Si se unen unos datos burocráticos que pasaron casi desapercibidos en la primera jornada del juicio contra Sandra "La Yaqui" Vargas (39) y 7 familiares y un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) conocido ayer, se infiere que la situación de los imputados ha quedado comprometida: todos parecen estar "flojos de papeles" a la hora de comparar sus ingresos con los bienes que tienen registrados a su nombre.
"No tenían actividades económicas formales y cuando se contraponen sus situaciones patrimoniales (según el Registro Nacional del Automotor) surgen inconsistencias: el patrimonio no resulta justificable. Si a esto se suma una presunta actividad ilegal (la venta de droga), se vislumbra una actividad de lavado", dijo ayer el abogado Juan Manuel Garrido, "analista" en blanqueo de capitales de la UIF, al declarar en el juicio que se le sigue al clan Vargas por venta de droga y blanqueo de capitales.
El lunes, durante la primera jornada del debate que se celebra en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, siete imputados por comercialización de droga y blanqueo de capitales, es decir "La Yaqui", su hija Silvina Jaquelina Gelvez (23) y sus hermanos Patricia Mercedes (44), Carlos Damián (35), Silvana Natalí (31) y Romina Noemí (28), y también su sobrino Jonathan Daniel Brizuela (22), declararon que no tienen ingresos fijos por algún trabajo o actividad comercial.
Pues bien, ayer, Garrido explicó que todos los imputados, salvo Nora Carmen Gatto (65), no tienen registros de ingresos pero sí figuran en el Registro Automotor como propietarios o poseedores de tarjetas azules de autos, en algunos casos de alta gama. Según la investigación, entre todo el clan Vargas tienen 25 vehículos y seis propiedades.
Garrido analizó, particularmente, la situación de Nora Carmen Gatto, madre de Cristian Gelvez, el marido de la Yaqui que fue asesinado en 2014.
Gatto es la única de los imputados que está dentro de la economía formal, pues tiene una rotisería en el barrio Ruiseñor. Según la investigación, la mujer está inscripta como monotributista clase B, por lo que sus ingresos anuales no son mayores a 48.000 pesos.
Sin embargo, realizó dos giros a España por 100.000 pesos y en el Registro Nacional del Automotor tiene a su nombre tres vehículos, uno de ellos una camioneta Toyota Hilux.
"En este caso es clara la inconsistencia (patrimonial). No se comprende cómo una monotributista clase B pueda tener un vehículo de alta gama", explicó el abogado de la UIF.
La abogada de la imputada, Fernanda Ante, explicó que esos giros realizados a España no fueron hechos con dinero de varias personas.
La investigación
También declaró ayer el oficial de Narcocriminalidad Leonardo Canciani Olmos, quien dejó ver que la investigación también está "floja de papeles".
El uniformado explicó a los jueces que fue a investigar las tres propiedades que los Vargas tienen en San Luis, cuando "La Yaqui" emigró a esa provincia, tras la muerte de su esposo y ante el acoso policial y el de otras bandas del Oeste de Godoy Cruz.
Ante las preguntas del abogado defensor Enoc Ortiz, el uniformado admitió que nunca vio dentro de las propiedades los autos que serían de los imputados; que nunca vio a los imputados en esas viviendas ni constató que vivieran allí; que no supo si esos autos -una Amarok, un Corsa y un VW Fox- fueron secuestrados; que no vio que comercializaran drogas; y que la casa que siempre fue definida por la Policía (y por algunos medios) como "un chalet", era sólo una prefabricada.
El debate continuará hoy, cuando sigan declarando nuevos testigos.
