Todo lo relacionado con la suspensión y el enjuiciamiento del fiscal federal José María Campagnoli está teñido de aspectos poco claros y cuestionables. Que parten desde el propio pedido de juicio político, pasa por algunas determinaciones respecto de la conformación del tribunal y terminan por la fijación de la fecha en que se producirá el juicio, que coincide, llamativamente, con el Campeonato Mundial de Fútbol, razón por la cual su trascendencia y conocimiento por parte de la opinión pública podría verse opacado por las informaciones deportivas provenientes desde Brasil.
Todo comenzó cuando la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, públicamente alineada con el Gobierno de la Nación, decidió separar del cargo y pedir el enjuiciamiento de Campagnoli, por considerar que con su continuidad en el cargo corría peligro el efectivo servicio de justicia. El suspendido fiscal está acusado de mal desempeño por supuestamente haber modificado el objeto procesal de una causa en la que el empresario Lázaro Báez -estrechamente vinculado con la familia Kirchner- pasó de denunciante a investigado, con un llamado a indagatoria por extorsión que no se concretó.
El propio Campagnoli manifestó su sorpresa por lo que está sucediendo, al señalar en declaraciones públicas que le había extrañado la actitud de Gils Carbó por el cambio de actitud asumida por la funcionaria. Sucede que lo acusa de haber actuado en un caso que no era de su competencia y que investigó en paralelo, en una actitud diferente de lo que sucediera en oportunidad de que Campagnoli investigó el secuestro de Alfonso Severo, capturado cuando debía declarar en el proceso por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, a pesar de que el secuestro había ocurrido en la provincia de Buenos Aires y que se trataba de un delito federal. Ese es, precisamente, uno de los argumentos de la defensa, porque Campagnoli investigó el caso por expreso pedido de Gils Carbó. El fiscal cuestionado también puso como ejemplo lo ocurrido hace algunos años, cuando promovió la investigación penal sobre la venta fraudulenta del predio de La Rural y pidió la indagatoria al ex presidente Menem. Tampoco allí le objetaron la competencia y, muy por el contrario, sectores del kirchnerismo lo llegaron a calificar de héroe en los medios afines al Gobierno.
Dos visiones absolutamente distintas que tienen directa relación, no con la actitud de un fiscal sino en los personajes que se encuentran involucrados y si estos pueden llegar a afectar o a favorecer las políticas y los funcionarios de la actual gestión gubernamental. Un aspecto inquietante en razón de que el Ministerio Público Fiscal, actualmente a cargo de la doctora Gils Carbó, tiene un cuerpo denominado Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es la encargada de investigar los posibles casos de corrupción en el Poder Ejecutivo Nacional.
El restante aspecto a considerar se centra en las fechas que se han dispuesto para la realización del juicio, ya que comenzará el 9 de junio, tres días antes del partido inaugural del Campeonato Mundial de Fútbol, continuará los días 16 y 19 del mismo mes, mientras los alegatos serán el 24 y 25, fechas en que estará en plena realización el máximo torneo deportivo. La coincidencia en las fechas no han dejado de llamar la atención, tanto de los políticos de la oposición como del propio involucrado, el fiscal Campagnoli.
Es de esperar que quienes tengan a su cargo el juzgamiento del fiscal actúen con la seriedad, la responsabilidad, la ecuanimidad y la imparcialidad que el caso exige. Si no es así y si se politiza el veredicto se verá seriamente afectado el Estado de Derecho, fundamental en una democracia que todos los argentinos estamos dispuestos a defender.
