La semana que viene es la última antes de los comicios, y al calor electoral se suma un tema que promete polémica. La cámara de Senadores comenzará a estudiar la creación del defensor del Docente, para lo cual la oposición adelantó que quiere que el director General de Escuelas, Jaime Correas, explique el proyecto.
Algo de esto ya estaba estipulado. El miércoles pasado iba a ir Correas, pero pasó para la semana entrante. Pero el contexto anticipa que sobre la mesa habrán otras preguntas, en una discusión que no escapará al juego electoral.
Además de explicar los siete artículos que modifican las penas a quienes agreden a un docente y a su vez obliga a que un abogado intermedie ante un conflicto, los opositores quieren que el funcionario dé cuenta sobre sus dichos polémicos. Se trata de las declaraciones al portal Sitio Andino, donde dijo que los docentes se comen la merienda que el Gobierno envía para los alumnos.
Esto hizo explotar al SUTE, que acusó que a las escuelas no llegan raciones suficientes. Luego, Correas aclaró que se refirió a un hecho puntual, y que hacían mal en generalizar.
No obstante, el nuevo capítulo en una historia que suma varios desencuentros con el gremio, tuvo repercusiones políticas. Tanto el PJ como el FIT elevaron pedidos de informe, para que Correas se explaye sobre sus declaraciones y la situación de las meriendas escolares.
A esto se suma la nota que llevó el SUTE a la propia Casa de las Leyes, en la que pidió explicaciones sobre las raciones que faltarían.
Como cierre, el miércoles circuló un video en el que un hombre, cuya identidad se desconoce, increpa a Correas por estar tomando un café en horario escolar.
En este escenario de fondo se comenzará a estudiar un proyecto que quedó atrapado en la recta final de la campaña. Por su parte, el gobierno se esfuerza para recomponer su relación con los docentes.
A la creación del defensor docente, se suman otros anuncios. Hace dos semanas, el gobernador Alfredo Cornejo, anticipó que pagarán la deuda que mantienen con 16 mil docentes que no cobraron el ítem zona correspondiente. Para esto, el Ejecutivo destinó $380 millones en el Presupuesto 2018.
Por su parte, la DGE anunció esta semana que se pagará el aporte nacional por material didáctico. Y el miércoles se depositará a cada maestro el pago único de $1.600.
Defensor de los docentes
Hace un mes, se conoció la agresión que sufrió una docente por parte del padre de un alumno en Godoy Cruz. Al día siguiente, el Gobernador anunció un proyecto que aumenta las penas estipuladas en el Código de Faltas para aquellos que “ofendan”, a través de cualquier situación violenta, a un maestro.
Así, el proyecto que estudiará la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado el miércoles que viene, agrava la pena y establece que quienes agredan a un docente, tendrán 30 días de arresto y multa de hasta 3 mil pesos.
La modificación a la ley consiste en incluir al docente en la lista de los sujetos sobre quienes se incrementa la pena. El proyecto tiene otros ejes que, en general, son aceptados. Por un lado, cuando el docente presuma que alguno de sus alumnos sufre de violencia o abuso sexual en su ámbito íntimo, la denuncia ante la Unidad Fiscal la debe hacer un Asesor de Personas Menores y no el maestro.
Así, se garantiza el anonimato y así se resguarda al docente, quien ante una denuncia de este tipo queda expuesto a represalias por parte de los denunciados.
Otro eje del proyecto establece que ante cualquier situación de violencia por parte de un allegado de su alumno, el docente puede ser asistido y representado por un abogado provisto por la DGE.
En general, el proyecto tiene el visto bueno de la oposición, aunque advierten que esto, en los hechos, ya existe.
“Hay una resolución que crea este cuerpo de defensores. Al docente no se lo puede defender poniéndole un abogado, cuando un Director que los debe respetar, los maltrata”, señaló la senadora Ana Sevilla (PJ), quien adelantó que comenzarán a estudiar el proyecto a partir de la presentación de Correas.
Del otro lado, la radical, Mariana Caroglio, dijo que si bien ya existen abogados que hacen la tarea, el gran cambio es que, de ser ley este proyecto, el docente ya no tendrá que ir más a la Fiscalía, lo que resguarda su identidad al momento de hacer la denuncia.
El titular del SUTE, Sebastián Henríquez, pidió sentarse en el ámbito de paritarias para participar de la discusión, aunque apuntó a que la necesidad es otra.
“Si se quiere ‘atajar’ la situación de violencia y no dar una aspirina, hay que invertir en recursos. Los colegios necesitan contar con gabinetes de psicopedagogos, trabajadores sociales, psicólogos, que adviertan las situaciones de violencia. Pero esto cuesta plata. En cambio, lo otro es lo fácil. Cambiar el Código de Faltas no requiere inversión, agarrar a un abogado que ya está en el Estado y llamarle defensor del docente, no cuesta nada”, criticó el titular del gremio docente.
El SUTE "refuncionaliza" un instituto terciario K
A través de plenarios en el SUTE, los afiliados decidieron aprobar un pedido que promueve la actual conducción: refuncionalizar el instituto de Enseñanza Superior Simón Rodríguez.
Así, la promoción que comenzó este año será la última en egresar del instituto, que luego cerrará sus puertas. Esto se prevé en 2021. “Vamos a garantizar que quienes empezaron sus carreras este año, las puedan terminar. Pero no se va a abrir la inscripción 2018”, anunció el titular del SUTE, Sebastián Henríquez.
En compensación, dijo que “se va a avanzar con convenios con instituciones públicas para llevar propuestas de formación a todos los departamentos”.
La decisión responde a una pelea de fondo. En este sentido, podría decirse que Henríquez le ganó una segunda pulseada a Gustavo Maure, rector del instituto privado y referente de la corriente kirchnerista Kolina.
A su vez, Maure fue quien ganó en 1998 la conducción del SUTE e inició, desde entonces, la hegemonía de la lista Celeste, hasta mediados de este año. Justamente, esta es la primera derrota del kirchnerista.
Henríquez dijo la intención de desprenderse del instituto céntrico se debe a que se lleva alrededor de 7 millones de pesos anuales y beneficia a menos del 1% de los afiliados. A su vez, cuestionó el hecho de que un sindicato tenga un instituto privado.
