El Colegio de Abogados y Procuradores reclamó hoy a la Suprema Corte de la provincia que suspenda la acordada 29.489 por "las consecuencias que su aplicación puede ocasionar al servicio de justicia".
Lo hizo en un comunicado en el que la entidad reconoce que es " impostergable la necesidad de mejorar las condiciones del fuero de Familia, desatendido por años", pero que "este plausible objetivo no debe lograrse resintiendo el funcionamiento del fuero Civil, pues ello supondría arriesgar seriamente el éxito de las reformas procesales introducidas recientemente".
La acordada en cuestión, que generó primero el rechazo del gremio de trabajadores judiciales, fue firmada el lunes por los magistrados Jorge Nanclares, Omar Palermo y Julio Gómez y establece el traslado de unas 60 personas (entre funcionarios y empleados judiciales) del fuero Civil al de Familia aduciendo que este último esta sobrepasado de trabajo porque han credido 60% las causas que se tramitan, mientras que en el primero bajaron 55%.
En ese sentido, la acordada indica que tiene como principal objetivo "la reorganización de tareas y mejoramiento de las oficinas judiciales" y habla de "las funciones y tareas de cada miembro".
Por ello, el Colegio de Abogados reclama el freno de su implementación. "No podemos dejar de advertir la inconveniencia que supone la imposición de modificaciones sorpresivas, o que prescindan del necesario debate entre todos los operadores jurídicos. Es sabido que el éxito de cualquier reforma supone la obtención de los consensos indispensables para llevarlas a cabo", dice el comunicado.
El texto cierra con una sugerencia: "A modo de aporte, sugerimos la creación de una comisión especial -con participación de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y este Colegio- que tenga por objeto analizar detalladamente el impacto y conveniencia de la redistribución de tareas proyectada, y proponer las opciones y medidas más adecuadas para la obtención de los resultados pretendidos".