Europa.
Google y otras entidades que se oponen al aumento del alcance territorial, entre ellas la Fundación Wikimedia, Microsoft Corp., el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa y la Internet Freedom Foundation (Fundación para la Libertad en Internet), argumentaron que la gente trataría de usar la regla europea para borrar información poco favorecedora en otros países.
"Los tribunales o los reguladores de datos en el Reino Unido, Francia o Alemania no deberían ser capaces de determinar los resultados de búsqueda que los usuarios de internet en Estados Unidos, India o Argentina pueden ver", señaló mediante un comunicado Thomas Hughes, director ejecutivo de Article 19, un grupo de defensa de la privacidad que apoyó a Google en el caso.
La decisión deja abierta la posibilidad de que Francia y otros gobiernos nacionales dentro de la Unión Europea obliguen a Google a eliminar enlaces en todo el mundo en casos especiales en los que se juzgue necesario proteger la privacidad de un individuo.
El otro caso que fue decidido el martes pasado se originó en un intento por parte de varias personas de solicitar que Google eliminara enlaces a sitios web encontrados al buscar sus nombres. Argumentaron que ciertas categorías de datos, como la información relacionada con la religión, las creencias políticas, la vida sexual y las sanciones penales previas, deberían eliminarse de los resultados de búsqueda.
El tribunal dio un fallo mixto, pues señaló que ciertas categorías de datos merecen una consideración especial, pero deben ponderarse ante el derecho del público a la información.
