En un enrarecido clima electoral entre oficialistas y opositores, la comisión del Jury de Enjuiciamiento admitió la acusación contra un juez que reclama una millonaria indemnización. La denuncia por mal desempeño de sus funciones derivó en un proceso administrativo que podría terminar en juicio político.
Si bien la mayoría de los integrantes del Jury votó por avanzar en la investigación contra el magistrado, los legisladores kirchneristas se opusieron, trataron a la causa como un "mamarracho" y acusaron al Gobierno de tener una clara "intencionalidad política" contra el acusado.
Se trata de Antonio Sánchez Rey, juez de la Quinta Cámara Laboral, quien acordó el año pasado una indemnización de $ 4,5 millones con la ART Provincia, tras una lesión que tuvo en un brazo al quedar apretado con el portón de la playa de estacionamiento de Tribunales. Sin embargo, nunca se homologó el acuerdo luego del pedido de informes que realizó el Poder Ejecutivo.
Con el traspié de ayer, Sánchez Rey tendrá 10 días para defenderse de las acusaciones. La votación terminó 17 a 4, según pudo averiguar Los Andes. A favor se pronunciaron todos los ministros de la Corte más los representantes de la UCR y de casi todo el PJ, mientras que en contra estuvieron Jorge Tanús y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana), Daniel Rueda (PJ que responde a Martín Aveiro) y Mario Vadillo (Protectora).
Desde el Gobierno celebraron que siga el proceso administrativo contra Sánchez Rey, pero cuestionaron la actitud del kirchnerismo. "Siguen tratando de proteger a los sospechados de corrupción o mal desempeño, como este juez. Lo que se votó fue para que se iniciara una investigación, hasta en eso se manifestaron en contra", destacaron.
Además lo compararon con el debate del proyecto -que ya es ley- de Extinción de Dominio en la Legislatura, donde también votaron en contra. "Con su conducta demuestran que están defendiendo y tratan de ocultar los hechos de corrupción", apuntaron.
Desde el kirchnerismo se defendieron de las acusaciones y declararon que la causa contra le magistrado, tal como fue presentada, es un "chusmerío entre jueces que se denuncian entre ellos por destratos" y agregaron que "no es seria la denuncia".
"No le quieren hacer Jury por el reclamo, sino que lo toman como maltrato por parte del juez a los demás miembros de la Cámara", indicaron. Y si bien admitieron que el posible mal desempeño de Sánchez Rey está incluido, "lo denuncian porque se peleó con los compañeros. Es un mamarracho, olfateamos intencionalidad política desde este Gobierno porque el juez no aceptó su renuncia cuando el Ejecutivo se lo pidió", acusaron.
Por su parte, desde Protectora comentaron que votaron en contra porque "la acción está mal encuadrada, puede ser blanco de futuras nulida
des. Independientemente del tema de fondo hubo deficiencias técnicas en la denuncia".
Y recalcaron la necesidad de que además de al juez Sánchez Rey se les abra un expediente administrativo al resto de los integrantes de la Cámara, Jorge Consolini y Viviana Gil, ya que "en un primer momento no se excusaron de la causa, que cayó en su propia Cámara".
Un acuerdo millonario muy sospechoso
Las sospechas sobre Sánchez Rey aparecieron en octubre del año pasado no solamente por el elevado monto de la indemnización sino también por "inconsistencias" en la actuación judicial del caso, ya que recayó en la misma Cámara que él integra para ser homologado -paso que aún está en suspenso-.
La Suprema Corte, en una investigación que hizo, determinó que los otros dos jueces de la Quinta Cámara,"no estaban al tanto de la maniobra". Mientras tanto, la homologación pasó hacia la Sexta Cámara, pero sus integrantes se excusaron, al igual que los jueces de la Séptima Cámara Laboral.
Es por esto que el destino de la millonaria indemnización que pide el juez quedó en manos de la Suprema Corte, que podría derivar el caso a otra cámara, fallar ella misma a través de una de sus salas o en plenario, o nombrar conjueces para que intervengan particularmente.
La denuncia al tribunal del Jury la realizó en marzo de este año Cristian David Herrera, titular de la Unidad para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los recursos de la Seguridad Social, quien acusa a Sánchez Rey de "perseguir con hechos y maniobras" el cobro de los $ 4,5 millones.
También señaló que sin la asistencia de los jueces Consolini y Gil “se celebró una audiencia sin previa notificación a las partes en la cual con la presencia de Sánchez Rey, su letrado, secretario y la demandada Provincia ART se resolvió homologar un convenio” para pagarle esa suma.
Cuando se salto a la luz el escándalo, tanto Consolini como Gil denunciaron a Sánchez Rey de haberlos amenazado para que homologaran el acuerdo.
