En tiempo y forma, desde el Gobernador hasta el último de sus secretarios, cumplieron ayer con la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes. Y si bien algunos lo hicieron al filo del ‘horario de cierre’, todo el equipo del Ejecutivo que encabeza Alfredo Cornejo hizo el trámite pertinente para responder a lo que determina el decreto 1.789/15. Así, los datos de los “funcionarios públicos que tienen cargos de responsabilidad en el manejo de fondos oficiales” serán procesados por la Fiscalía de Estado.
Asistencia perfecta
En distintos días y horarios, ayer terminaron todos de presentar su DDJJ. El gobernador de la Provincia; la vice, Laura Montero; el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay; el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié; el ministro de Hacienda, Martín Kerchner; el ministro de Seguridad, Gianni Venier, el ministro de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Rubén Giacchi; el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance; el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli; el secretario de Cultura, Diego Gareca; el director General de Escuelas, Jaime Correas y el director General de Policías, Roberto Munives.
Mientras, la futura presidenta del Ente Autárquico de Turismo, Gabriela Testa, no lo hizo pero por su situación actual de “indefinición de cargo” (ver aparte) no estaba obligada dentro del plazo que venció ayer. Así es que todavía está a tiempo. Es que quienes asumieron su puesto el 9 de diciembre, que fueron justamente todos los de la “primera línea”, tenían un plazo de 30 días hábiles para cumplir. El Gobernador, por ejemplo, fue uno de los últimos en presentar su situación patrimonial; lo hizo ayer alrededor de las 13.
“En total de los ‘entrantes’ van 176 personas hasta ahora (dijeron pasado el mediodía). No podemos precisar el porcentaje de incumplidores porque ellos (en referencia al Gobierno) tenían que emitir una resolución que determinaba cuántas personas manejan dinero en cada repartición (los anteriores -por los de Pérez- también lo hicieron) y sólo lo presentaron Hacienda y Gobierno. Se va a volver a pedir que hagan esa presentación o, si no, se hace de oficio con el Boletín Oficial”, explicaron en la Fiscalía a cargo de Fernando Simón.
El plazo para presentar la declaración de bienes patrimoniales que establece el decreto que ‘dejó’ el ex mandatario Pérez, era hasta las 21 de anoche para esa parte del Ejecutivo y cerca de las 20 informaron que se habían sumado otros 120 “cumplidores”. Es decir, que en esta primera etapa eran casi 300 los funcionarios ingresantes que hicieron los deberes. Es que cabe recordar, que el propio Cornejo se encargó de pedir a cada uno que cumplimenten esta obligación legal en el plazo pertinente.
La dudosa intención de Pérez
También, en el Gobierno hicieron una reflexión respecto de este decreto que Pérez firmó el 19 de octubre de 2015 y ordenó publicar en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 2015. Es decir, menos de dos meses antes de finalizar su gestión. "Los funcionarios de Pérez no presentaron la declaración jurada inicial, siendo que el fin de hacerlo es ver si te enriqueciste durante el tiempo que estuviste en el Estado.
El ex gobernador sacó el decreto antes de irse. Quizá tuvo buena voluntad. Cornejo podría haber derogado ese decreto y no lo hizo porque él siempre quiso que todos presentaran las declaraciones antes y lógicamente después. Incluso se ha encargado en persona de que todos cumplan”, comentaron con claro sentido crítico desde Casa de Gobierno.
Cabe detallar también que, además de los funcionarios mencionados, están obligados a presentar su DDJJ: directores generales y directores; escribano general de Gobierno y su sustituto legal; fiscal de Estado y su sustituto legal; jefes de Gabinete y asesores del Gobernador y de los ministros; contador general de la Provincia y tesorero general; contadores, tesoreros y habilitados de todas las jurisdicciones y unidades organizativas o de la autoridad que sea responsable ante el Tribunal de Cuentas; jefe y subjefe de Policías, prefecto general y prefecto del Servicio Penitenciario; personal que intervenga en el manejo de fondos públicos y administre patrimonio público. Todo funcionario con cargo de Mayor Jerarquía. Además, el Senado adhirió.
