A modo de balance de gestión, la meritoria Fundación Bioandina Argentina dio cuenta de la situación del cóndor andino en el país, y por supuesto de Mendoza, de la que es un integrante de notable importancia en la fauna local.
La institución, vale la pena recordarlo, persigue como objetivo prioritario la protección de la vida y su ambiente.
La realidad para uno de los representantes emblemáticos de nuestro territorio y motivo de preocupación de esta fundación, de ONGs locales y de las áreas de fauna del Gobierno provincial, no es nada halagüeña: no se encuentra en peligro inminente de desaparecer, pero sí en una condición de vulnerabilidad que obliga a no bajar los brazos.
El relevamiento de Bioandina dio por saldo que un total de 90 de estas majestuosas aves murieron en menos de dos años debido a la ingesta de alimentos con cebos tóxicos ilegales. De ese total, 34 fueron halladas sin vida a principio de año en el departamento de Malargüe.
Desafortunadamente, no pocos pobladores de nuestros campos utilizan veneno para tratar de controlar grandes carnívoros (pumas, zorros, perros cimarrones) que amenazan su ganado. Así, al morir, su carne es comida por los cóndores, que lamentablemente sufren la misma trágica suerte.
Con esa acción no solo causan la muerte de especies carroñeras -especialmente esta ave, considerada Monumento Natural Provincial-, encargadas de mantener la limpieza del ambiente sino que además contaminan el suelo, el agua y ponen en riesgo todas las formas de vida, incluso la humana.
Los ganaderos andinos y de otras partes del país emplean distintas sustancias activas para terminar con los depredadores de sus haciendas, comprobándose que el pesticida conocido como carbofurán es el más empleado.
Es necesario que se active y pronto en el Congreso de la Nación una ley propuesta por el diputado nacional sanrafaelino Federico Zamarbide, que propone a nivel general la trazabilidad de los agroquímicos (es decir, procedimientos que permitan seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas) y la prescripción por técnico o profesional autorizado. Sin embargo, esta norma se demora.
En este tema de que haya determinaciones que permitan saber quién compró estos tóxicos y con qué fin los utilizará milita fuertemente la fundación local Cullunche, que asimismo propone una modificación al Código Penal para que estas intervenciones nocivas en la naturaleza se contemplen como un delito ambiental y se castiguen como tal.
Este aspecto podría ser emparentado con el acuerdo regional firmado por Argentina -llamado Tratado Escazú, por la ciudad de Costa Rica donde se firmó el acuerdo-, que apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y a garantizar los derechos de las personas a un ambiente sustentable.
Otro punto a considerar para proteger la naturaleza, impedir el uso ilegal de venenos y propender a un mejor cuidado de la fauna autóctona, sería la promoción de un buen programa de educación ambiental.
Si bien en la provincia se trabaja bajo una estrategia de educación ambiental, los especialistas -como la bióloga Elba Pescetti- sostienen que se necesita personal al frente de estos programas con más llegada y que hayan incursionado no solo los ámbitos académicos sino también que conozcan bien el campo, sus habitantes, su idiosincrasia y costumbres.
En tal sentido, no habría que dar por perdida la batalla de fomentar entre los hombres de campo la posibilidad de utilizar otros métodos para mantener a su ganado seguro, sin apelar a los peligrosos extremos de los agrotóxicos.
