La Cámara de Diputados aprobó ayer por la madrugada, las reformas a la Ley de Hidrocarburos que el Gobierno envió al Congreso con el objetivo de atraer inversiones para Vaca Muerta y frenar la sangría de dólares que se van en la importación de energía (unos U$S 13.000 millones este año).
El kirchnerismo consiguió 130 votos afirmativos, contra 116 votos de toda la oposición, y convirtió así en ley la iniciativa que ya contaba con media sanción del Senado.
La ley establece plazos más reducidos para la exploración de las áreas y más largos para la explotación (25 años para los yacimientos convencionales, 30 para el off-shore y 35 para los yacimientos de shale) y autoriza a las provincias y a la Nación a conceder prórrogas de 10 años, sin limitarlas ya que afirma que serán de una década “cada una de ellas”.
La norma también permite subdividir, a pedido de las empresas, áreas si en un yacimiento convencional se descubren hidrocarburos no convencionales, por lo que una firma podrá quedarse explotando las áreas al menos 45 años, es decir toda la vida útil de un pozo. Pero si solicita dos o más prórrogas, la concesión se tornaría a perpetuidad.
Además, la ley pone un límite a las regalías que cobran las provincias (12%, que puede crecer hasta un 18% si las petroleras acceden a prórrogas), impide a las empresas de energía provinciales cobrar “carrier” o acarreo a otras firmas, ya que se prohíbe la cesión de áreas para estas firmas estatales, y plantea en un anexo la necesidad de que todas las provincias firmen un acuerdo fiscal que fije en 3% la alícuota de Ingresos Brutos y el no cobro del impuesto a los Sellos, y definan paralelamente pautas ambientales.
Por otro lado, se fija como inversión mínima U$S 250 millones y se le permite a las empresas, a partir del tercer año, girar utilidades (un 20% para las explotaciones convencionales y de shale y un 60% para las off-shore).
A su vez, las provincias podrán acceder, para compensar el esfuerzo fiscal que deben realizar, a un canon de concesión y a un bono de prórroga, pero deberán negociar con la Secretaría de Energía una pliego modelo para utilizar en todas las licitaciones, del que no podrán apartarse, por lo cual la oposición señaló que la norma avasalla la potestad constitucional de las provincias.
