A poco menos de 24 horas de la realización fue suspendida por orden judicial emanada de la justicia sanrafaelina la audiencia pública para la puesta en marcha del proyecto de exploración y explotación petrolera por fractura hidráulica (fracking) en el área denominada "Área Anexo VIII Río Diamante. OIL m&s S.A." en las cuencas de los ríos Diamante y Atuel (Departamentos de San Carlos, San Rafael y Malargüe).
La audiencia, por segunda vez postergada, estaba convocada para hoy y la medida había sido solicitada por Gustavo Correa Gabbi, un activo representante de organizaciones ambientalistas del sur mendocino y editor de una publicación de esas características llamada "La voz de la tierra".
Según la organización Asambleas Mendocinas por el agua Pura (Ampap), "las asambleas de la provincia venimos planteando nuestro rechazo al proyecto en cuestión por las irregularidades, omisiones, carencias y datos desactualizados del informe de impacto ambiental de la empresa así como por la reiterada inconsulta del Poder Ejecutivo Provincial a General Alvear como departamento de la cuenca del Atuel".
“Es por demás preocupante -continúa el informe distribuido ayer por Ampap al conocerse la noticia- el silencio de los funcionarios del Poder Ejecutivo en general así como de los representantes del pueblo ante proyectos que pone en riesgo la vida del oasis así como del secano del sur mendocino. Una vez más, hemos sido “los ciudadanos de a pie”, las asambleas, quienes por nuestros propios medios hemos accedido al Informe de la empresa así como al Expediente para analizarlos y peticionar para que se expresen públicamente quienes deberían velar por nuestros derechos.
“La nuevamente suspendida audiencia Pública no debería ser postergada sino que el propio proyecto debería ser archivado por las reiteradas violaciones a la legislación vigente. Baste como ejemplo que en la anterior suspensión de audiencia pública (julio de 2013) la empresa jamás respondió lo exigido por el Departamento de Protección Ambiental acerca de aclarar las incongruencias por las que fue suspendida en aquella oportunidad. Sin embargo, la misma autoridad de aplicación dio lugar un año y medio más tarde a la petición de la empresa para una nueva fecha de realización de audiencia pública.
“Seguimos sosteniendo que los bienes comunes -finaliza el documento- no son negociables y seguiremos en pie de lucha defendiéndolos tanto del poder económico y su afán de lucro como del poder político servil y obsecuente”.
En tanto desde la Dirección de Protección Ambiental a cargo de Gonzalo Dávila fue imposible obtener una posición ante la medida judicial que suspendió la audiencia que debía realizarse hoy en el departamento de Malargüe.
Hay que destacar que la Cámara de comercio de General Alvear el martes informó que era probable que presentara un amparo para frenar la realización de la asamblea argumentando en forma similar a la Asociación pero en definitiva esa acción no se produjo. También se pronunció el día de la vendimia departamental en contra de las explotaciones que afectan la cuenca del Atuel, el intendente Juan Carlos De Paolo.