Mario Fiore - mfiore@cimeco.com - Corresponsalía Buenos Aires
Mauricio Macri acudirá el próximo martes al Congreso para dar su mensaje a la Asamblea Legislativa e inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Aunque se estima que su discurso será breve, muy diferente en forma y fondo a las parrafadas que durante tres horas lanzaba su antecesora en el cargo, Cristina Fernández de Kirchner, los legisladores de la coalición gobernante Cambiemos son quienes especialmente ansían escuchar definiciones importantes.
Los radicales y parte de los hombres y mujeres del Pro creen que el actual contexto político y económico no es el marco adecuado para que el Presidente vuelva a ensayar la fórmula que le posibilitó llegar a la Casa Rosada.
La apelación -plagada de buenas vibras- a un futuro promisorio puede sonar a poco cuando en gran parte de las provincias hay riesgo de que el lunes no comiencen las clases, los estatales ya le hicieron el primer paro nacional a la nueva administración y en las encuestas empieza a instalarse la idea de que el nuevo gobierno no está gestionando la cosa pública a favor de los sectores populares y prioriza a los grandes grupos de la economía.
La reunión del miércoles último entre los legisladores del radicalismo y las dos principales espadas políticas del gabinete nacional, el ministro coordinador, Marcos Peña, y el titular de la cartera del Interior, Rogelio Frigerio, sirvió para que la UCR ponga en palabra un rosario de reproches y exigencias a los laderos del Presidente.
Básicamente, los radicales esperan que este martes Macri pueda poner blanco sobre negro y explicitar cuál es el "estado de la Nación", contar con algún grado de detalle la fragilidad de las cuentas públicas con las que se encontró hace casi tres meses al asumir el Gobierno. Este balance es exigido por un partido que históricamente se sintió de centro-izquierda y que empieza a vivenciar cierta incomodidad con algunas medidas tomadas por el Presidente.
Pero la molestia de uno de los dos principales partidos socios en Cambiemos no es sólo por el rumbo económico. También hay entre la UCR y el Pro la desconfianza natural de dos integrantes de una alianza que se formó para ganar una elección y que recién ahora se están conociendo de verdad.
"Los manifiestos desequilibrios en las coaliciones terminan conduciendo al fracaso", les avisó el cordobés Mario Negri, el jefe del interbloque oficialista en Diputados, a Peña y Frigerio.
El malestar de los radicales pasa porque no fueron consultados en decisiones estratégicas y prácticamente se enteraron por los medios, pero también porque en gran parte de las provincias los cargos que el Estado nacional tiene en delegaciones de organismos como la Anses, la Afip o el Registro Nacional de las Personas no fueron cubiertos por funcionarios de la UCR, que tiene a la tropa exigiendo a viva voz lugares en el Gobierno.
El delicado escenario fiscal en el que se halla la Argentina estará presente también en el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa porque Macri debió convocar, por un decreto que se redactó en pocas horas y se publicó el jueves en el Boletín Oficial, a un "Acuerdo por un Nuevo Federalismo".
Así se llama el programa que creó el Ejecutivo presionado por el peronismo dialoguista a fin de generar un ámbito de discusión de lo que será un nuevo pacto fiscal entre provincias y Nación, que deberá firmarse en el último trimestre para tener aplicación a partir de 2017. Justamente desde el próximo año y hasta 2020, la Nación se compromete a devolverles a los estados sub-nacionales el 15% que les retrae de la masa coparticipable desde 1992, cuando éstos cedieron esta tajada para financiar el déficit que entonces presentaba alarmantemente la Anses.
Macri accedió a la presión de Sergio Massa y de esta formó acordó con el líder del Frente Renovador que su partido no le bochara el DNU por el cual se frenó una decisión que con algún grado de malicia tomó Cristina Kirchner antes de dejar el poder: la devolución, en un abrir y cerrar de ojos, del 15% a todos los distritos, a sabiendas de que se estaba desfinanciando a la Anses.
