En estos tiempos de virus-aislamiento-inmovilidad laboral se esfuma por igual el tiempo y el poco dinero que queda a quienes, públicos y privados, perciben un salario que apenas les permite vivir al día: monotributistas, empleados en blanco y negro de la construcción, el del kiosco, los taxistas, los que levantan cosechas que ahora no se levantan y los miles y miles que trabajan. Pero hay quienes, con y sin virus, tienen “coronita”.
Legisladores nacionales y provinciales tienen un “ejército” de asesores. Por ejemplo, hay tres senadores nacionales por Mendoza que suman 73 asesores: Sagasti 33, Cobos 21 y Verasay 18.
Es indignante que el juez Nanclares, tenga un salario que supera los $500.000 (¡¡ y, su secretaria, gana $405.000!!).
Las informaciones periodísticas también señalan que el actual Gobernador, como su antecesor, está pendiente de reducir las asimetrías de la “justicia”, que, encima, se niega a pagar ganancias. La desfachatez no tiene límites.
Hay senadores nacionales con 73 asesores. Si pensamos en una Pyme integrada por 5 personas, ¡ellos manejarían 15 Pymes! “Pymes” que, pase lo que pase, llueve, granice, no se levante la cosecha, se pudra en la planta, o, aún en tiempos de cólera y virus, siguen “asesorando” y cobrando los salarios que ellos mismos se fijan sin correr ninguno de los riesgos que corremos los demás en estos tiempos inciertos. No hablaré aquí de su rendimiento y productividad porque ya muchos ciudadanos y medios lo han puesto en discusión.
No deberían existir asesores nombrados por legisladores. No deberían existir dos cámaras legislativas en Mendoza. Los salarios de todos los políticos deberían ser racionales: en función de los ingresos de los ciudadanos que representan. No pueden superar el salario de la máxima autoridad de la provincia, el gobernador, y deben responder a una escala que conlleve dignidad y justicia. Hoy, los políticos fijan su sueldo y luego se verá qué queda para los empleados. Se debería fijar primero el sueldo digno del empleado público y de allí aplicar una escala razonable y basada en el valor del máximo presupuesto posible compatible con el gasto público que se puede asignar.
El tema asesores se resuelve con la contratación transparente de profesionales inscriptos en consejos profesionales con requisitos mínimos de formación y experiencia. Las ONG´s deberían controlar qué problemas realmente necesitan asesoramiento y la contratación debería ser con presupuesto y por tiempo limitado: no son empleados políticos con coronita. Esto bajaría el gasto público, daría trabajo a los privados, aseguraría que sean profesionales idóneos y daría control sobre los resultados.
Es irracional que un empleado gane $20.000 (25 veces menos que un juez y 45 veces menos que ese juez y su secretaria), 8 veces menos que un legislador que maneja los sueldos de 25 asesores con jubilaciones “acordes” a sus “privilegios”. Con $20.000, el empleado está condenado a una jubilación miserable. Los jueces, que dicen impartir justicia, y sus jubilaciones privilegiadas le han dado un nuevo significado a la imagen de la justicia con los ojos vendados: no quiere ver que, con estas desigualdades, no hay república posible. Los hijos y los nietos de jueces y legisladores pueden enviar a sus hijos a Harvard. El obrero no puede comprarle al suyo el block Rivadavia de 50 hojas. Y todo esto antes de la coronaviralización.
Con el virus tras nosotros es difícil completar esta nota porquela situación cambia día a día. Originalmente, buscaba plantear el problema de qué hacer con quienes no tienen un salario. Afortunadamente, el gobernador de Mendoza ha decidido que los funcionarios políticos cobrarán sus sueldos hasta la suma de cincuenta mil pesos en el mes de marzo.
En este caso de extrema gravedad, donde al tema del virus puede sumarse el hambre y la desesperación, todos los políticos deberían cobrar un salario mínimo para cubrir sus necesidades y distribuir el resto entre aquellos a quienes se les ha prohibido trabajar y no perciben salario alguno.
Los políticos deberían analizar lo que pasó en Chile ¿Será posible que surja tal gesto de—grandeza no, señores—, Justicia? Deberíamos apoyar al gobernador para evitar potenciales problemas por la insistencia en la injusticia, el hambre y la soberbia de quienes son ciegos para todo, excepto para enriquecerse del Estado.
Comenzaron cacerolazos en Buenos Aires, Córdoba, luego que el Presidente, cometió dos errores: tildó de “miserables” a los empresarios, a quienes exige que ganen menos, y lejos de seguir el ejemplo de nuestro Gobernador Suarez, no quiso admitir que los políticos deben ganar menos: no respondió a la periodista, ni a nosotros, cuánto gana. Atinó a decir que el tema es recurrente (y sí Sr. Presidente, lo seguirá siendo… ), no es necesariamente justo, dijo (¿?), agregó que un ministro de la Corte gana 4 veces más que él, y que él que vive de sus ingresos (¿alguien no?). Remata la nota diciendo “bueno muchachos, les llegó la hora de ganar menos”. ¡¡Muy bien, Sr. Presidente!! Eso es lo que les están diciendo los cacerolazos a los políticos, y a sus prebendas. Las redes explotaron: todos se preguntan quienes son realmente los “miserables”. ¿Entendieron? miren que los cacerolazos, como el virus, aún esperan sus “días pico”.
Coronavirus, tragedia mundial. Mendoza no está exenta. Las grandes crisis son oportunidades de reflexión. Luego de la crisis, no se deberían volver a los privilegios. Es una oportunidad para ordenar, estudiar la dimensión necesaria del Estado, el presupuesto adecuado para Mendoza, el gasto público en salarios, sin caer en la nefasta costumbre de tener una cantidad excesiva de empleados públicos ineficientes y sin preparación, ya sea ganando miserias o fortunas, porque nosotros pagamos su sueldo ¿O la vieja-nueva grieta será entre políticos y pueblo? ¿Será que algunos se colocan la corona y a otros les dejan el virus?
