Los oficialistas la tildan de “traidora” y hasta de “loca”. Sus seguidores destacan su coraje y firmeza. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una veterana chavista que pasó de inquisidora de opositores a ser el principal dedo acusador contra el presidente Nicolás Maduro.
Esta abogada de izquierda de 59 años, apoyó al expresidente Hugo Chávez (1999-2013) desde su campaña presidencial y ahora libra una batalla legal contra decisiones de la corte -acusada de servir al gobierno- por considerar que violan la Constitución. Ortega quedó ayer al borde de su destitución por parte del máximo tribunal. Pero asegura nada la va a intimidar.
Nicmer Evans, politólogo chavista pero crítico de Maduro, coincide en que “es una mujer firme, con voluntad, carácter y criterio, que asume posturas a todo riesgo”.
“No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con violencia y dolor (...). Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción”, dijo al negarse a acudir a una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que evalúa si le abre un juicio que llevaría a su destitución.
La funcionaria, a quien le gusta comer sano y ejercitarse caminando, no tiene hijos, pero ha denunciado amenazas contra familiares y responsabilizó al gobierno por lo que les pueda ocurrir.
Ortega es una rubia de ojos claros, sobre los que lleva gafas; viste sobria, siempre con chaqueta y pantalón. Tiene dos especializaciones, una en derecho procesal y otra en derecho penal.
El llamado “antejuicio de mérito” en su contra es el clímax de la pelea judicial que inició hace tres meses contra los fallos del TSJ y sus magistrados, a quienes pidió remover afirmando que ella nunca aprobó su designación, como exige la ley.
El diputado chavista Pedro Carreño asegura que Ortega “mintió” pues sí validó la designación, y por eso pidió enjuiciarla. La corte, que decidirá en los próximos cinco días si autoriza el juicio, ya le congeló los bienes y le prohibió salir del país.
El divorcio entre Ortega y el chavismo inició cuando consideró una “ruptura del orden constitucional” una decisión con la que el TSJ se adjudicó brevemente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora.
