Todo empezó con una frase pronunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, en un reportaje radial. Indagado sobre la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner deba sufrir la prisión preventiva en el caso de ser desaforada en tanto senadora nacional, el funcionario macrista respondió que "nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente".
Casualmente o no, al día siguiente el expresidente Carlos Saúl Menem fue liberado de la posibilidad de ir a prisión puesto que la Cámara judicial correspondiente estableció que ya había vencido el plazo razonable para ser condenado por el presunto delito de haber contrabandeado armas.
Estas declaraciones, y la oportunidad en que se dijeron, hicieron estallar en furia a la diputada oficialista Elisa Carrió, quien pidió el juicio del ministro Garavano, presumiendo que la prescripción de la causa contra Menem podría ser el preludio de algo parecido para Cristina Fernández frente a sus innumerables juicios por corrupción, presumiendo que un sector del mismo gobierno al que ella pertenece tendría intereses ocultos en mantener en libertad a la señora de Kirchner.
Si bien todo se encuentra en el terreno de las presunciones, el debate que se está librando no es menor ya que nos habla de la igualdad ante la ley y de sus probables excepciones si alguien fuera considerado por encima de la misma.
Muchos años atrás, en la década del 90, cuando Carlos Menem fue detenido, con prisión domiciliaria, durante unos pocos meses por la misma causa que ahora acaba de prescribir, el exintendente de la Capital Federal Carlos Grosso afirmó que meter presos a los expresidentes no era una cosa de naciones serias, sino de “países bananeros”. Y, otra vez, casualmente o no, lo cierto es que Grosso hoy reviste como asesor informal del presidente Mauricio Macri, siendo sus opiniones sobre la cuestión significativamente muy parecidas a las que sostuvo el ministro cuestionado por la diputada Carrió. Y de similar modo se viene expresando el senador peronista Miguel Angel Pichetto, que además de resistirse al desafuero de los legisladores requeridos por la Justicia hasta que el fallo no llegue a la Corte Suprema (lugar al que llega luego de pasar una eternidad en tiempos procesales, si es que llega), su “doctrina” es que para mantener el prestigio nacional debería evitarse la prisión, cuando menos preventiva, de los exmandatarios.
Sin embargo, la pregunta que tales defensores de la “razón de Estado” como limitante de la Justicia no se hacen es la siguiente: ¿lo malo, lo bananero es poner en prisión a los expresidentes o lo malo es que los expresidentes cometan delitos por los cuales van presos?
Porque, en efecto, en la cultura política de gran parte de la élite dirigente argentina parece que se estuvieran dando vuelta los conceptos, en el sentido más negativo del término. Así, resulta que los que afectan el prestigio de las instituciones nacionales son los jueces, los legisladores y los periodistas que aportan pruebas de delitos cometidos por altos funcionarios, ya que con esas pruebas dichos funcionarios pueden ir presos, lo que a la postre sería perjudicial para la imagen internacional de la Argentina.
Por ende, aunque efectivamente hayan cometido delitos por los que merezcan ser encarcelados, las altas investiduras presidenciales son, desde esta perversa lógica, inimputables por todo aquello en que son imputables el resto de los mortales. Es como si tuvieran sangre azul, coronita, calidad de reyes o monarcas absolutos.
En una democracia republicana donde la igualdad ante la ley es uno de sus principios fundamentales, lo bueno es que cada uno reciba lo que le corresponde, que la Justicia sea respetada por todos y para todos, sin privilegio alguno.
