Sociedad
Laura Rez Masud en Los Andes: se suma a la programación del nuevo estudio de la redacción
hace 15 horas
El Congreso chileno sancionó este miércoles la Ley de Identidad de Género que permite el cambio de nombre y de sexo a los mayores de 14 años, poniendo fin a una batalla legislativa de cinco años que enfrentó a la comunidad LGBTI con los conservadores.
La ley, considerada un hito por los movimientos sociales, fue aprobada por la Cámara de Diputados con 95 votos a favor y 46 en contra, un resultado más holgado de lo esperado, al final de un acalorado debate en el parlamento de Valparaíso. A principios de septiembre el documento ya había recibido la luz verde del Senado.
Cuando entre en vigor, los mayores de 18 años solteros podrán cambiar de nombre y sexo con un simple trámite en el Registro Civil y los casados en un tribunal de familia.
Los adolescentes de entre 14 y 18 años tendrán que recurrir a un tribunal de familia en compañía de al menos uno de sus representantes legales o tutores. Si no cuentan con ello, podrán pedir la intervención de un juez para que determine si procede la solicitud.
Los menores de 14 años han quedado fuera del proyecto final ante la oposición en las filas conservadoras y la falta del quórum mínimo necesario.
Chile se suma a vecinos como Argentina y Perú aprobando la norma. En Latinoamérica, Brasil, Paraguay y la mayoría de los países centroamericanos carecen de normas que regulen el cambio de registro.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que "para los menores de 14 planteamos una idea de acompañamiento" y entre 14 y 18 "se resguarda la situación de estos menores que ya tienen mayor capacidad de discernimiento, mayor madurez".
La ley debe ser sancionada por el presidente, el conservador Sebastián Piñera, aunque todavía puede enfrentar algunos obstáculos ya que legisladores conservadores que se oponen al proyecto anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC), ente con capacidad para impugnar artículos de la norma.
"Estamos en presencia de un hecho histórico, que festejamos con mucha emoción y alegría porque se mejorará la calidad de vida de miles de personas que han visto postergada su dignidad y derechos solo por prejuicios en relación a la identidad de género", reaccionó el dirigente trans del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Álvaro Troncoso.
En la misma línea, la directora jurídica de Fundación Iguales, Jimena Lizama, consideró la votación "un tremendo triunfo para los y las adolescentes", sin embargo "el estado queda en deuda con la infancia trans".
En la vereda opuesta, el excandidato presidencial José Antonio Kast fue uno de los más activos en el rechazo a la norma que considera un "fracaso para Chile y para nuestros niños".
Presentado durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014), el proyecto recibió la máxima urgencia en la recta final del ejecutivo de la socialista Michelle Bachelet tras la repercusión mundial de la película chilena "Una mujer fantástica", interpretada por la actriz transgénero Daniela Vega.
El filme, que ganó el Óscar a la mejor película de habla no inglesa, muestra la discriminación y violencia que sufre una joven transgénero tras la muerte de su compañero, visibilizando en Chile la lucha de esa comunidad.
La película hizo "que la gente conociera nuestra realidad y comenzara a tener empatía", dijo Alessia Injoque, una informática y activista transgénero, que a sus 35 años decidió asumir su realidad.
En la actualidad, la comunidad transgénero utiliza una antigua ley de cambio de nombre. Si bien en la mayoría de los casos se acepta el cambio al realizarse ante tribunales civiles exige el patrocinio de un abogado, lo que tiene un costo económico asociado.
Además en el proceso es posible que la persona se vea sometida a exámenes médicos y psiquiátricos, extendiendo el trámite por al menos un año. Si se aprueba la ley, el trámite será más expedito y confidencial.
A partir de ahora, el Poder Judicial tendrá seis meses para reglamentarla y cuatro meses más para ponerla en vigor.
La norma se suma a una batería de leyes sociales impulsadas durante el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) que incluyen la ley del aborto terapéutico y el Acuerdo de Unión Civil, que reconoce oficialmente a las parejas del mismo sexo, aunque es poco probable que se pueda aprobar la ley sobre matrimonio de estas parejas que se tramita en el Parlamento.
