De acuerdo a un informe elaborado por la Jefatura de Gabinete nacional que conduce Marcos Peña, el déficit operativo de las empresas del Estado disminuyó el año pasado un 46% en relación a 2015, mientras que crecieron 60% las inversiones en estas unidades productivas.
El mismo informe indica que mientras en 2014 las transferencias del Tesoro para gastos corrientes de estas empresas alcanzó un pico 1,5% del PBI, el año pasado bajaron a 0,73%.
El informe proyecta que este año las empresas estatales le costarán al Tesoro Nacional cerca del 0,5% del PBI. Según se indica, de 121.301 millones de pesos girados a un grupo de empresas públicas en 2015, se pasó a unos 91.396 millones de pesos en 2016. Un 25% menos.
“Empresas públicas para el crecimiento”, se titula el informe al que accedió este diario. Fue elaborado por el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, área creada el año pasado dentro de la estructura que dirige Marcos Peña.
Este Consejo, dice el escrito, pretende avanzar en cuatro frentes: la reducción de las transferencias del Tesoro hacia las empresas estatales, centralizar la estrategia del manejo de esas empresas, aumentar las inversiones y mejorar los servicios, a la vez de prevenir la corrupción.
“El Gobierno nacional encontró empresas públicas mal administradas, sin coordinación ni estrategia comercial, con déficits enormes”, cita el informe de la Jefatura de Gabinete.
El trabajo gira en torno a un grupo de empresas del Estado, entre las que se destacan el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, la primera con 16.689 empleados y la segunda con 12.196.
El Banco Nación y otras entidades financieras reúnen18.575 empleados. El informe indica que mientras en 2015 esas 26 empresas más otras que no se citan sumaban 107.750 empleados, el año pasado ese número se redujo a 106.314.
Un cuadro indica que la cordobesa Fadea, con 1.558 empleados en 2015 y 1.229 en 2016, fue la que más ajustó: un 20% de su planta.
El informe explica que el Estado Nacional participa de tres tipos de empresas: por un lado, están aquellas donde tiene el control y una participación total o mayoritaria (YPF, Enarsa, Banco Nación, entre otras); después existe un grupo de 21 sociedades donde el Estado nacional tiene una participación minoritaria (Aeropuertos Argentina 2000, Papel Prensa y Central Puerto).
Un tercer grupo es el de las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en otras 42 empresas privadas argentinas, como Molinos, Telecom y Edenor.
El informe, aclara, se enfoca en el primer grupo de compañías públicas.
Según la Jefatura de Gabinete, en 2003 “las empresas públicas no le costaron prácticamente nada al Tesoro y hasta 2007 las transferencias fueron insignificantes. La tendencia cambió en 2008, con la estatización de Aerolíneas Argentinas y el primer gran salto en las transferencias a Enarsa, la petrolera estatal encargada de repartir los subsidios a la energía. Ese año, el Estado transfirió a las empresas públicas alrededor de de 2.000 millones de dólares, equivalentes al 0,4% del PBI”.
El pico de transferencias, siempre de acuerdo al trabajo citado, se alcanzó en 2014, cuando se giró para gastos corrientes (es decir, para cubrir déficits) unos 69 mil millones de pesos, el equivalente al 1,5% del PBI. En 2015, también bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se redujo la transferencia a 57 mil millones de pesos (1% del PBI).
El informe señala que empresas como Tandanor y Aerolíneas Argentinas, desde 2011 y 2012, respectivamente, “no presentaban balances auditados”. También se destaca que YPF y Lotería Nacional, por el contrario, “aportan ganancias al Tesoro”.
“En 2015, por cada peso que ingresaron por ventas, las empresas públicas erogaron dos pesos en gastos operativos: el otro peso lo tuvo que poner el Tesoro. Esta práctica generó un déficit operativo de 85.602 millones de pesos”, dice el trabajo del Consejo integrado por los ministros de Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa, además de los vicejefes de Gabinete, los influyentes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana.
“El año pasado, los gastos bajaron un 18% y se redujo el déficit operativo en un 46%”, puntualiza el informe.
“Este año, la tendencia se va a mantener: las empresas siguen mejorando sus ingresos y optimizando sus costos. La previsión incluida en el presupuesto de 2017 es que las transferencias para gastos corrientes de empresas públicas será del 0,5% del PBI, la mitad de lo que costaron en 2015 y un tercio de lo que costaron en 2014”, se agrega.
El trabajo indica que en 2015 “sólo dos empresas habían tenido superávit operativo” y que en 2016, “ya fueron siete”. También se puntualiza que Aerolíneas Argentinas “seguirá siendo deficitaria hasta 2019, pero ya en 2016 recibió un 38% menos de transferencias del Tesoro respecto a 2015”.
Para la oposición política y sindicatos como ATE y UPCN (que reúnen a los empleados estatales), el gobierno conducido por Mauricio Macri provocó un ajuste en el Estado que se tradujo en cerca de 10 mil despidos en 2016, pero a la vez hizo crecer la plantilla estatal (en áreas ministeriales, no así en empresas públicas) en un 2,5%, unos 17.793 puestos.
El informe del Consejo de Supervisión, en réplica de quienes afirman que se está impulsando “un ajuste para privatizar áreas que están en manos del Estado”, afirma que “el Gobierno cree que las empresas públicas pueden tener un rol en el crecimiento de la Argentina, ayudar a la expansión de los servicios públicos y participar en obras de infraestructura”.
