No se trata de un hecho nuevo, así lo determinan las circunstancias: por octavo año consecutivo el Gobierno debió declarar la Emergencia Operativa de Agua Potable, que se aplica ininterrumpidamente desde 2010, fecha en que la empresa fue reestatizada. La realidad, clara y concreta es que, por más que quienes tienen la responsabilidad del manejo del agua para consumo humano bajen líneas sobre la necesidad de reducir el consumo o al menos moderarlo, no logran que la población tome conciencia del problema. También es dable advertir que durante la gestión del ex gobernador Arturo Lafalla se impulsó la instalación de medidores, con el objetivo de que la gente pague por lo que consume y así generar un ahorro importante, pero la iniciativa fue diluyéndose en el tiempo y casi dos décadas después se sigue pagando el agua de acuerdo con un complicado sistema que fija la tarifa de acuerdo con el lugar de residencia.
Deberíamos comenzar señalando que la tarea que se desarrolla desde Aysam es importante, porque no se han producido mayores reclamos sobre la carencia de agua potable en los sectores urbanos, a pesar de que en los últimos años ha crecido casi exponencialmente la población y la cantidad de barrios construidos en el Gran Mendoza. Las autoridades atribuyen la situación, entre otros aspectos, a la ampliación de la planta Benegas, que está generando 600 litros por segundo más, pero también advierten que es necesario revertir diez años de desinversión y que el cambio de conexiones y de caños más viejos demandará diez años más para normalizar la situación.
Frente a ese panorama, surge la necesidad de que sea la propia sociedad la que tome conciencia de lo que está ocurriendo. Resulta inconcebible que en una provincia que vive del agua del deshielo y en la que nuestros abuelos nos dejaron una herencia del cuidado del líquido, en el Gran Mendoza los números marquen que tenemos uno de los consumos per cápita más altos del mundo. Con una agravante: como en la provincia se prioriza el consumo humano por sobre el riego, el agua que se malgasta en los sectores poblados termina perjudicando a los miles de productores que se ubican en el denominado "cinturón verde" que rodea a la ciudad y que producen la mayor parte de las verduras y hortalizas que consumimos habitualmente.
El tema es serio y preocupante, porque terminamos siendo la excepción en un mundo concientizado. A modo de ejemplos podemos señalar que en muchos países europeos los depósitos de los inodoros están divididos en dos, uno con poca cantidad de agua para los líquidos y otra con mayor capacidad para los sólidos. La norma es respetada por todos, porque uno se adapta a las "normas" del lugar. Y en el caso de los mendocinos, podemos referirnos a lo que sucede con Chile donde, por tratarse de un consumo medido, la gente cuida el gasto.
Es por ese motivo que llaman la atención las cifras que se dan a conocer desde los organismos respectivos y que hacen alusión a la cantidad de agua que se consume en Mendoza por habitante. Resulta inconcebible que, por más que haga mucho calor, se consuman más de 700 litros por habitante y por día, con picos de 800 litros, como sucediera en el verano pasado. El sistema de multas al que han recurrido las autoridades ha resultado interesante para morigerar un poco la situación pero de ningún modo es la solución, ya que sólo se puede aplicar de la puerta hacia afuera, mientras adentro se está produciendo quizás el llenado de una pileta. De allí que la solución clara y concreta es la del consumo medido, que actualmente alcanza a sólo 8% de los usuarios de Aysam. Sería la medida más adecuada y más justa para algún día poder llegar a los 250 litros diarios por persona, establecidos por los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