La ex presidenta se hizo eco de una sentencia de la Corte Suprema que benefició exclusivamente a las tres provincias que enfrentaron durante casi una década a la Nación en los tribunales: Santa Fe, San Luis y Córdoba.
El fallo del máximo tribunal, firmado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y el ahora retirado Carlos Fayt, pulverizó un artículo de la ley de Presupuesto 2006 votado por la mayoría automática que el kirchnerismo tenía en el Congreso, que dispuso la prórroga compulsiva de la cesión de esos recursos.
Para los jueces supremos, dicha cláusula es inconstitucional porque las Provincias no la aceptaron a través de sus legislaturas. En base a este criterio, Cristina Kirchner firmó un DNU -que rápidamente sus legisladores avalaron el último día de ella en el poder- por el cual le extendió los alcances del fallo a todos los distritos.
Macri, cuando llegó a la Casa Rosada, se encontró entonces no sólo con un déficit fiscal histórico sino con la obligación extra de aumentarlo pagándole de la noche a la mañana a todas las provincias casi 100.000 millones de pesos más por año. Esta decisión de Cristina Kirchner fue la que el actual Presidente invalidó con un nuevo DNU que, tras muchas negociaciones con Massa, fue avalado el jueves por la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
Será también el Congreso el teatro de operaciones en el que el Gobierno buscará ahondar la separación ideológica y política que por estos días se hace manifiesta entre los peronistas tradicionales y los cristinistas.
El miércoles, en el Congreso del PJ, estas diferencias se patentizaron cuando algunos intendentes encolumnados detrás de la figura de Cristina Kirchner pidieron que los legisladores del FpV no voten el paquete de leyes que enviará Macri para zanjar el conflicto con los fondos buitre. Ganándose algunos silbidos, el jefe de los senadores del FpV-PJ, Miguel Pichetto, salió a abortar la idea y la moción camporista ni siquiera fue puesta a votación.
En el oficialismo están convencidos de que ganarán este primer test legislativo ya que muchos gobernadores están tan ansiosos como Macri de salir a buscar créditos en el mercado internacional para reactivar sus provincias o para refinanciar sus deudas.
Si el Presidente no consigue los instrumentos que el martes le pedirá al Congreso, el país no sólo no podrá finiquitar el conflicto con los buitres, sino que tampoco podrá salir del "default selectivo" en el que ingresó en 2014 cuando los holdouts lograron que el juez Thomas Griesa dictara un embargo sobre los fondos que giraba el Banco Central para pagarles a los tenedores de los bonos que aceptaron la reestructuración de la deuda argentina.
Si estas dos situaciones no se producen, ni el Estado nacional ni las provincias podrán entonces acceder a inversiones y al urgente alivio financiero.
Hoy el oficialismo analiza cuál es el camino más conveniente para discutir en el Congreso el pago a los holdouts. En el Ministerio de Hacienda son de la idea de mandar una sola norma que incluya la derogación de las leyes del kirchnerismo que impiden pagarle a los fondos buitre lo que determinó el juez Griesa y también un pedido de autorización al Parlamento para que el Tesoro emita un nuevo bono, el cual deberá colocarse en el mercado internacional para hacerse de los 15.000 millones de dólares pactados por el ministro Alfonso Prat-Gay con los holdouts más duros.
Pero algunas espadas legislativas de Cambiemos creen que es mejor ir paso a paso, ley por ley. Sostienen que es prioritario que el país demuestre voluntad negociadora y de pago, como exige Griesa, y que urge entonces eliminar la "Ley Cerrojo" que impide ofertar mejores condiciones que las que se pactaron en los canjes de 2005 y 2010.
En este esquema, la discusión de la oferta hecha por Prat-Gay a los holdouts se espera que sea más enfervorizada y tendría lugar en una segunda instancia legislativa.
